El futuro Govern implantará el catalán como «requisito imprescindible» en la Administración de Justicia

Entre las primeras acciones del ex presidente Carles Puigdemont para el nuevo gobierno independentista está la de exigir que el catalán sea «requisito imprescindible» para poder «ejercer la administración de Justicia» en Cataluña.

La medida, que adquiere relevancia en pleno debate sobre la política lingüística en la comunidad, es una vieja reivindicación de los gobiernos convergentes y un eterno dilema en el ámbito judicial. El propio Estatuto catalán establece que los jueces y magistrados que ejerzan en Cataluña no están obligados a saber catalán, y que el conocimiento de la lengua propia se considera como un mérito, pero no requisito para lograr una plaza.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSC), Jesús María Barrientos, ha defendido en reiteras ocasiones que si el catalán se estableciera como requisito obligatorio para acceder a la carrera judicial en Catalunya, los juzgados catalanes serían un «desierto judicial».

El número de sentencias dictadas en catalán es mínimo, apenas un 8 por ciento, según datos de 2016, la mitad del 16% que se emitieron en 2009.

La exigencia del catalán ya se contempló en la suspendida Ley de Transitoriedad Jurídica -columna vertebral de la República catalana- en la que se establecía que establecía la obligación de saber catalán en tanto «única lengua propia de Cataluña». En uno de los artículos se contemplaba expresamente que el Gobierno catalán «adoptará las medidas jurídicas y prácticas necesarias» para asegurar que «un porcentaje adecuado» de jueces, magistrados y fiscales «tengan un conocimiento adecuado y suficiente del catalán». Las medidas afectarían a todo el personal de la administración de Justicia.

Los dirigentes independentistas coinciden en que el ámbito de la Justicia es uno de los «elementos de fragilidad» del catalán, y de las propias tesis secesionistas.

De hecho, con la intención de impulsar su uso, el gobierno catalán aprobó en 2017 una polémica medida para retribuir con un plus de 14 euros a los letrados que usasen el catalán en sus actuaciones y presentasen sus escritos en catalán. La prueba piloto, que contaba con un presupuesto de 915.000 euros, fue anulada recientemente por la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Cabe recordar que la pasada semana, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló parcialmente el protocolo de usos lingüísticos de la Generalitat que obliga a los trabajadores públicos a hablar en catalán entre ellos, a dirigirse en este idioma a los ciudadanos, o que tengan que mantener la conversación en catalán aunque el ciudadano la haya iniciado en castellano.