Rajoy da 2 opciones a Puigdemont: reforma constitucional limitada o detención si consuma la ruptura

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha abierto dos caminos al presidente de la Generalitat: o una reforma constitucional de ámbito reducido o la aplicación plena de las acciones judiciales dirigidas, entre otros, directamente contra Puigdemont.

Se trata de la estrategia trazada por el jefe de Gobierno para intentar zanjar el golpe de estado lanzado por los separatistas. Una estrategia en la que, como acaba de confirmar en una entrevista, “todo depende de Puigdemont”, porque “no se puede construir nada si no desaparece la amenaza a la unidad nacional”. Es decir, que se abre la mano a lo que los separatistas se refieren ya como una “mediación”, eso sí, siempre que la amenaza de una declaración unilateral de independencia desaparezca.

Moncloa ha dejado ya claro que no se cierra a esa posible negociación con tal de ver aparcado el desafío separatista. Su intento de buscar al PSOE y Ciudadanos en este objetivo ha quedado claro en las reuniones y contactos mantenidos con Pedro Sánchez y Albert Rivera. Y es que Rajoy cree que aún hay tiempo de revertir el golpe antes de pasar a medidas más tajantes como el artículo 155 de la Constitución. Aunque para ello tenga que aceptar una reforma constitucional de dimensión limitada como precio para atraer a los socialistas a su posición.

Pero, por el otro lado, Moncloa ha comunicado ya al presidente de la Generalitat que lanzará todas las acciones judiciales contra él si procede a declarar la independencia en el Pleno del Parlamento de Cataluña del martes. El mensaje no ha escatimado detalles: todas las acciones judiciales significa literalmente todas, incluida la posibilidad de instar la detención como medida cautelar ante la evidencia de la consumación del golpe de estado.

La comunicación se ha producido por medio de llamada telefónica y ha sido la causa del último titubeo de Puigdemont visualizado a partir del jueves.

La CUP es consciente ya de este movimiento y por eso ha incrementado la presión afirmando que habrá declaración unilateral de ruptura, sí o sí, en el Pleno del legislativo autonómico del martes.

La decisión del Tribunal Constitucional de suspender el Pleno previsto inicialmente para este lunes se ha convertido, de este modo, en una pieza de este rompecabezas. La decisión del TC fue adoptada el pasado jueves y se realizó tras admitir de forma cautelar un recurso de amparo presentado esa misma mañana por el PSC con el argumento de que ese pleno atenta contra los derechos como parlamentarios de los miembros de su partido. Lo cierto es que el PSC y el PSOE son los primeros interesados en que no se produzca la declaración unilateral de independencia porque situaría a Pedro Sánchez en la tesitura de tener que cerrar filas con Rajoy, postura que no desea en absoluto.

El Constitucional advirtió inmediatamente a la presidenta de la Cámara autonómica, Carme Forcadell, y a la Mesa de que podían incurrir en responsabilidades penales si se celebraba el pleno de la secesión. El trasfondo de esta decisión no desagradó a Puigdemont: gana un día más para pensar si acepta enfrentarse a las acciones judiciales o, por el contrario, intenta avanzar en la vía de esa denominada “conciliación” con el Gobierno.

Dos factores adicionales deben tenerse en cuenta en esta fase del golpe de estado. El primero, que Puigdemont no se ha cerrado esta puerta y ha avalado ya la vía mediadora que ha ofrecido la decana del Colegio de Abogados de Barcelona, Maria Eugènia Gay. El segundo, y mucho más complicado de sortear, que el proceso de ruptura con España se encuentra ya en la calle y comandado por los más radicales de ese colectivo. Y que, por lo tanto, cualquier garantía que pueda ofrecer Puigdemont al Gobierno será tomada con toda la cautela ante la evidencia de que será muy difícil parar el desafío, con o sin declaración unilateral de independencia.

Por eso Mariano Rajoy acaba de afirmar que “mientras la amenaza de una declaración de independencia no desaparezca del panorama político va a ser muy difícil que el Gobierno no tome decisiones”. Una amenaza que debe desaparecer, según Rajoy, tanto si se materializa a través de una “declaración de independencia que entre en vigor al día siguiente o que sea una declaración de independencia con condición suspensiva, resolutoria, en diferido o con cualquiera de las múltiples formas que andan circulando por ahí”.