20.000 policías y guardias civiles demandan a Marlaska en la Audiencia Nacional por discriminación salarial

Más de 20.000 policías nacionales y guardias civiles han presentado esta semana una demanda contra el Ministerio del Interior ante la Audiencia Nacional (AN) por la «flagrante discriminación salarial» que sufren respecto a otros cuerpos de policías autonómicos, como los Mossos d’Esquadra, la Ertzaintza, la Policía Foral de Navarra o la Policía de Canarias. 

Se trata de un recurso contencioso-administrativo interpuesto el pasado miércoles por la plataforma Equiparación Real, integrada por más de 20.000 agentes, reclamando al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, magistrado en servicios especiales, que corrija esta «discriminación salarial» que, de forma «ilegal e injustificada» se viene produciendo desde hace «muchos años» y que el Gobierno viene perpetrando contra los más de 150.000 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil.

Denuncian que pese a realizar funciones idénticas bajo la competencia exclusiva del Estado -seguridad pública, orden público y lucha contra el terrorismo y el crimen organizado- existen diferencias salariales significativas que «carecen de justificación objetiva». Por ello, reclaman una «equiparación salarial real» mediante la homologación de salarios con efectos retroactivos, incluyendo medidas que garanticen la igualdad en el futuro. Con efectos retroactivos desde marzo de 2018 o, subsidiariamente, los últimos cinco años. 

La equiparación salarial es una histórica reivindicación del colectivo. Pese a que desde marzo de 2018 existe un acuerdo entre el Gobierno y los cuerpos de seguridad sobre equiparación salarial, se ha incumplido. Como consideran que este Gobierno «no es fiable», inician acciones judiciales y llegarán «hasta el final para conseguir Justicia y erradicar esta indecente discriminación, sea en los tribunales españoles o ante la Justicia europea», según declara a OKDIARIO el abogado que ha articulado el recurso, Miguel Durán Campos, socio director de Durán & Durán Abogados.

El texto se ha presentado en nombre de una agente de la Policía Nacional, extrapolable en los pedimentos al resto de compañeros. La plataforma Equiparación Real comparece a título de coadyuvante. La próxima semana presentarán otro recurso en nombre de un miembro de la Guardia Civil.

«Al ser presentado en nombre de personas físicas no nos podrán discutir desde el Ministerio que hay falta de legitimación activa por parte de la asociación», señala Miguel Durán, destacando que cuando hay una discriminación salarial injustificada, la Administración «está obligada a corregirla en base al artículo 14 de la Constitución (principio de igualdad) y el artículo 35 (derecho a una remuneración justa)».

Resoluciones «inmotivadas» de Interior

Esta plataforma presentó el pasado mes de diciembre una reclamación previa en vía administrativa, que fue respondida de forma negativa por Interior mediante dos resoluciones «absolutamente inmotivadas» alegando que «no ha lugar y que es una cuestión para la que la Dirección General de la Guardia Civil y de la Policía Nacional no son competentes».

El recurso se ha presentado contra la última resolución denegatoria, notificada el pasado mes de mayo. «Son resoluciones inmotivadas echando balones fuera y quitándose las pulgas de encima. Es una dejación absoluta. Representa querer quitarse la responsabilidad de tener que tomar decisiones», critica Miguel Durán, destacando que «en todo caso, si no se consideran competentes su obligación es remitir las actuaciones al órgano que efectivamente lo sea», en alusión al ministro o en su caso al Gobierno. 

«Para no perder más tiempo, lo que hacemos es interponer el recurso a los efectos de que el tribunal requiera a la administración para que remita el expediente completo, tras cuya remisión se acabará de formalizar el fondo de la demanda a fin de que decida ya el propio tribunal ante el que se presenta», precisa Miguel Durán. 

Afirma que «todo esto es aún más flagrante si tenemos en cuenta que casi el cien por cien de las retribuciones de los mossos, por ejemplo, las paga el propio Ministerio del Interior. En concreto, el 83%».

Doble discriminación

La plataforma denuncia una doble discriminación. Por una parte, respecto de las policías autonómicas y de la inmensa mayoría de policías locales y, por otra, una brecha salarial entre hombres y mujeres, «no solamente de la cuantía que se percibe actualmente, sino de lo que eso supone de cara a la jubilación», precisa el letrado.

En este sentido, indica que la reciente sentencia del Tribunal Supremo que resuelve favorablemente en relación a la aplicación de coeficientes reductores de cara a la jubilación, «sólo afecta a policías que hayan sido contratados a partir del año 2011, que son los que están en el sistema general de la Seguridad Social, pero deja al margen a los adscritos a la mutualidad general, que son la gran mayoría del cuerpo de Policía Nacional».

Esta asociación que aglutina a más de 20.000 miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tiene «la más absoluta convicción» de que su reclamación está totalmente ajustada a Derecho y espera que los tribunales españoles dicten una resolución favorable que permita no tener que recurrir a la Justicia europea «para que el Reino de España no siga acumulando hechos que motiven nuevas sanciones de la Unión Europea por un incumplimiento tan flagrante» como el que la asociación denuncia.

El letrado Miguel Durán afirma que «cualquier ciudadano de bien que se plantee el hecho de que un ertzaina o un mosso d’Esquadra cobren un tercio más, por lo menos, que un policía nacional o un guardia civil por realizar las mismas funciones, habrá de reconocer que esto es un atentado insostenible contra el principio de igualdad, no sólo de los agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil, sino también contra la dignidad de estos Cuerpos de orden público y contra la misma dignidad de los ciudadanos protegidos por dichos Cuerpos policiales».

Profesión de riesgo

Este letrado anuncia en este diario que la próxima semana también iniciará el procedimiento jurídico correspondiente para que la profesión de guardia civil y de policía nacional sea reconocida como profesión de riesgo, ya que «aquí también se produce la misma discriminación respecto de las policías autonómicas y de las policías locales».

«No es ésta una cuestión menor, porque el reconocimiento como profesión de riesgo comporta unos importantes beneficios para estos profesionales, entre otros aspectos en materia de jubilación», concluye.