El Gobierno da 38,4 millones a un socio de Aldama en el ‘caso Koldo’ para gestionar miles de viviendas públicas

El Gobierno ha adjudicado más de 38,4 millones de euros para gestionar los alquileres de miles de viviendas públicas de España a una empresa administrada por Salvador Urquía Grande, un empresario que colaboró con el comisionista Victor de Aldama en el conocido como caso Koldo.

A través de la empresa pública de Vivienda, Casa 47, el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha adjudicado esta semana dos de los cuatro lotes que contienen miles de sus alquileres «asequibles» repartidos por el país a una UTE formada por Serveo Servicios S.A.U. y Factoría Gestión y Consultoría, S.L.

Salvador Urquía, que ahora ha logrado beneficiarse de un contrato de casi 40 millones de euros públicos en plena crisis de vivienda gracias al Ministerio liderado por Isabel Rodríguez, es el máximo responsable de la primera de las compañías y uno de los empresarios salpicados por sus negocios en la trama de las mascarillas.

Según ha podido comprobar OKDIARIO, el que fuera director de la extinta Ferrovial Servicios y actual consejero delegado (CEO) del Grupo Serveo actuó en plena crisis sanitaria del Covid-19 en calidad de representante de otra UTE, en esa ocasión formada por Ferrovial y Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa SL, entidad para la que Aldama ejercía de conseguidor.

Gracias al pacto de Urquía con la compañía que el propio TS considera «vinculada» a Víctor de Aldama, dicha UTE logró ser una de las 155 seleccionadas, entre 475 ofertas, para hacerse un hueco en dos de los once lotes que el Ministerio de Sanidad de Salvador Illa ofreció a las comunidades autónomas.

Cabe destacar que, pese a firmar con la Dirección del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (INGESA) el Acuerdo Marco por el que se le adjudicaron a la UTE los lotes 8 y 9 del megacontrato de mascarillas FFP2, finalmente el Gobierno terminó devolviendo a Soluciones de Gestión los cerca de 60.000 euros que solicitó de garantía para la firma del contrato.

Esto se debe, en gran medida, a que ninguna región de España acudió a la alianza entre Salvador Urquía y Víctor de Aldama por los altos precios a los que vendían su material de primera necesidad en plena pandemia.

Las mascarillas FFP2 de esta UTE se ofrecían por 1,13 euros la unidad y más tarde fueron rebajadas a 90 céntimos. Aun con dicho descuento, las mascarillas eran ocho veces más caras que las que la competencia estuvo ofreciendo en el mismo período de tiempo.

Adjudicación millonaria a Urquía

Seis años después de su unión con la empresa epicentro del caso Koldo, Salvador Urquía ha vuelto a lograr una adjudicación millonaria del Gobierno de Sánchez. Esta vez la adjudicataria ha sido Serveo, gracias a otra unión empresarial temporal, ahora con Factoría Gestión y Consultoría S.L.

Según el acta publicada por Casa 47, la nueva UTE recibirá, en primer lugar, casi 16 millones de euros para gestionar en «Lote 2», formado por los alquileres asequibles de miles de viviendas públicas en la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia.

Por otro lado, la alianza de Urquía también ha sido la elegida como favorita entre 12 candidatas para la adjudicación del «Lote 3» del plan de Vivienda. Gracias a la entrega de dicho paquete, la UTE se embolsará 22 millones de euros para gestionar los alquileres públicos del Gobierno de toda Andalucía, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha y la Comunidad de Madrid.

Con la entrega de los dos packs más grandes de la licitación, las compañías se han beneficiado de más del 57% del importe total concedido para este contrato por el Gobierno de Sánchez.

Asimismo, tanto la empresa de Salvador Urquía como su asociada se han convertido en las máximas responsables de la gestión de miles de casas públicas por toda España. De hecho, sólo quedarán libres de su control los alquileres asequibles de Asturias, Galicia, Navarra y País Vasco.

El organismo público ha reconocido en un comunicado que ha «priorizado los criterios técnicos en la gestión residencial y el compromiso social sobre los criterios estrictamente económicos» para adjudicar dichos contratos.