UGT declara la guerra a Correos por hacer contratos basura con dinero público

Correos empresas publicas
Motocicletas que utilizan los carteros de Correos.
María Villardón

UGT acusa a Correos de precarizar el empleo y mermar el poder adquisitivo de los empleados de Correos Express, una de sus unidades de negocio, tras sacar a concurso la contratación de las nuevas incorporaciones a la plantilla. Defienden que siendo una compañía sufragada 100% con dinero público “debería priorizar el empleo estable y no la temporalidad” a través de Empresas de Trabajo Temporal (ETTs) y plataformas multisectoriales.

En pie de guerra, así es como están los representantes sindicales de Correos Express ante la decisión de la empresa liderada por Juan Cuesta Nuin de externalizar las nuevas contrataciones.

El pasado 24 de abril, Correos Express sacó a concurso la contratación de servicios de salidas de los clientes (todo tipo de actividades asociadas a la gestión y carga de la mercancía). Y no solo eso, explican desde UGT, también ha licitado un contrato de ETTs para este 2017, por valor de casi 8 millones de euros, para prestar servicios en las dependencias de esta unidad de negocios en todas sus delegaciones del territorio nacional.

Desde UGT defienden que siendo una compañía sufragada con dinero público debería “priorizar el empleo estable y no la precarización en los contratos”. Explican, además, que “no es ningún secreto que las empresas multiservicios, aprovechando la reforma laboral vigente, aplican el convenio de empresa, siempre inferior al fijado en los convenios sectoriales”.

Desde UGT aseguran que ya han trasladado a la cúpula de Correos su desacuerdo total con la externalización de las contrataciones. La respuesta de la postal, según confirmam los representantes sindicales a OKDIARIO, ha sido que lo hacen porque “es una posibilidad que les brinda la legislación vigente y, por ello, se acogen a lo que más les conviene”.

Los sindicatos y la dirección de Correos se reunirán la semana próxima para acercar posturas. Desde UGT advierten duras movilizaciones a nivel nacional si la firma postal pública no da su brazo a torcer. “La situación nos sitúa en un marco de conflicto inminente”, declaran a este periódico.

Empleado de Correos Express (Foto: Correos)

Llegados a este punto es necesario conocer que Correos Express, como unidad de negocio de Correos, depende del Ministerio de Fomento y su financiación corre a cargo de los Presupuestos Generales del Estado. Su partida presupuestaria para este 2017 ha descendido, la empresa postal recibirá 120 millones de euros de las arcas públicas, frente a los 180 millones que recibió en 2016.

El Gobierno, que no debe confiar demasiado en el remonte de cifras en Correos, tiene previstas unas pérdidas para este año de 166 millones de euros, frente al resultado rojo de 51,5 millones de 2016.

La compañía pública que preside Cuesta Nuin está organizada por tres unidades de negocio: Correos y Telégrafos, la encargada del servicio postal universal (SPU): Correos Express, servicios de paquetería; y Correos Telecom, encargada de la expansión en materia de comercio electrónico.

Eso sí, la única división que puede ser financiada por dinero público provenientes de los PGE es el SPU, no el resto de unidades de negocio. De hecho, esta opacidad en las cuentas ha hecho saltar las alarmas en Bruselas y la Comisión Europea investiga si se han usado subvenciones públicas para hacer competencia desleal. Concretamente, Europa tiene su foco puesto en la financiación recibida entre 2004 y 2010.

UGT explica que Correos Express lleva tiempo “escudándose en los PGE para no contratar personal bajo las condiciones que marca la legalidad vigente”. Sin embargo, argumentan, “en 2016 obtuvo beneficios tras mucho tiempo, pero, claro a costa de los trabajadores”.

Entiende, concluye, que si la empresa necesita dotarse de personal, “debe hacerlo bajo los diversos convenios del sector de la paquetería, transporte y logística para garantizar un trabajo digno”. Y más, comentan a OKDIARIO, cuando se trata de una entidad mercantil financiada con dinero público.

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