Todos los altos cuerpos del Estado contra los intentos de control político de la ministra de Hacienda

Todos los altos cuerpos del Estado están en pie de guerra contra la ministra de Hacienda y de Administraciones Públicas, María Jesús Montero. El conflicto viene de lejos. Desde que, aprovechando el pretexto de las próximas y masivas jubilaciones de buena parte del personal por cuestiones de edad, decidió convocar nuevas plazas con la intención de que los interinos, sólo con la condición de haber aprobado uno de los seis exámenes que se requieren para ganar una oposición, se conviertan en funcionarios de carrera. Pero el rechazo de los altos cuerpos -entre los que se incluyen los inspectores de Hacienda, los interventores del Estado, los arquitectos y demás miembros de la Administración- se ha recrecido con el proyecto de ley de Función Pública.

En dicho proyecto, cuyo trámite de enmiendas finalizó el pasado miércoles, se incluye una disposición adicional en uno de cuyos párrafos «se autoriza al Gobierno a llevar a cabo, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de esta norma, una sistematización de los cuerpos y escalas, atendiendo al principio de especialización, ordenándolos en subgrupos y pudiendo crear, modificar o suprimir los existentes». De acuerdo con las fuentes consultadas, este hecho es gravísimo porque habilita al Ejecutivo a cambiar de arriba a abajo la función pública a su antojo con el sentido claro de poner la Administración al servicio del Gobierno.

La primera convocatoria que ha puesto en marcha el Departamento de Montero de acuerdo con los nuevos criterios, para primar a los interinos, ha sido la de interventores y auditores del Estado, cuya función principal es precisamente la de fiscalizar las cuentas públicas y la adecuada utilización de los recursos comunes. La asociación de interventores (Acsiae) prepara un recurso contra esta iniciativa que abre la puerta a que aspirantes que no hayan aprobado la oposición al completo, tal y como está concebida, puedan desempeñar funciones propias de interventores y auditores del Estado en funciones tan delicadas como el control de las subvenciones, de los fondos europeos y en general de la vigilancia del gasto público.

Como adelantó OKDIARIO el pasado 13 de marzo, en el caso concreto de los inspectores de Hacienda, los opositores por el turno libre tienen que pasar las pruebas para acreditar los conocimientos suficientes en Derecho y Economía, luego son requeridos para un examen sobre Contabilidad y Matemáticas Financieras -que es el más difícil de todos-, después realizan un examen práctico y al final del recorrido dos pruebas de carácter oral. La pretensión de Montero significaría que los interinos pasarían a ser funcionarios de carrera tan sólo con el primer examen, que suele ser aprobado por casi todos los opositores del turno libre porque no entraña una complejidad insalvable.

La ministra está urgida por las masivas jubilaciones que se van a empezar a producir en la Administración Pública, «pero esta no es la manera de solucionarlo», señala Ana de la Herrán, presidenta de la Asociación de Inspectores de Hacienda. El Tribunal Superior de Justicia de Luxemburgo ya instó a España a acabar con el fenómeno -particular por su número- de los interinos en España y conminó a adoptar una solución. «La condición de interino es excepcional, se debe acabar cuanto antes con la temporalidad», señaló en su momento el órgano jurisdiccional de la Unión Europea. Pero, en puridad, esto abocaría a que para ingresar en la Administración como funcionario de carrera los interinos estuvieran obligados a cumplir las mismas condiciones que los que se presentan a la oposición por el turno libre.

Las intenciones de Hacienda, que aparecen claramente insinuadas en el proyecto de ley de la Función Pública, afectan a todos los altos cargos de la Administración. No sólo los inspectores de la Agencia Tributaria están concernidos, sino también otros cuerpos del Estado como los arquitectos, los interventores, los inspectores de Trabajo, etcétera. «Y esto va en contra del Plan de Resiliencia presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea, uno de cuyos requisitos fundamentales era la modernización de la Administración Pública», señala de la Herrán. «Me temo que se están dando una serie de pasos programados para destruir la Administración tal y como la hemos conocido hasta la fecha, y cambiarla por un modelo politizado al servicio del Gobierno, o sea del poder político», incide.

Ya el 17 de octubre, OKDIARIO adelantó que Montero pretendía abrir la puerta a la invasión democrática del cuerpo de altos funcionarios del Estado y también a su politización. El instrumento era el plan de acceso a la función pública que se ha aprobado con los sindicatos mayoritarios UGT, CCOO y CSIF, en el que se contempla una rebaja cualitativa sustancial de los exámenes y pruebas así como la introducción de criterios subjetivos para favorecer la promoción interna, y que ha sido recurrido por la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado.