Los sindicatos denuncian que el sector cárnico es la ‘cuna’ de los falsos autónomos

sector cárnico, El Pozo, Uvesa, MHP

El proceso es sencillo: una empresa cárnica despide a un trabajador -contratado a tiempo parcial o completo, de duración temporal o indefinida-, pero le da la alternativa de continuar trabajando en la empresa si se asocian a una cooperativa y se dan de alta en el régimen de autónomos. La cuota ronda los 50 euros mensuales que se suman a la tasa del régimen de autónomo -275 euros- y los pagos del material que necesitan -desde ropa, pasando por cuchillos hasta otras herramientas-.

Pese a estar dados de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, están muy lejos de serlo, según denuncian los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT). “Se dan de alta en el régimen de autónomo, pero no deciden cuándo se van de vacaciones, ni sus propios horarios, dependen de un tercero que les manda y les sanciona. No tienen autonomía en su propio trabajo, por eso son contratos en fraude de ley”.

Los sindicatos denuncian que dentro de la industria alimentaria, el sector cárnico es la cuna de los falsos autónomos, ya que según los datos que manejan, más del 12% del sector se encuentra en estas condiciones. ¿Qué implica? Cobrar un 40% menos que sus compañeros: mientras que los trabajadores de plantilla cobran de media 1.800 euros, ellos cotizan 920 euros que es la base mínima de autónomos, afirman fuentes sindicales.

Las empresas, bajo lupa

La Inspección de Trabajo se ha puesto manos a la obra y está ultimando la investigación sobre Servicarne, la cooperativa más grande de España, donde, según los sindicatos, hay más de 5.300 autónomos en fraude de ley que prestan servicios a compañías tan conocidas como Vall Companys, el Grupo Coren o Embutidos Rodríguez.

La resolución la esperan para finales del mes de abril aunque aseguran que las empresas cárnicas que están bajo la lupa del organismo supervisor ya han comenzado a mover ficha: “algunas compañías están dando de baja a sus trabajadores de la cooperativa, están contratándoles o dándoles de alta en otras porque están en el punto de mira de la Inspección”.

CCOO y UGT denuncian que la externalización de gran parte de la actividad “ha pasado a ser una actuación habitual que busca una mayor desregularización de las relaciones laborales en el seno de la empresa” y esto tiene un impacto directo en las condiciones de los trabajadores. No sólo en cuanto a salarios, sino a otras cuestiones relevantes: “fracciona la plantilla, no se les aplica el convenio colectivo, no pueden ejercer su derecho a huelga, se les ponen los peores turnos de horario… Ellos saben cuándo empiezan a trabajar pero no cuándo terminan”.

Desde este diario hemos intentado ponernos en contacto con Servicarne sin éxito. Sin embargo, la cooperativa responde ante las acusaciones de los sindicatos en su propia página web: niegan tener contratados a falsos autónomos, así como sus condiciones laborales “penosas” y asegura que exigen transparencia y legalidad a las empresas con las que trabajan.

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