Escándalo en la SEPI

La SEPI no encuentra asesores que avalen los rescates de Abengoa y Mediapro tras el escándalo Plus Ultra

SEPI
Entrada a la sede de la SEPI en Madrid.

El atasco de la SEPI tras el escándalo del rescate de la aerolínea Plus Ultra no se debe sólo al plante de los funcionarios o a los temores de su nueva presidenta. Ahora se suma otro problema: está teniendo grandes dificultades para encontrar asesores dispuestos a firmar informes que justifiquen los rescates de las empresas en situación más desesperada y que no es muy dudoso que cumplan las condiciones para ello, como Abengoa o Mediapro, por miedo a acabar en los tribunales.

Así lo aseguran varias fuentes conocedoras de la situación. «Aunque los asesores siempre ponen muchos disclaimers que aseguran que se han basado sólo en la información facilitada por la SEPI, eso no les libra de posibles responsabilidades penales. Por eso se están tentando la ropa viendo cómo se ha judicializado el tema de Plus Ultra», explica una de ellas.

Otra añade que «lo cierto es que ser asesores en procesos tan complejos como estos les daría notoriedad y visibilidad en el mercado, por lo que alguno debería de haber presentado su oferta de servicios». «La SEPI paga muy poco por estos informes; los asesores los hacen porque esperan ganar más adelante contratos con las empresas rescatadas. Pero en estos casos no va a haber muchos contratos, dada la situación de estas compañías, y el riesgo de avalar estos rescates no compensa el precio que cobran de SEPI», añade una tercera.

La dificultad para encontrar asesores en el caso de Abengoa no sólo deriva del temor a las futuras implicaciones penales futuras. Una de las fuentes explica que «casi todos los asesores financieros y legales grandes deben de tener conflictos de interés, porque en algún momento han debido de trabajar ya con el Grupo Abengoa, lo que limita el número de asesores posibles, y los que quedan serán pocos y de menor tamaño para la complejidad del grupo y de Abenewco 1».

En diciembre del año pasado, la SEPI hizo un concurso para seleccionar un pool de asesores entre los que se reparten las diferentes solicitudes de rescate. El grupo de asesores financieros está compuesto por Accuracy, Alantra, Alvarez & Marsal, Auren, BDO, CaixaBank, Capgemini, Crowe, Daiwa (que fue quien hizo el informe de Plus Ultra), Deloitte, Duff & Phelps, EY, FTI, Grand Thorton, Idom, KPMG, Lener, Mazars, Pkf Attest y PwC.

En cuanto a los asesores legales de las operaciones, el pool está formado por Andersen, BDO, Bird & Bird, Broseta, Cuatrecasas, Deloitte (el de Plus Ultra), EY, Gómez Acebo & Pombo, Garrigues, KPMG, PwC, Marimón, Mazars, Montero Aramburu, Ontier, Pérez-Llorca, Pinsent Masons, Pkf, Ramón y Cajal y Simmons & Simmons.

Paralización de los rescates desde marzo

El temor de estas firmas deriva de las múltiples investigaciones que se han abierto por el escandaloso rescate de Plus Ultra. Al sumario abierto en el juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, en la que están personados PP y Vox, se suman sendas investigaciones del Tribunal de Cuentas y de la Dirección General de Competencia de la Comisión Europea, ambas por iniciativa de Ciudadanos.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas no aprueba ningún rescate desde marzo. Como adelantó OKDIARIO, los técnicos de la SEPI tampoco quieren firmar informes favorables al rescate por temor a que los cargos políticos del holding público descarguen en ellos la responsabilidad. Algo que confirmó la propia ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La paralización de la SEPI no solo perjudica a las empresas cuyo rescate puede acabar en los tribunales, como Abengoa o Mediapro, sino, sobre todo, a las que sí cumplen las condiciones del fondo de rescate, la mayoría del sector turístico, y que llevan muchos meses esperando respuesta de la SEPI. Las principales condiciones son que sean empresas estratégicas a nivel nacional o regional y que sean solventes con dificultades puntuales derivadas del covid, algo muy dudoso en esos dos casos.

Ayer, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, pidió al Gobierno que acabe con la parálisis: «Hay empresas que están en la UVI. No puede ser que los rescates estén paralizados por cuestiones externas a las empresas», aseguró.

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