El sector agrario estalla contra Planas: sigue sin aprobar un índice de precios para no vender a pérdidas

El sector agrario estalla contra el Ministerio de Agricultura, capitaneado por Luis Planas, porque aún no ha elaborado los índices de precios y de costes de producción para evitar que los agricultores y ganaderos vendan a pérdidas. Este era uno de los principales objetivos de la Ley de la cadena alimentaria, cuya reforma entró en vigor el 16 de diciembre de 2021.

«La Ley de la cadena necesita un refuerzo importante de infraestructuras y medios a nivel central y de comunidades autónomas», aseguran a OKDIARIO fuentes de Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG). «Nos gustaría que fuera más eficaz, ya que aún tiene muchas deficiencias», afirman.

El sector agrario hace hincapié en que la finalidad de la Ley de la cadena alimentaria es impedir la venta de productos por debajo de los costes de producción, es decir, prohíbe la venta a pérdidas. Sin embargo, hasta que no se elaboren los índices de costes de producción va a ser imposible controlarlo.

«Uno de los grandes problemas que tenemos es no se sabe cuáles son los costos de producción de la mayor parte de los productos. Y hasta que este índice no se ponga en funcionamiento, tenemos un problema para aplicar la ley de la cadena», explica COAG.

En concreto, dicha ley establece que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste de producción asumido. Así, los costes de producción se constituyen como la base de la negociación de los contratos escritos. No obstante, tras casi 2 años aplicando la reforma de la Ley de la cadena, aún no se han elaborado los índices de costes. Además, el Ministerio de Agricultura no ha aclarado en qué fase se encuentra la elaboración de estos índices ni cuándo se prevé su publicación .

Otras medidas

La Ley también establece la obligación de inscripción de contratos alimentarios. Para llevar a cabo las tareas de control para que no se vendan productos por debajo del precio de producción, la ley refuerza el papel de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a la que reconoce como autoridad de ejecución nacional para velar por el cumplimiento de la Ley de la cadena.

Asimismo, las comunidades autónomas, en el marco de sus competencias, designarán autoridades encargadas de controlar el cumplimiento de esta ley en sus territorios. En este ámbito, la AICA será el punto de contacto para la cooperación entre las autoridades de ejecución de las comunidades autónomas y con la Comisión Europea.

Por último, la norma contempla sanciones leves, con multas de entre 250 y 3.000 euros; sanciones graves, con multas de entre 3.001 y 100.000 euros, y sanciones muy graves, con multas de entre 100.001 y un millón de euros.