Ribera cede tras seis años ante las eléctricas y ‘telecos’ y eliminará el tope de inversión en redes

Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, empieza a ceder seis años después ante la industria, las eléctricas, las telecos y las comunidades autónomas, que han presionado especialmente en los últimos meses de forma conjunta al Gobierno para que elimine el tope a la inversión en redes eléctricas, vigente desde 2013. Ese tope limita la inversión anual en redes de distribución al 0,13% del PIB -unos 2.000 millones-, lo que está poniendo en riesgo por falta de capacidad para engancharse a la red miles de millones de euros de inversiones de negocios que quieren instalarse en España, sobre todo data centers.

«La presión ha sido constante de la industria, que necesita descarbonizarse, de las compañías tecnológicas que ven como los data centers no están conectados, y de las comunidades autónomas que no quieren perder el tren de las inversiones empresariales, que son las verdaderas creadoras de empleo», explican fuentes del sector. «Eso ha hecho que Ribera empiece a ceder», señalan.

El Ministerio de Transición Ecológica ha sacado a consulta pública este lunes la reforma de la actual regulación de inversiones en redes de distribución -Endesa, Iberdrola, Naturgy y demás eléctricas- y en redes de Transporte -Red Eléctrica-, que data de 2013. «Seis años, desde que llegaron al Gobierno, pidiendo que se modificara y no han hecho nada hasta ahora», explican fuentes del sector. De hecho, la secretaria de Estado, Sara Aagesen, descartó a finales de abril cualquier cambio en este tope a las inversiones en redes.

Pero la múltiple presión ha surtido finalmente efecto y Ribera se ha abierto a modificar ese límite a la inversión, que ha puesto en riesgo inversiones en el país, aunque tiene como contrapartida que se paga por los ciudadanos en la factura mensual de la luz.

La última presión ha sido la del PP. El programa electoral de los populares a las elecciones europeas del 9 de junio se presentó este lunes y destaca el punto 44, en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo pide eliminar el tope a las inversiones en redes que puso en marcha Mariano Rajoy en 2013 por la crisis económica con el objetivo de ayudar a la industria a descarbonizarse.

Además, el 27 de mayo el PP registró una Proposición No de Ley en el Parlamento de Andalucía en el que instaba al Gobierno regional a que inste a su vez al Ejecutivo de Pedro Sánchez a que «cumpla con su compromiso y agilice los trámites correspondientes que permitan financiar con cargo a los fondos europeos actuaciones en la red de infraestructuras energéticas que eviten el impacto en peajes de los consumidores, elevando el límite de inversión, como mínimo, hasta un 0,075% y 0,14%, respectivamente» -actualmente en el 0,065% y el 0,13% del PIB-.

Es decir, el PP pide además que los consumidores no paguen ese incremento en la factura de la luz, sino que se financie con fondos europeos.

El 29 de mayo fue Spain DC, la asociación española de data centers, quien advirtió en un informe de la posible pérdida de 38.000 millones de euros de inversión en data centers en la Comunidad de Madrid hasta 2030 si no se incrementaban las inversiones en redes para mejorar la capacidad del sistema eléctrico. Los centros de datos consumen gran cantidad de energía y España se ha volcado en la construcción de esta infraestructura. Madrid es la novena ciudad de Europa en centros de datos.

Y, además, las eléctricas. Endesa condicionó la inversión de 2.800 millones de euros en redes eléctricas a que la regulación fuera favorable. Iberdrola ha pedido en innumerables ocasiones eliminar este tope a la inversión, sin suerte hasta ahora. Han advertido que había muchos negocios que habían renunciado a instalarse en España por incertidumbre sobre la capacidad del sistema para garantizar el suministro… La presión, por tanto, ha sido por tierra, mar y aire.

Pero nada había servido hasta ahora. Ribera ha aguantado esa presión hasta que todo apunta a que va a dejar el Ministerio de Transición para recalar como comisaria europea de Energía tras las elecciones europeas del 9 de junio.

La siguiente batalla del sector será la de la retribución por las inversiones en redes de distribución, que piden aumente del 5,5% actual -obsoleto, aseguran- a un 7% para el periodo 2026-2031.