Ribera multará con hasta 60 millones a las eléctricas que no expliquen sus precios

La ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha incluido en el real decreto aprobado en Consejo de Ministros este martes las multas con las que sancionará a las eléctricas que no cumplan con los nuevos requisitos de transparencia en los precios de la luz que las compañías tendrán que cumplir a partir de ahora. Ribera considerará «muy grave», la máxima gravedad posible, el incumplimiento de estos requisitos, lo que implica multas de hasta 60 millones de euros, según la Ley del Sector Eléctrico de 2013.

La ministra Ribera aprobó el martes un nuevo real decreto que modifica en parte el del 14 de septiembre, donde incluyó el famoso ‘hachazo’ a las eléctricas, que confiscaba 2.600 millones de euros de beneficios a las compañías al quitarles los llamados beneficios caídos del cielo -procedentes de vender a precios del gas electricidad renovable-. Este nuevo real decreto rectifica ese ‘hachazo’ a cambio de que las eléctricas ofrezcan precios fijos y a largo plazo a la industria, e impone una serie de obligaciones a las compañías en transparencia sobre los precios que cobran a los clientes.

Entre esas obligaciones incluye el informar mensualmente a la CNMC de los precios de la electricidad y de las ofertas que promuevan, notificar a los clientes cualquier modificación en los precios con un mes de antelación, y dar libertad para que estos rompan el contrato sin castigo si así lo desean.

Además, para que los contratos de electricidad queden exentos del llamado ‘hachazo’ de Ribera, tiene que quedar claro que la electricidad vendida no está indexada al precio del pool eléctrico, que es lo que ha disparado el precio de la luz. «Si hay una parte de la luz vendida a la industria indexada al precio del mercado sí tendrá que hacer esa minoración» en los beneficios, advirtió la ministra Ribera.

La sorpresa ha venido cuando se ha publicado el real decreto en su totalidad. Las eléctricas tendrán que enviar al operador del sistema información clara sobre los precios y las ofertas a los clientes, la duración de los contratos, la comunicación de esos contratos al regulador… y todo esto tendrá que supervisarlo la CNMC.

Firmado por el consejero delegado

Además, tendrán que demostrar que la electricidad vendida no está indexada al mercado eléctrico para poder evitar el ‘hachazo’. Todo esto con una «declaración responsable» firmada por «el consejero delegado o cargo de análoga responsabilidad de la empresa o grupo empresarial», y que se remita al operador antes de los cinco días hábiles posteriores a final de cada mes.

Si no se envía toda esta información firmada por el consejero delegado de la empresa, el Ministerio lo considerará una falta muy grave y podrá multarle con entre seis y 60 millones de euros, según marca la Ley del Sector Eléctrico de 2013.

En esa norma se establece lo que es una infracción «muy grave», «grave» y «leve». Esa norma considera por ejemplo como infracción grave «la aplicación irregular de precios, cargos, tarifas o peajes de los regulados en la presente ley o en las disposiciones de desarrollo de la misma, de manera que se produzca una alteración en el precio que sea superior al 10% y que exceda de 30.000 euros». La sanción en este caso sería inferior a los seis millones de euros.