Sánchez dejará caer a Ribera tras el gatillazo de la ley eléctrica si el recibo de la luz sigue al alza

Pedro Sánchez ha tenido que pasar del “debemos detraer beneficios” injustificados de las eléctricas, a tener que tragarse el gatillazo puro y duro de su reforma de la ley eléctrica. El presidente ha pasado de aquel “los beneficios caídos del cielo” obtenidos por las energéticas deben “dirigirse a los más vulnerables”, a tener que comerse su sablazo a las compañías. Y Sánchez no es de asumir en cabeza propia este tipo de ridículos. Por ello, el presidente Pedro Sánchez ha tomado ya una decisión: dejará caer a la ministra de Industria, Teresa Ribera, y la culpará del gatillazo de la ley eléctrica si el recibo de la luz sigue su escalada y la polémica social crece.

El fracaso de la reforma eléctrica es más que visible. Hace sólo un mes, el presidente aseguraba lo siguiente: “Vamos a detraer esos beneficios extraordinarios que tienen las empresas energéticas, se lo pueden permitir”. Detraer no es un término jurídico. De hecho, el único verbo con encaje jurídico que define la detracción de unos ingresos empresariales obtenidos lícitamente y expropiados sin indemnización es el término confiscación.

Sánchez, hace también un mes, afirmaba aquello de que era necesario “redirigir esos beneficios extraordinarios a los consumidores para topar el alza que va a venir en los próximos meses del precio del gas y, con esta medida, también reducir el recibo de la luz”. Y, si todo ello, era cierto, ¿por qué ahora se perdona el castigo a las eléctricas?

La ministra de Transición Ecológica, igualmente, cargó contra las energéticas, a las que pidió “más implicación” en ayudar a capear la escalada del precio de la luz, y a las que acusó de estar beneficiándose de una “situación excepcional” y “sin precedentes” del mercado mayorista para lograr unos “beneficios extraordinarios” gracias a la repercusión en el precio de la luz “de unos costes de gas que no soportan”.

Y, ahora, al igual que su presidente, está teniendo que enfundarse su ley. Porque, si no asumían los costes reales del gas, ¿acaso ahora sí? Lo cierto es que desde el primer momento, ambos políticos sabían que la norma no tenía justificación legal y que se basaba en forzar a las empresas a asumir unos costes que permitiesen aliviar levemente el recibo de la luz sin que el Estado hiciera esfuerzo alguno.

Lo sabían, porque hasta el equipo jurídico de Moncloa avisó de la violación legal que suponía esta norma, como publicó OKDIARIO. Y por eso, ahora, el castigo a las eléctricas se minora.

Sánchez no asume el error

Pero Pedro Sánchez no está dispuesto a asumir la crítica por tamaño gatillazo legislativo y, por eso, si crece la polémica por el precio de la luz, rodará la cabeza de Teresa Ribera. Porque Sánchez quiere una cabeza de turco de lo que ha supuesto uno de los mayores fracasos legislativos de los últimos tiempos.

Por ello, ahora, el gran sablazo a las eléctricas por los “beneficios extraordinarios”, como los calificó Pedro Sánchez, será finalmente mitigado. Así lo han pactado in extremis las compañías y el Gobierno, porque Sánchez sabía, desde el primer momento, que su norma contaba con serios visos de ser bombardeada judicialmente. Ni los castigos a los contratos de gas a precio fijo cerrados con anterioridad, ni la penalización recogida en la reforma en materia de minoración de ingresos por el CO2 se mantendrán tal y como los aprobó el Consejo de Ministros. Un alivio que las empresas buscaban para normalizar la reforma anunciada a bombo y platillo y que tanto celebró Podemos.

El Ejecutivo ha acordado, así, devaluar su castigo, como ha publicado en exclusiva OKDIARIO. Y ha pactado que «la minoración prevista en el RDL 17/2021 por el precio del gas no afecte a aquellos clientes con contratos a precios fijos». El Gobierno había topado el precio del gas en la subasta marginalista, para que a partir de cierto precio no pudiera continuar subiendo.

Cada vez que ese precio estándar se superara, lo cierto es que las energéticas tenían que seguir generando electricidad, pero asumiendo unos costes que no podían trasladar al precio final. Todo un golpe fiscal. Pues bien, ahora, para los contratos a precio fijo esa penalización desaparece.

También se ha alcanzado un pacto para minorar un segundo castigo a las eléctricas: «Se ha trasladado la necesidad de que la minoración de ingresos de CO2, contemplado en el Anteproyecto de Ley que se tramita en el Parlamento, sea modificada». Con este punto se pretende limitar el impacto en las energéticas de la subida del precio de los derechos de emisión y reducir, además, el daño producido por la eliminación del pago a las energías no emisoras de CO2 por no contaminar.

Además de estos dos puntos, Ribera y los representantes de las eléctricas también han llegado a la conclusión de que las decisiones que se vayan adoptando como las del Real Decreto Ley 17/2021 deben «confirmar el horizonte temporal» con un «carácter transitorio». Y también se conjuran para «impulsar las medidas necesarias para asegurar el suministro de gas durante el próximo invierno”. Y, si la reforma genera polémica, Sánchez exigirá que ruede la cabeza de Ribera.