PP: caos, falta de transparencia y mala gestión del Gobierno pueden retrasar los fondos europeos
La falta de transparencia, y de colaboración con los gobiernos regionales y locales, la opacidad en cómo se seleccionarán los proyectos estratégicos para la recuperación y transformación económica (PERTE) y decisiones como “bloquear” en el Congreso el debate como Ley de la administración de los fondos europeos de recuperación, o que se cree una autoridad independiente para dirigir la gestión y el reparto de éstos, pueden provocar que se demore su llegada a España más de lo anunciado.
Fuentes del PP destacaron este martes que en la elaboración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, enviado por el Ejecutivo de Pedro Sánchez a Bruselas, ha reinado la falta de transparencia y los interesen electorales, al tiempo que se ha renunciado a consensuar medidas con Comunidades Autónomas –“gobierne quien las gobierne”- y con la inmensa mayoría de las empresas, en un país en el que más del 90% del tejido empresarial son pymes.
La Unión Europea inauguró este martes su estrategia de emisión de deuda, que le permitirá captar en el mercado unos 800.000 millones de euros hasta 2026, tanto en bonos como en letras, para financiar las subvenciones a fondo perdido y préstamos que concederá a los países miembros para superar la crisis del covid-19.
A España le corresponden casi 70.000 millones de euros en transferencias directas y podría, además, solicitar hasta el 2026 casi 85.000 millones adicionales en préstamos para financiar las acciones previstas en su plan.
Previsiblemente el Ejecutivo comunitario apruebe mañana el plan español de recuperación nacional, y espera poder realizar los primeros desembolsos en agosto, una vez que el Consejo (los Estados miembros) también hayan dado su aval a los planes.
Lo que se aprobará mañana es el reparto porcentual de las ayudas respecto a las prioridades y objetivos marcados por Bruselas, no la parte “más detallada de las acciones que se realizarán en cada país” con sus proyectos, destacaron las mismas fuentes populares.
De hecho, en el caso de España “no se sabe” cómo se adjudicarán los fondos, “ni cómo se ejecutarán los pertes, ni quien elige cuales se realizarán, o no”, si bien, “el PP realizará un intenso control para que no se despilfarre ni un solo euro”.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, viajará a Madrid el miércoles y entregará a Pedro Sánchez el informe positivo tras recibir la luz verde de la Comisión al plan. Para España el primer adelanto ronda los 9.000 millones de euros.
Según se explicó desde el PP, en Bruselas se considera que el plan presentado tiene “objetivos muy ambiciosos” en cuanto a reformas del sistema de pensiones, fiscales o de mercado único, pero sin concretar cómo se realizarán.
Circunstancia que no puede mantenerse, ya que, tras un primer adelanto, Europa entiende que después de las promesas tienen que venir las ejecuciones, «y hay que rendir cuentas de que se cumplen los compromisos», o no llegarán más desembolsos. La Comisión incluso podría recuperar los 9.000 millones que llegan como anticipo si en año y medio se constata que las acciones realizadas no cumplen con los objetivos e intenciones del plan europeo.
Desde la Comisión se mira con especial atención a la reforma del mercado laboral y del sistema público de pensiones, mientras se dispara la deuda. De hecho, las mismas fuentes consideran que afrontan desacertadamente las reformar del mercado laboral y las pensiones “puede retrasar considerablemente la entrega de fondos”.
«Ya ha habido dos toques de atención” destacando un informe “demoledor” del Comité de Regiones en el que, entre otras cuestiones, se criticaba la no participación de la sociedad civil, las Comunidades Autónomas o la oposición en la elaboración del plan, como se pide desde Europa.
En Bruselas se ha creado un grupo de trabajo con 27 diputados comunitarios, siete ellos del partido popular europeo, con el acuerdo de todos los grupos parlamentarios para velar por el cumplimiento de los objetivos del fondo de recuperación en los países miembros, motivo por el que mantienen reuniones semanales con la Comisión.
En referencia a la reacción positiva de Europa ante la pandemia, la vicesecretaria Sectorial del PP, Elvira Rodríguez, ha destacado que antes de la pandemia “era una ficción” pensar que realmente podrían llegar a emitirse eurobonos mutualizados por parte de la UE y ha valorado como en el Viejo Continente todas las fuerzas políticas han sido capaces de consensuar medidas de recuperación, mientras en España no se ha dialogado y sólo se conoce un resumen de 300 páginas, sin calendario, ni acciones concretas, del plan de 2.600 páginas que se envió a Bruselas.
Plazos
Cada Plan nacional propuesto por un estado debe ser aprobado por Bruselas y ratificado por la mayoría Estados miembros. En ese momento se libera el primer anticipo de fondos, correspondiente a un 13% del total asignado a cada país miembro (subvención + crédito), previsto en un principio para mediados de 2021. En sucesivas anualidades, y tras la verificación por parte de la Comisión, se realizarán sucesivos desembolsos a los estados miembros hasta 2023.
La ejecución de los fondos por parte de los estados miembros ha de realizarse en el periodo comprendido entre 2021-2026.
En cuanto a la adjudicación de los fondos, la administración central, autonómica y local son, teóricamente, las encargadas de coordinar los procesos de identificación, selección y dotación de ayudas.
Desde el PP se destaca que España tiene la oportunidad de acelerar su desarrollo y crear empleo dentro de una transformación de su economía con los fondos Next Generation, junto con el presupuesto a largo plazo de la UE.
Según lo marcado por Bruselas, no hay ningún sector que quede excluido a la hora de poder acceder a los fondos del plan de recuperación. De hecho, cualquier organización que cuente con proyectos que encajen dentro de los ejes estratégicos pueden ser valorados positivamente y lograr financiación.
El Plan de Recuperación contempla para España cerca de 150.000 millones de inversión total en 2021- 2026, unos 70.000 serán en forma de transferencias directas y el resto será en forma de créditos.
Se priorizará la inversión en proyectos con un fuerte potencial tractor, como por ejemplo la estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, los programas de rehabilitación de vivienda o el plan de digitalización de pymes.
A partir de 2022, se prevé un calendario semestral de hitos para movilizar los correspondientes pagos de transferencias hasta completar los 70.000 millones.
El Plan tiene 4 ejes transversales -la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión social y territorial y la igualdad de género-, que vertebran 10 palancas y 30 componentes y deben de estar plenamente alineados con los que establece el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia europeo.