El PNV condiciona los Presupuestos de la subida de pensiones a la retirada del 155

El PNV ha advertido ya al Gobierno de que mientras siga el 155 en Cataluña no podrá aprobar los Presupuestos. La explicación de los nacionalistas vascos no se ha movido ni un milímetro por el hecho de que PP y Ciudadanos hayan anunciado ya su pacto. Y es que los cinco diputados de PNV son necesarios y no piensan asumir el coste electoral en su propio feudo de apoyar a un Gobierno del PP mientras siga vigente la intervención constitucional en Cataluña.

El giro de los acontecimientos en Cataluña ha vuelto a tensar la negociación de los Presupuestos Generales del Estado que parecía totalmente encarrilada hace tan sólo un par de semanas.

Los nacionalistas vascos habían llegado a confirmar al Gobierno su apoyo a los Presupuestos hace menos de 15 días ante la apariencia de que la gobernabilidad podía estar muy cerca en Cataluña y, por lo tanto, que al 155 le podían quedar pocos días en vigor.

Investidura fallida de Jordi Turull

Pero, con el mismo mensaje de fondo –el del 155 como condición–, los nacionalistas han cambiado su optimismo de un plumazo ante la investidura fallida de Jordi Turull y, sobre todo, ante el giro procesal de los acontecimientos iniciado con el mantenimiento en prisión de Joaquim Forn y continuado con el auto de procesamiento y prisión dictado por el juez Llarena. Por último, la detención de Carles Puigdemont en Alemania y su pronta llegada a una cárcel española tampoco ha relajado a los vascos.

Y es que saber en estos momentos el plazo de duración que puede tener el 155 es altamente complicado y, por lo tanto, tal y como han expresado los nacionalistas, comprometerse a plazos firmes sin esa certeza, podría suponer un duro coste electoral para el PNV, tal y como han recordado al Gobierno.

Pese a ello, lo cierto es que el PNV ha querido sacar adelante los Presupuestos desde el inicio. Pero los vascos y el propio Gobierno han sabido igualmente desde el primer día que resultará muy difícil cerrar ningún pacto mientras el nivel de tensión por el golpe separatista de la Generalitat se mantuviera.

Así se lo hizo saber el PNV al presidente Rajoy desde el inicio de las conversaciones, porque las bases más separatistas de los nacionalistas les castigarían en su propio feudo por haber apoyado al impulsor y soporte del 155. Por eso Rajoy necesita una gobernabilidad urgente en Cataluña. Y por eso el incremento de tensión judicial ha torcido los planes iniciales: porque mientras la tensión separatista mantenga agitado al PNV, las posibilidades de sacar los Presupuestos se diluirán.

Competencia sobre presos vascos

PNV se lo ha recordado ya al Gobierno. Y le ha advertido de que, evidentemente, el precio incluso para iniciar una negociación en esta fase final se eleva.

Pese a ello, el Gobierno ha impulsado la aprobación en Consejo de Ministros del anteproyecto de Presupuestos. Un paso que sólo depende el Ejecutivo. Pero el verdadero combate por los apoyos políticos al texto empieza ahora, cuando el anteproyecto inicie su tramitación parlamentaria.

En el PP aún recuerdan las exigencias políticas que ya planteó PNV en el inicio de esta negociación: la petición de las competencias sobre presos vascos y prisiones y un nuevo Estatuto con posibilidad de una consulta de autodeterminación. Unas exigencias imposibles de asumir por el Ejecutivo. Y desde el partido en el Gobierno recuerdan igualmente como, para evitar este escollo, los vascos habían aceptado reclamarlo en una negociación posterior y separada de los Presupuestos.

Ahora, los populares temen que si la demora en la gobernabilidad catalana se alarga y el 155 se extiende mucho más, esas exigencias vuelvan al primer plano y que la tensión haga peligrar todo lo avanzado en la tramitación de los Presupuestos.

Esa es la pieza clave de la que dependen prácticamente todo en el futuro de estos Presupuestos. Incluido el acuerdo de Ciudadanos con el Gobierno para apoyar los Presupuestos Generales del Estado de 2018: un pacto donde se incluye una subida de las pensiones mínimas y de viudedad del 2% y una rebaja del IRPF para las rentas bajas de hasta 2.000 millones de euros.