Otra mentira de Sánchez: no repartirá 1.000 de los 3.000 millones prometidos del ingreso mínimo

El ingreso mínimo vital, medida estrella del llamado escudo social del Gobierno, anunciada en junio de 2020 a bombo y platillo por el ex vicepresidente Pablo Iglesias y el actual ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ya está considerado por todos como un fiasco y va camino de convertirse en un quebradero de cabeza para el Ejecutivo. Los 3.000 millones de euros anuales que aseguró el Gobierno que repartiría entre la población más necesitada se van a quedar en 2.000 millones a final de año. Alrededor de un 35% quedará en las arcas públicas, dejando en papel mojado otra promesa de Pedro Sánchez.

Según los datos de ejecución presupuestaria del Ministerio, en los diez primeros meses del año el Gobierno ha repartido 1.564 millones de euros, lo que supone poco más de la mitad de los 2.998 millones que tiene presupuestados y que se corresponden con la promesa inicial del Ejecutivo. El reparto mensual este año no alcanza los 200 millones, por lo que a final de año rozará los 2.000 millones repartidos.

Como publicó este diario, el Ministerio que dirige Escrivá redujo en septiembre en 260 millones el presupuesto del ingreso mínimo y los traspasó a otras prestaciones familiares, lo que le va a permitir repartir a final de año algo más del 60% de lo presupuestado.

La evolución de esta prestación en 2021 confirma lo que este diario ha venido denunciando: el ingreso mínimo no ha llegado a la gente que estaba prevista y, a los que ha llegado, no lo ha hecho en la cantidad que debería. El Ejecutivo aseguró que esta prestación llegaría a los 800.000 hogares y 2,1 millones de personas en situación de pobreza. Posteriormente lo redujo a 500.000 hogares y los últimos datos del propio Ministerio señalan que se han alcanzado algo más de 200.000 hogares.

Prisas de Iglesias

Con estos datos ya se puede evaluar el éxito de la puesta en marcha de esta prestación. El Consejo de la Juventud ha cifrado en 350.000 jóvenes los que se han quedado fuera de esta ayuda por las condiciones exigidas para solicitarlo. Cuestiones como el empadronamiento o los ingresos familiares frenan la llegada y miles de solicitudes se han quedado fuera, según ha notificado el propio Ministerio. De hecho, la ayuda se ha retocado en varias ocasiones por parte del Gobierno.

La medida fue puesta en marcha en junio de 2020 de manera acelerada por las exigencias de Iglesias, mientras Escrivá pedía más tiempo para armar bien los sistemas informáticos y cuadrar los datos de Hacienda con los de los ayuntamientos (padrón) para evitar fraudes o errores en los expedientes. Escrivá pedía tiempo para evaluar el éxito de la medida.

Este 2021 se cumplirá el primer año completo y el resultado es que 1.000 de los 3.000 millones de euros presupuestados quedarán sin repartir.