Multa de 2 millones a Amazon por exigir el certificado de antecedentes penales a sus autónomos

La Agencia de Protección de Datos (APD) ha impuesto a Amazon una multa de dos millones de euros -una de las más altas hasta ahora a una empresa individual al margen de la banca- por una infracción considerada muy grave por incumplir el artículo 6.1 del reglamento de protección de datos al exigir a los transportistas autónomos el certificado de antecedentes penales antes de contratarles. La Agencia considera que ese registro no es público y que Amazon no tiene derecho a pedirlo ni a conservarlo en sus archivos, por lo que le sanciona con dos millones de euros.

La denuncia fue presentada en noviembre de 2019 por el sindicato UGT, que puso en conocimiento de la agencia que Amazon Road, la filial que la firma norteamericana puso en marcha el 31 de mayo de 2019 en España para dar el servicio de transporte terrestre, solicitaba a los candidatos «diversa documentación, entre la que se incluye un certificado de ausencia de antecedentes penales». En concreto, «un certificado del Ministerio de Justicia confirmando que no cuento con antecedentes penales de ningún tipo».

Además, requería el consentimiento de los trabajadores candidatos para poder utilizar esos datos privados en otras empresas de Amazon de fuera de la Unión Europea, y permiso para confirmar que los datos de antecedentes penales eran correctos. La agencia consideró que había indicios de delito y abrió expediente sancionador a la empresa.

Amazon se opone

Amazon pidió en junio de 2021 el archivo del expediente porque el certificado de antecedentes penales que solicitaba no contenía datos relativos a condenas e infracciones penales, es decir, que no especificaba. Es un certificado «en blanco», aseguró Amazon, cuyo contenido no era equiparable a un certificado «en positivo», que sí incluye información sobre el delito cometido.

Además, la firma norteamericana se defendía asegurando que Amazon Road no compartía datos con otras empresas del grupo o terceras, en referencia a la acusación de que pedía permiso para emplear esos datos con otras filiales de fuera de Europa.

Sin embargo, la agencia dicta definitivamente a favor de UGT con el argumento de que el registro de antecedentes penales no es público, y no se puede requerir a nadie para ser contratado. Le obliga también a no guardar en sus archivos esos datos, aunque Amazon aseguró que ya los había borrado en sus alegaciones.

Sobre el uso de los datos de los trabajadores para otras empresas del grupo internacionales, la agencia admite los argumentos de Amazon y rechaza multarle por ello. La norma dice que para transferir esos datos no se necesita el visto bueno del trabajador.