Montero desafía a la Comisión Europea y se niega a recortar el gasto en el presupuesto de 2025

La vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y número dos del Partido Socialista, María Jesus Montero, ha decidido desafiar abiertamente a la Comisión Europea y no contempla hacer recortes de gasto en el proyecto de Presupuestos del Estado que prepara para 2025, una vez tomada la decisión por parte del jefe de Gobierno, Pedro Sánchez, de renunciar a aprobar unas cuentas públicas para el presente ejercicio.

Según las fuentes consultadas por OKDIARIO, Montero confía en que el crecimiento de la actividad económica -prevé que el PIB aumente este año un 2%- siga pujante y que ello proporcionará los suficientes ingresos tributarios para eludir cualquier política de recortes, porque una estrategia de este tipo «nos equipararía con los Gobiernos del PP».

La determinación de Montero no se ha visto alterada a pesar de que, el pasado lunes, el Ejecutivo de Bruselas lanzó una seria advertencia sobre el estado de la salud de las cuentas públicas españolas, pidiendo al Gobierno que haga un «esfuerzo adicional» y lleve a cabo una estrategia fiscal «creíble» y «significativa» para rebajar los altos niveles de deuda pública y déficit estructural del país. Las autoridades europeas consideran que la acción política española ha sido «limitada» en los últimos años.

Según los responsables comunitarios, «es necesario un esfuerzo adicional de consolidación para que España alcance una posición presupuestaria saneada», es decir, acometer recortes, después de analizar las principales vulnerabilidades y desequilibrios macroeconómicos de nuestro país y otros cinco estados miembros. Para garantizar una reducción de la deuda a medio y a largo plazo, Bruselas advierte de que será necesario «reducir claramente el déficit estructural» -sin tener en cuenta la carga de los intereses-, al tiempo que recomienda abordar «las futuras presiones presupuestarias por el lado del gasto relacionadas con el envejecimiento de la población, así como con la sanidad y los cuidados de larga duración».

Ninguna de estos avisos parecen haber minado el propósito de Montero de tratar de compatibilizar, en un esfuerzo que se presenta casi imposible, el aumento sostenido del gasto público para consolidar las políticas de protección social, las demandas de los socios de Gobierno y sus aliados parlamentarios -todas ellas con notables repercusiones presupuestarias en términos de coste-, y a la vez cumplir con las reglas fiscales que volverán a estar plenamente en vigor en 2025 y obligan a reducir el déficit hasta el 3% como máximo y fijar un calendario fiable de contracción de la deuda del Estado hasta el 60% del PIB.

De hecho, la Comisión Europea está dispuesta a incluir a España en el procedimiento de déficit excesivo, que acarrea sanciones monetarias a los estados miembros -de hasta el 0,5% de su PIB- por el incumplimiento continuado de los estándares de desequilibro presupuestario y deuda fijado en los tratados, salvo que se presente un plan drástico de corrección de las cuentas públicas. De acuerdo con los medios consultados, la decisión definitiva al respecto se quiere adoptar  antes de que se celebren las elecciones europeas de junio, aunque otras fuentes contemplan con más dificultad que esto pueda concretarse en ese tiempo dado el tráfago de frentes abiertos que se vive en Bruselas casi en vísperas de los próximos comicios.

Las circunstancias que rodean las cuentas públicas de España son todavía más sangrantes que en los otros estados bajo vigilancia, pues la eventual desviación del déficit se produciría después de haber obtenido el récord de todos los tiempos en recaudación fiscal tras la decisión del presidente Sánchez de no deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta en ninguno de los ejercicios desde que ocupa La Moncloa. Esta decisión, que no tiene visos de ser revocada, ha impulsado la recaudación de Hacienda hasta 120.000 millones por IRPF en 2023, la cifra más alta de la historia -suma un crecimiento anual del 10%-.

De acuerdo con los medios consultados, en el Departamento de Montero siguen convencidos de que la proximidad de las elecciones europeas en junio próximo servirá para diluir los sistemas de control prefijados en los organismos europeos, algunos de cuyos máximos responsables aspiran a continuar en puestos directivos -entre ellos la actual presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen- y estarán progresivamente más centrados en preparar su campaña para los comicios que en eventuales recortes.

De hecho, y antes de que Sánchez renunciara a la presentación de los presupuestos -como consecuencia de la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña-, la ministra Montero había fijado un techo de gasto para 2024 de 199.120 millones, una vez incluidos los fondos de nueva generación que se esperan recibir -casi 10.000 millones-, lo que representaba un 0,5% de aumento. Pero esta cifra se disparaba hasta un incremento del 9,3% sin tener en cuenta las partidas europeas, lo que suponía un récord absoluto en la trayectoria presupuestaria del país y, en la práctica, hacían de muy difícil satisfacción las limitaciones reinstauradas por la Unión Europea, según los economistas consultados por OKDIARIO.

El pretexto teórico que maneja y sigue manejando la ministra, en este caso para el presupuesto de 2025, es que «la economía española se va a ver afectada durante los próximos meses por la desaceleración rampante que afecta a Europa» y que, en tales condiciones, conviene sostener los actuales niveles de protección social, que se verán aumentados por la generación de nuevos derechos como los que se manejan en el programa de Gobierno para la próxima legislatura y que implican todos ellos un aumento del gasto y hacen imposibles los recortes.