El miedo de altos funcionarios a ser demandados dispara los arbitrajes en las obras públicas

Altos funcionarios de empresas públicas se muestran reacios a acordar y firmar sobre costes en las obras públicas con las adjudicatarias por temor a que puedan ser demandados, como le ha ocurrido a los jefes de obras de Acuamed en el caso que está ahora mismo en fase de instrucción en la Audiencia Nacional -donde hay algunos en calidad de investigados- o le está sucediendo a los funcionarios de la SEPI que han firmado los polémicos rescates de Plus Ultra o Duro Felguera, que podrían tener algún problema jurídico si los procesos se complican.

«Nadie quiere firmar nada por miedo a que luego tengan que ir a un juzgado a explicarlo y se vean en problemas. Antes se negociaba un sobre coste entre la empresa adjudicataria y el organismo público correspondiente, se demostraba que la obra había incurrido en precios superiores, y se firmaba por las dos partes. Ahora altos funcionarios de empresas como Acuamed, Adif y otras públicas se niegan», explica un directivo de una constructora que ha sufrido este problema.

«La consecuencia de todo esto es que se están disparando los arbitrajes. Los adjudicatarios de las obras acuden a reclamar a los tribunales civiles porque todas las obras públicas tienen un sobre coste», señala. «Se está dando un caso que no se había dado nunca, y es que las empresas contratan ya a abogados y peritos desde el inicio de la obra para que vayan registrando desde el principio todos los problemas que se vayan dando para tener pruebas para reclamar en un arbitraje», explica. «Esto no había pasado nunca», sentencia.

En efecto, Acuamed tiene encima de la mesa más de treinta arbitrajes por obras, según señala en su memoria anual de 2020. A eso hay que añadir otros casos que están en la justicia ordinaria, como el que está abierto en la Audiencia Nacional, que sigue en fase de instrucción más de cinco años después.

Acuamed y Plus Ultra

El problema de Acuamed es precisamente ese, un supuesto pacto entre la empresa pública y las adjudicatarias para pagar sobre costes de las obras a cambio de regalos. De momento, nada hay demostrado pero hay varios altos cargos de la empresa pública en calidad de investigados, además de la ex cúpula de la firma y algunos constructores.

En situación parecida se encuentran funcionarios de la SEPI, que han firmado los rescates de Plus Ultra o de Duro Felguera y que, como ha publicado este diario, ahora se niegan a firmar cuestiones polémicas de los rescates para no acabar en los tribunales.