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El precio del alquiler continúa al alza. Según datos de Idealista, en enero de 2025, la subida interanual alcanzó un 11,8% de media en toda España, con el precio medio del alquiler fijado en 13,8 euros por metro cuadrado. Este aumento, que parece no tener freno, está siendo impulsado por diversos factores, entre los que destacan la falta de oferta de viviendas en alquiler y la creciente preferencia de los arrendadores por opciones más rentables, como los alquileres turísticos o de temporada. En este contexto, el mercado de alquiler sigue presionando a los inquilinos y complicando la situación de muchos propietarios.
Para los arrendadores, esta subida de precios también viene acompañada de varios retos fiscales y económicos, especialmente en lo que respecta al impago del alquiler. Aquí entra el concepto de «saldos de dudoso cobro», que puede ayudar a los propietarios a reducir su base imponible en la declaración de la renta si cumplen ciertos requisitos. De cara a la campaña de la renta de 2025, además, se han introducido nuevas reducciones fiscales para los arrendadores, por lo que es esencial que estén al tanto de estas novedades.
Obligaciones fiscales de los propietarios de viviendas alquiladas
En primer lugar, es importante entender que los propietarios de inmuebles alquilados están obligados a declarar todas las rentas derivadas de estos alquileres en su declaración de la renta. La Agencia Tributaria establece que las cantidades adeudadas por el inquilino son consideradas rendimiento de capital inmobiliario y, por lo tanto, deben ser incluidas en la declaración, aunque no se haya producido el cobro efectivo de las mismas. Este requisito es una de las reglas clave que los propietarios deben tener en cuenta al momento de presentar su declaración de la renta.
Aunque el sistema fiscal obliga a los propietarios a declarar los ingresos de alquiler, incluso cuando no se hayan cobrado, existen medidas que pueden aliviar el impacto de estos impagos. Uno de los mecanismos más importantes en este sentido es la posibilidad de considerar las rentas impagadas como «de dudosos cobro». Si se cumplen ciertos requisitos, los arrendadores pueden aplicar deducciones fiscales que les ayudarán a reducir la base imponible y, por lo tanto, su carga tributaria.
‘Saldos de dudoso cobro’
En términos fiscales, un «saldo de dudoso cobro» se refiere a aquellos ingresos que el propietario no ha recibido y cuya recuperación parece incierta. Para que un arrendador pueda aplicar esta deducción en su declaración de la renta, es necesario que haya intentado recuperar la deuda de forma formal y que se cumplan ciertas condiciones. Entre estas condiciones, la Agencia Tributaria establece que los saldos pueden ser calificados como «de dudoso cobro» si han pasado más de seis meses desde la primera gestión de cobro sin resultados satisfactorios.
Es fundamental que el propietario haya realizado esfuerzos para cobrar la deuda, como haber enviado notificaciones de impago o incluso haber iniciado un procedimiento judicial. Estos intentos de cobro deben quedar documentados, ya que Hacienda pedirá pruebas de que el propietario ha intentado recuperar la renta de manera formal. Si el arrendador ha cumplido con estos pasos, puede deducir la cuantía de las rentas impagadas de su base imponible.
Desahucio por impago de alquiler
Un desahucio por impago de alquiler es el proceso judicial mediante el cual el propietario de un inmueble solicita al juez que le devuelvan la posesión del del mismo si el inquilino no cumple con el pago de la renta. Aunque muchos propietarios intentan resolver la situación de manera amistosa antes de tomar acciones legales, cuando el impago persiste, el siguiente paso es presentar una demanda de desahucio, que incluye no sólo la solicitud de desalojo, sino también la reclamación de la deuda pendiente.
Este proceso judicial puede ser complejo y tiene varias fases. En primer lugar, el arrendador presenta la demanda en el juzgado correspondiente, aportando documentación como el contrato de arrendamiento y pruebas de los impagos. A continuación, el juzgado emite un decreto de admisión, que establece las fechas clave del proceso: el juicio y la fecha del desahucio.
Este documento también informa al inquilino de sus derechos, como la posibilidad de oponerse a la demanda dentro de un plazo de 10 días hábiles. Sin embargo, el proceso no avanza hasta que el inquilino recibe la notificación oficial, lo que a veces puede retrasarse debido a la falta de respuesta del inquilino o problemas con las notificaciones.
En resumen, la fase de notificaciones es crucial para que el desahucio avance. Si el inquilino no se opone, el proceso puede resolverse rápidamente y se llevará a cabo el desalojo en la fecha fijada. Sin embargo, si se opone, el proceso continuará con un juicio, y sólo después de la sentencia se procederá al desahucio.
En conclusión, el proceso de desahucio por impago de alquiler es una herramienta legal que permite a los propietarios recuperar la posesión de su vivienda o local comercial cuando el inquilino no cumple con el pago de la renta.
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- Campaña de la Renta