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La justicia exculpa a tres exdirectivos de Banco Popular que dieron "trato de favor" a unos promotores

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Antigua sede de Banco Popular.

Banco Santander, heredero de los pleitos de Banco Popular, consigue una victoria en el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, en el que la juez no ve indicios de delito a pesar de informes de la Guardia Civil que así lo consideraban.

Apenas diez días después de producirse en junio de 2017 la resolución del Banco Popular, que acabó vendido a Banco Santander por un euro más su deuda en base a un dictamen de la JUR (Junta Única de Resolución), el juzgado de instrucción número 8 de Sevilla aceptaba una denuncia de un empleado del Popular contra varios directivos del banco en Andalucía (incluido su expresidente Ángel Ron) por la distracción de 1,3 millones de euros del banco en préstamos sin garantías a empresas que estaban en situación de quiebra técnica y que acabaron por no devolverse.

Tras haber declarado la causa compleja y alargado la instrucción durante dos años, la jueza María de los Reyes de Flores Canales ha dictado este 30 de mayo un auto, notificado a las partes este mismo martes, en el que archiva las diligencias librando de sentarse en el banquillo a tres ex directivos de Banco Popular –Luis Marín Abril (exdirector territorial de Andalucía Occidental), Vicente Gálvez Fernández (exdirector de Sevilla Sur) y también Enrique Bataller de la Cruz (responsable jurídico Andalucía)- y a uno de los promotores que recibió los préstamos sin garantías del banco.

La juez reconoce que los préstamos se dieron a empresas "con elevado índice de morosidad y sin actividad real" y que supusieron "trato de favor"

En un auto de tres páginas que pone fin a una instrucción de dos años y que ignora muchos de los presuntos fraudes denunciados, la jueza considera probado que los préstamos se dieron a empresas "con un elevado índice de morosidad y que carecían de actividad real". De igual modo, considera cierto que hay "indicios que apuntarían en la existencia de cierto trato de favor o distinto a los prestatarios, esencialmente en cuanto a la valoración del riesgo".

Informe de la Guardia Civil

Los ex directivos del Banco Popular -abandonaron el banco después de conocerse el caso- declararon a la Guardia Civil que sacaron 1,3 millones de euros de depósitos mediante 3 hipotecas que se concedieron el mismo día, y que fueron destinadas a empresas en situación de mora que no tenían la posibilidad de devolver los préstamos.

Uno de los investigados por este caso, el empresario Estanislao Asian, declaró a al instituto armado que se autorizaron estos préstamos para evitar que los empresarios interpusieran demandas contra el banco ya que tras varias reuniones no llegaron a un acuerdo económico y acordaron la aprobacion de estos prestamos para compensar a las empresas que querían pleitear contra el banco y evitar unas demandas de más de 10 millones de euros.

Los empresarios declararon que el Banco Popular les dijo que no se preocuparan por los préstamos porque no tendrían que devolverlos. Tal y como informó OKDIARIO en diciembre, "las investigaciones de la Guardia Civil y las entrevistas a los directivos de las empresas andaluzas a las que Popular dio préstamos sin garantías suficientes (Inversiones Tagón y Grupo Futuralgaba) apuntan a que estos directivos investigados obviaron las normas de análisis de riesgos y se saltaron las alertas automáticas de todas las propuestas donde se alerta y se hace mencion a ‘Extinguir Riesgo’ con las firmas".

No obstante, la jueza considera irrelevante estos hechos, que ni siquiera menciona en el auto, y destaca que los préstamos se concedieron con garantías hipotecarias que han sido ejecutadas. Desde la parte demandante se destaca que estas garantías nunca cubrieron las cantidades prestadas.

El denunciante, un empleado de la entidad bancaria en la provincia de Cádiz, aseguraba haber sido testigo de operaciones de "terceras, cuartas o quintas refinanciaciones" a personas de probada insolvencia. Unas refinanciaciones que obedecían a una política del grupo de no reconocer la morosidad para no tener que anotarse pérdidas en el balance.

Ahora la parte denunciante tiene una semana para apelar a la Audiencia Provincial de Sevilla, recurso que ha decidido hacer.

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