Directivos del Popular se enfrentan al banquillo por dilapidar 1,6 millones de euros del banco
Un juzgado sevillano decide en estos momentos si procesa y manda a juicio a varios exaltos cargos de Banco Popular
Ángel Ron ha quedado fuera de la investigación penal por este caso
El juzgado de instrucción número 8 de Sevilla está decidiendo en estos momentos si procesa y manda a juicio a varios exaltos cargos de Banco Popular en los años en que se gestó la crisis contable que llevó al traste a la entidad. Concretamente se trata de Luis Marín Abril (exdirector territorial de Andalucía Occidental), Vicente Gálvez Fernández (exdirector de Sevilla Sur) y también Enrique Bataller de la Cruz (responsable jurídico Andalucía), investigados por haber dilapidado 1,6 millones de euros del banco mediante la concesión de préstamos hipotecarios a empresas sin actividad y con valores de tasación muy por debajo al valor de mercado como única garantía.
La jueza ha dejado fuera de la «trama sevillana» por estos préstamos del Banco Popular a Ángel Ron, presidente de la entidad cuando sucedieron los hechos, pero igualmente los acusados ocupaban puestos de enorme responsabilidad en la entidad. Por ejemplo, Marín era uno de los ocho directores territoriales del banco entre 2012 y 2016, el periodo que se está investigando y que fue previo a la resolución y venta por un euro del Banco Popular en junio de 2017.
Martín y Gálvez comparecieron el pasado martes ante la justicia para negarse a contestar a las preguntas del abogado que denunció estos hechos, y sólo respondieron ante preguntas de sus abogados. Las investigaciones de la Guardia Civil y las entrevistas a los directivos de las empresas andaluzas a las que Popular dio préstamos sin garantías suficientes (Inversiones Tagón y Grupo Futuralgaba) apuntan a que estos directivos investigados obviaron las normas de análisis de riesgos y se saltaron las alertas automáticas de todas las propuestas donde se alerta y se hace mencion a ‘Extinguir Riesgo’ con las firmas.
Los empresarios declararon que el Banco Popular les dijo que no tendrían que recuperar los préstamos
En declaraciones hechas ante la Guardia Civil, los empresarios que recibieron los préstamos sin garantías hipotecarias declararon que en su dia el banco le comunicó que estos prestamos nunca se tendrían que pagar, por lo que en 2014 se concedieron varios préstamos con liquidacion de la primera cuota dos años despues, dando como resultado la morosidad de todos los prestamos en 2016.
Así lo confirma la declaración de uno de los clientes que recibió el préstamo, según las indagaciones realizadas por la Benemérita a las que ha tenido acceso OKDIARIO, y donde los clientes que recibieron los préstamos de Banco Popular aseguran que «estos préstamos nunca tendrían que pagarlos».
La situación de los que recibieron los préstamos era, a más abundamiento, de insolvencia, ya que habían entrado en mora.
OKDIARIO se ha puesto en contacto con Banco Santander, heredero de todos los pleitos que afectan a Banco Popular, pero la entidad ha preferido no hacer comentarios.
Operaciones mediante cheques
Según consta en la denuncia que obra en manos de la juez y de Fiscalía, «el dinero fue retirado al instante y en su totalidad por el otorgamiento de cheques bancarios por cuantía igual a la concedida en el préstamo, teniendo expreso conocimiento la entidad bancaria de la reconocida situación de morosidad» que tenían las empresas a las que entregaba el dinero. Todos los préstamos sin garantía se concedieron el mismo día.
La salida de depósitos no consta en ningún informe de auditoría y el dinero en cualquier caso proviene «de los depositantes»
Esta salida de depósitos pudo ser o no autorizada por la entidad, pero no consta en ningún informe de auditoría y en cualquier caso «proviene de dinero de los depositantes, lo que supone un fraude ya que el banco no estaba autorizado a hacer eso», asegura la acusación, , empleado de Banco Popular que denuncio estas operaciones y hoy empleado de Banco Santander.
Este empleado también ha declarado como testigo en el juicio mientras que la juez ha ordenado otras declaraciones que terminarán en marzo del año que viene. Entonces decidirá si se procesa a los acusados por esta distracción.
Según consta en las investigaciones, el motivo por el cual se dieron estos préstamos cuya devolución no se exigió fue para evitar unas demandas legales que los empresarios afectados iban a interponer contra el banco.
Las acusaciones consideran que «Banco Popular realizó durante la presidencia de Ángel Ron, probablemente muchas operaciones como esta que se está lidiando en el juzgado. Todas esas operaciones juntas, junto con las refinanciaciones a empresas y particulares para evitar reconocer la mora, estuvieron en el origen del desequilibrio de balance que acabó llevándose por delante a la entidad», han asegurado a este periódico.