Indexar las pensiones al IPC elevará la deuda pública del 117% al 140% del PIB, según el Banco de España

El Banco de España pinta un escenario catastrófico para las cuentas públicas españolas si el Gobierno se empeña a ligar las pensiones al IPC y no toma otras medidas para reducir el gasto público y para incrementar el crecimiento de la economía. En este escenario, la deuda pública alcanzará el 140% del PIB (desde el 117% actual) en el año 2040, según sus estimaciones.

Esta advertencia del supervisor bancario va en línea con las realizadas por la Comisión Europea sobre la insostenibilidad del sistema de pensiones. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, insistió ayer en que el Gobierno «cumplirá su compromiso» de actualizar las pensiones conforme al IPC.

«De acuerdo con los ejercicios de simulación elaborados por el Banco de España, si en los próximos años no se acometiera ningún ajuste fiscal en nuestro país, las presiones que supondrá el proceso de envejecimiento poblacional para el gasto público —si se mantienen los parámetros actuales del sistema de pensiones vigente— implicarían un aumento de la ratio de deuda pública sobre el PIB» hasta el 140% citado, explica el informe anual de la institución.

«En cambio, en un escenario alternativo en el que se llevara a cabo un esfuerzo de consolidación que fuera coherente con el mantenimiento del saldo estructural primario que las últimas proyecciones macroeconómicas del Banco de España prevén para 2024 , la ratio de deuda pública se situaría en niveles cercanos al 120% del PIB en las próximas décadas», añade.

Pide adecuar las prestaciones a las contribuciones

Por último, considera que, «en caso de un ajuste fiscal mayor (…), la deuda pública podría descender hasta el 82% del PIB en 2040. Si el ajuste descrito en este último escenario se acompañase, además, de la aprobación de un paquete ambicioso de reformas estructurales que elevase la capacidad de crecimiento de la economía española, la ratio de deuda podría situarse en torno al 79% del PIB en 2040». Pero el Gobierno de Pedro Sánchez no se plantea ni remotamente estos ajustes, que además tendrán que ser mayores si los tipos de interés suben más de lo previsto.

La institución que gobierna Pablo Hernández de Cos insiste en su petición de que se complete la reforma del sistema de pensiones «con la mayor brevedad posible». También resalta «la conveniencia de reforzar el vínculo entre las contribuciones realizadas y las prestaciones recibidas −asegurando un nivel suficiente para los hogares más vulnerables−», como pretendía la reforma de Mariano Rajoy, «así como de iniciar un debate riguroso que aborde el nivel de prestaciones que el sistema debe proveer y la estrategia de captación de los ingresos necesarios para financiarlas».

¿Los pensionistas deben ser los únicos que no sufren ajustes?

En este sentido, el Banco de España plantea una cuestión de equidad que puede levantar algunas ampollas: «El hecho de que haya un grupo de agentes —el conjunto de los pensionistas— a quienes se excluye del ajuste [al garantizarse su poder adquisitivo] conlleva necesariamente que otros agentes de la economía nacional (los perceptores de rentas del trabajo y del capital) tengan que asumir una parte mayor de esos costes».

Ahora bien, deja fuera a las pensiones mínimas, para las que sí cree que esas consideraciones de equidad justifican que se garantice su poder adquisitivo.