Guerra entre Santander y PwC para evitar pagar 4.500 millones de indemnizaciones del Popular

El caso Banco Popular está pendiente de que se fije fecha para el juicio oral, pero, mientras tanto, ha estallado una guerra cruenta entre las aseguradoras del Banco Santander, PwC y los ex directivos del Popular para tratar de evitar el pago de hasta 4.500 millones en indemnizaciones a los perjudicados. El juez Calama se ha lavado las manos y ha dejado en manos del tribunal esta cuestión.

El caso se refiere a la ampliación de capital que realizó el Banco Popular en 2016 para intentar evitar la quiebra por esos 2.500 millones, en la que el juez instructor encuentra claros indicios de falsedad contable y, por tanto, de estafa a los inversores que pusieron dinero en la entidad sobre la base de unas cuentas que ocultaban su dramática situación real.

Como es sabido, aquella ampliación no fue suficiente (como no lo había sido una similar de 2012), su situación de solvencia provocó una fuga de depósitos que dejó sin liquidez al Popular y finalmente tuvo que ser resuelta en junio de 2017 con la pérdida de todo el dinero de accionistas y bonistas: otros 2.000 millones que se suman a los 2.500.

Éstos pretenden recuperarlo ahora en esta vista que juzgará a los antiguos directivos del banco y a su auditor, PwC y a los socios individuales que auditaban al Popular, a los que considera cooperadores necesarios.

El Banco Santander se quedó con la entidad por un euro (más una ampliación de 7.000 millones) para evitar su disolución y es, por tanto, su heredero universal. Y aquí es donde viene el problema. Si los acusados son declarados culpables y condenados, ¿quién debe hacerse cargo de la responsabilidad civil, es decir, de devolver el dinero a los perjudicados?

Ana Botín ha dicho en reiteradas ocasiones que es un «contrasentido mayúsculo» que el Santander tenga que hacer frente a esta responsabilidad por salvar al popular de la quiebra. Que tendrán que ser los que cometieron los delitos los que afronten ese pago, es decir, los ex directivos encabezados por Ángel Ron y PwC.

Además, concedió a los minoristas que quisieron unos bonos de fidelización por unos 1.000 millones, a cambio de que renunciaran a acciones legales. A su juicio, no tendría sentido tener que asumir la responsabilidad por los 2.500 millones de la ampliación tras haber abonado ya esos 1.000. Finalmente, tiene a su favor reiteradas sentencias del Tribunal de la UE que consideran que no tiene el deber de indemnizar a los perjudicados por la resolución por la vía civil.

Por tanto, ahí tenemos una guerra entre Santander y PwC, y entre las aseguradoras que tienen pólizas de responsabilidad civil con todos los implicados en el caso Popular.

Los argumentos de PwC

La que cubre a la auditora es Lifeguard (propiedad directamente de PwC), que sostiene que ellos no cometieron ningún delito porque su obligación no es detectar fraudes -la pregunta entonces es para qué sirve una auditoría-, que las pérdidas por la resolución del Popular no se pueden achacar a la ampliación de capital y que no están legitimadas para pedir una indemnización las partes que no compraron acciones en dicha ampliación; es decir, los que las compraran después o los bonistas, pese a que también se fiaron de las cuentas falsas.

Lo cual implica que la responsabilidad civil debe caer en la antigua cúpula del Popular y en su heredero, es decir, el Santander. Asimismo, cuestiona la legitimación de la Audiencia Nacional para dirimir estas responsabilidades, que asegura que deben juzgarse bajo la ley inglesa; algo que no suele hacer ninguna gracia a los tribunales españoles.

Para no entrar en estas disquisiciones, el juez Calama no fijó fianzas, sino sólo una responsabilidad civil provisional de 2.277 millones, que se actualizará cuando todas las acusaciones planteen sus reclamaciones. Así, tendrá que ser el tribunal juzgador el que determine las posibles fianzas y establezca quién debe pagarlas finalmente.

Aparte de Lifeguard, hay otro montón de aseguradoras que representan tanto al Santander (Zurich) como a los ex directivos del Popular (Chubb, Liberty y XL Insurance) que, aparte de coincidir en que sus asegurados no han cometido ningún delito y en la falta de legitimación de los bonistas, pretenden librarse de tener que pagar nada por diferentes motivos: que sólo pagan si es responsable penal y no únicamente civil, que hay cláusulas que les permiten eludir el pago, etc.

En todo caso, las cantidades que cubren estas pólizas están a años luz de esos posibles 4.500 millones: la más alta es la de Lifeguard, que sólo llega a 98 millones. Por tanto, si hay condenas y se establece una responsabilidad civil cercana a esos 4.500 millones, tendrán que ser Santander y PwC en persona los que hagan frente a las indemnizaciones (la ex cúpula del Popular perderá todo su patrimonio, pero con eso no hay ni para empezar).