El Gobierno y sus socios se contradicen tres veces en un solo día por la subida de impuestos al tabaco

Sin embargo, durante la jornada del jueves surgió un tercer actor: el ministro Salvador Illa. El titular de la cartera de Sanidad denunció que a lo largo de esta legislatura se va elaborar un Plan Integral de Reducción del Tabaquismo, que ampliará la fiscalidad sobre el tabaco y los productos relacionados con el mismo. En concreto, en este último aspecto, Illa ha recordado que los precios del tabaco en España se encuentran entre los «más bajos» de Europa, con un precio medio de la cajetilla de aproximadamente cinco euros, frente a los 10 euros que tienen en otros países europeos.

«Tenemos margen para equipararnos a buena parte de nuestros socios comunitarios», ha aseverado. ¿Su argumento? Que la Organización Mundial de la Salud ya ha señalado que la subida de los precios es una de las medidas «más eficaces» para la reducción del consumo de tabaco, y que un aumento de los precios del 10% permitiría reducir en un cuatro por ciento el consumo de tabaco en las clases medias y altas, el cual llegaría a un cinco por ciento entre los colectivos más desfavorecidos y hasta en un 18 por ciento en el caso de los jóvenes de 14 años.

Lo único claro es que la subida de impuestos al tabaco, pase lo que pase, ayuda a engordar las arcas públicas, sobre todo en un escenario tiene previsto que el gasto público estatal suba un 7% en el horizonte 2020-2021. La recaudación fiscal derivada del tabaco se mantuvo en 2019 en el entorno de los 9.000 millones de euros. El gravamen sobre los cigarrillos representa casi un 80% del precio final de los mismos (sumando los impuestos especiales y el IVA aplicable).