El Gobierno hace oficial el giro con las tarjetas de crédito: adiós a lo que conocíamos hasta ahora

Durante años, muchos consumidores han visto cómo su banco les hacía llegar una nueva tarjeta de crédito con un crédito mayor al que tenía la anterior, o que eles ampliaba el límite de la tarjeta o activaba líneas de crédito sin haberlas pedido. Era una práctica extendida, casi normalizada, que aparecía entre promociones, campañas comerciales o simples actualizaciones de contrato. Y, aunque no siempre generaba problemas, ha sido una de las puertas de entrada al sobreendeudamiento de miles de familias. Sin embargo, ese escenario ha cambiado ahora por completo.

El Gobierno ha dado un paso que llevaba tiempo queriendo dar y que tiene que ver con el hecho de poner freno a cualquier concesión de crédito que no haya sido solicitada de forma clara y directa por el cliente. Con esto en marcha, ya no valen ampliaciones automáticas, ni tarjetas nuevas que llegan sin previo aviso, ni límites que crecen sin preguntar. El nuevo marco legal quiere recuperar el control para el consumidor, obligando a que cualquier crédito exista únicamente si la persona lo pide. Se trata del anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo que ya ha sido aprobado por el Ejecutivo y que da forma a una reforma mucho más amplia que afecta también a las tarjetas revolving, a las obligaciones de transparencia y a la supervisión de todo el sector. Una reforma que, según fuentes del Ministerio de Economía, pretende que el crédito vuelva a ser una herramienta útil, alejándose así de ser una trampa que se activa sin que el usuario lo vea venir.

El Gobierno hace oficial el giro con las tarjetas de crédito

El texto del anteproyecto de Ley de Contratos de Crédito al Consumo establece una regla sencilla que transforma por completo la relación entre bancos y clientes. En él se especifica de manera clara que queda prohibida cualquier concesión de crédito que no haya sido solicitada previamente por el consumidor. Esto incluye la emisión de tarjetas de crédito, la ampliación del límite disponible o la activación de líneas de financiación incluidas dentro de paquetes comerciales.

Hasta ahora, muchas entidades bancarias ofrecían estas ampliaciones como supuestas mejoras del servicio. En la práctica, generaban situaciones en las que el cliente podía acabar utilizando dinero que no había pedido y sobre el que, además, se aplicaban intereses altos sin haber tenido una decisión real sobre ello. Sin embargo ahora con la nueva ley, esa puerta queda cerrada y si el cliente desea una nueva tarjeta, o una línea de crédito tendrá que ser este el que la solicite o el que pregunte qué opciones tiene al respecto.

¿Podrán seguir ofreciendo créditos preautorizados? 

Hay que dejar claro que la medida no elimina la oferta comercial. Los bancos podrán seguir mostrando en la app o en la web que el cliente tiene acceso a un crédito preaprobado. Pero la clave es otra y es que ese crédito no podrá activarse hasta que el consumidor lo acepte expresamente o hasta que se comunique con el banco para decir que está interesado en poder activarlo. Es decir, la publicidad se mantiene, la activación automática desaparece, dado que la decisión vuelve a manos del usuario.

Límites también al coste de las tarjetas revolving

Por otro lado, entre los puntos más delicados de la nueva normativa están las tarjetas revolving, un producto que ha generado miles de litigios y sentencias por intereses considerados usurarios. La reforma introduce por primera vez límites al coste del dinero y topes a los descubiertos bancarios, además de reforzar las obligaciones de transparencia.

Con ello, el objetivo es doble: frenar las cuotas eternas que avanzan muy despacio y evitar que los intereses se conviertan en una bola imposible de asumir para quienes ya tienen dificultades económicas. Además, la supervisión del Banco de España se extenderá a todas las empresas que concedan crédito al consumo, incluidas plataformas digitales y prestamistas no bancarios.

Un panorama de endeudamiento que preocupaba al Gobierno

En los últimos años, el uso de crédito fácil se ha disparado. Comprar a plazos se ha convertido en algo cotidiano, las tarjetas se utilizan para casi todo y muchos hogares han ido acumulando pequeños préstamos que, sumados, pesan más de lo que parece. A la vez, los tribunales han tenido que intervenir en numerosos casos de tarjetas revolving, señalando intereses desproporcionados y un funcionamiento que dejaba al consumidor en clara desventaja. Todo ello ha encendido las alarmas sobre la falta de control en este tipo de productos. Con este panorama de fondo, el Gobierno desea que ninguna financiación se active sin que el cliente lo decida y que el acceso al crédito deje de ser una puerta abierta por defecto. De este modo, las familias podrán tener la capacidad de decidir cuánto y cómo quieren endeudarse, evitando situaciones que en muchos casos ni siquiera habían elegido.