El Gobierno esperará a Bruselas para decidir sobre la fusión de Iberia y Air Europa

La posibilidad de que Bruselas vete de nuevo la compra de Air Europa por IAG para fusionarla con Iberia es un hecho, y el Gobierno lo sabe. Por eso mantiene, hasta el momento, un silencio extraño sobre esta operación, toda vez que se ha pronunciado sobre las distintas entradas de capital extranjero en empresas españolas: Telefónica, Naturgy, Talgo…

Las reservas mostradas por la Comisión Europea en su último informe respecto de la operación entre las dos aerolíneas son difíciles de subsanar, pero IAG está dispuesta «a ceder el 40% de las rutas de Air Europa» a cambio de permitir que se produzca la fusión. De esa forma espera convencer a Bruselas, pero el escollo no es tan sencillo. Por eso, fuentes del Ejecutivo han asegurado a OKDIARIO que «es pronto para pronunciarse, o incluso para buscar alternativas» para defender a la aerolínea española ante la entrada del capital qatarí de IAG, aunque lo «sea una operación en la que se tomará una decisión» pensando en el interés general.

Negociación entre aerolíneas

Uno de los elementos que ponen en peligro la operación es la posibilidad de que las aerolíneas que entren a cubrir las rutas de las que se desprenda IAG no cumplan el mismo tipo de servicio ni ofrezcan la misma calidad que Air Europa hasta la fecha. Que Ryanair o cualquier otra aerolínea de bajo coste pudiera pujar por esas rutas no equilibra el servicio, y si las grandes aerolíneas pujan por las rutas a Oriente Medio o a Estados Unidos, pudiera darse la circunstancia de que también incurrieran en problemas de competencia. El Ejecutivo español «es consciente de todo esto» y considera «precipitado» adoptar una posición De hecho, desde el Ministerio de Economía, se muestran todavía más prudentes. Carlos Cuerpo y su equipo se limitan a guardar silencio, porque «primero  debe decidir la Comisión Europea».

Ante esta tesitura, las directivas de las cos compañías guardan la respiración. Bruselas ha recibido la contestación de IAG a las reservas que interpuso y por las cuales veía inviables la operación -falta de rutas a Baleares y Canarias, ausencia de competidor en Oriente Medio y EE.UU. o pérdida de calidad en muchas de esas rutas-, y tiene de plazo hasta el 15 de julio para contestar. Según ha podido saber este diario, la Comisión no esperará tanto, y se pronunciará «la segunda o tercera semana de junio».

Relación IAG-Air Europa

El entendimiento entre directivas y la voluntad de cumplir lo pactado impera entre IAG y Air Europa, pero el extraordinario beneficio de las aerolíneas y la recuperación de la española hasta alcanzar resultados récord, hacen que en el Gobierno sobrevuele la sensación de que, «ahora sí, se estaría perdiendo una aerolínea española con un enorme potencial».

Lo cierto es que la operación se produjo cuando las circunstancias eran otras, y que es el segundo intento por parte de IAG de terminar absorbiendo a Air Europa. El primero lo frustró, precisamente, la Comisión Europea.

Último escollo legal

En todo caso, y si finalmente se produjera el visto bueno por parte la Comisión Europea, preocupada «porque se vean afectadas unas rutas que tienen un gasto anual de más de 3.000 millones de euros», lo cierto es que el Ejecutivo español tendría la última palabra.

Dada la composición del accionariado de IAG, desde Summons Abogados, Borja García Rato y José María Espinosa apuntan al «problema de titularidad de la aerolína». Al pertenecer «a residentes de países de fuera de la Unión Europea y de la Asociación Europea de Libre Comercio, la operación podría considerarse como inversión extranjera». Se entenderá «que existe esa titularidad real cuando estas personas físicas posean o controlen en último término, directa o indirectamente, un porcentaje superior al 25% del capital o de los derechos de voto del inversor, o cuando por otros medios ejerzan el control, directo o indirecto, del inversor». Así las cosas, y dado el porcentaje que posee Qatar Airways en IAG, se «podría activar el régimen de autorizaciones previo por estar el inversor extranjero controlado por el gobierno de un tercer país».

En concreto, y por esto el Gobierno sabe que tiene la última palabra, la operación se consideraría «una inversión extranjera en los términos del artículo 7 bis de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior». El Consejo de Ministros se guarda esa última bala, aunque espera no tener que utilizarla.