El Ministerio de Fomento ha decidido coger el toro por los cuernos y ha aprobado finalmente un Real Decreto Ley de reforma del sector de la estiba que dinamita el régimen que ha permitido a los trabajadores de los puertos españoles mantener un sistema similar al de los extintos sindicatos verticales, mediante sociedades de gestión que deciden quién puede trabajar, con qué sueldo y para qué empresa.
El texto de la reforma aprobada el pasado viernes en Consejo de Ministros ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y a partir de ahora el Gobierno dispone de un mes para conseguir su refrendo en el Parlamento. El texto ha sido enviado a la Comisión Europea, que ha avanzado ya a las autoridades españolas que, en el caso de que sea aprobado en el Congreso, permitirá la retirada del proceso sancionador que contempla una multa de 134.000 euros diarios.
El nuevo Decreto Ley elimina la actual obligatoriedad de que las empresas de mercancías que trabajan en los puertos contraten a los estibadores a través de las sociedades anónimas de gestión (las Sagep), aunque se establece un periodo transitorio de tres años para permitir un “tránsito ordenado facilitando que los trabajadores de las Sagep conserven sus derechos laborales preexistentes en el nuevo escenario de libertad competitiva”.
En la actualidad las navieras deben entrar en el capital de las Sagep de forma obligada si quieren contratar los servicios de estiba y adaptarse a los salarios y turnos laborales que establezcan las citadas sociedades. Las Sagep establecen barreras a la entrada de nuevos profesionales y al colectivo sólo se puede acceder a través de enchufes, contrataciones a dedo y amiguismo. En España sólo hay 6.156 estibadores y cada nueva incorporación se realiza de forma endogámica para controlar este régimen de monopolio. Es con esto con lo que quiere acabar el nuevo Real Decreto Ley.
“Durante el periodo transitorio, podrán subsistir las Sagep y a fin de que puedan financiarse (…) se establece la obligación para las empresas titulares de licencia de prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías de requerir el concurso de los trabajadores procedentes de aquellas en un porcentaje decreciente con el transcurso del tiempo, que comienza con un75%, para las actividades que hasta el momento se venían realizando con dicho personal”, indica el texto legislativo.
Una vez concluido el periodo transitorio las Sagep podrán subsistir, pero los operadores ya no estarán obligados a participar en ninguna empresa de puesta a disposición de trabajadores portuarios y podrán contratar a éstos con plena libertad, siempre que se cumplan los requisitos orientados a asegurar su capacitación profesional. En concreto, será necesario un certificado laboral para los nuevos estibadores que no hayan desempeñado más de 100 jornadas en un puerto europeo. Los que hayan trabajado estas jornadas estarán capacitados.
Además, atendiendo a las recomendaciones del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Real Decreto contempla la creación de los centros portuarios de empleo (CPE), “cuyo objeto será precisamente el empleo regular de los trabajadores portuarios en el servicio de manipulación de mercancías, así como su formación y cesión temporal a empresas titulares de licencia de prestación” del citado servicio en los puertos
Estos centros operarán como empresas de trabajo temporal específicas para el sector precisando la autorización de la Administración laboral exigida para este tipo de compañías. La nueva norma deja claro que “las empresas estibadoras no tendrán la obligación de participar en los centros que se creen, ni tampoco la de contratar a los trabajadores puestos a disposición por ellos de forma prioritaria”.
Los sindicatos de la estiba han respondido a esta reforma anunciando un calendario de 16 jornadas de paros en los puertos españoles, que se han programado para tres semanas de este mes de mayo y junio, después de que se produzca la convalidación del Decreto de reforma del sector en el Congreso, fijada en principio para el 18 de mayo.
Los sindicatos protestan porque la nueva normativa acaba con su posición de privilegio en el mercado laboral español. Hasta ahora su propia estructura de funcionamiento estaba blindada ante la entrada de nuevos competidores conformando una casta que durante años ha logrado abstraerse de las reformas liberalizadoras del resto de sectores económicos, logrando unas condiciones de trabajo completamente desorbitadas.
Un sueldo medio que ronda los 70.000 euros al año (y que en algunos casos es casi el doble de esta cantidad), contrataciones a dedo por nepotismo y jornadas laborales en los que sólo se trabaja un 75% de lo estipulado son algunos de los privilegios de los estibadores españoles que han provocado la ira de las autoridades europeas.
