Los gestores administrativos alertan de una «avalancha de concursos de acreedores en noviembre»

La incertidumbre que han generado las medidas del Ejecutivo desde que la pandemia comenzó a dar sus primeros coletazos ha provocado una avalancha de consultas de los empresarios en los despachos de abogados con el objetivo de preparar la reconstrucción de sus negocios antes del mes de septiembre. No obstante, los gestores administrativos avisan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que estas consultas se van a convertir en concursos de acreedores en el mes de noviembre.

En concreto, el presidente de los gestores administrativos, Fernando Jesús Ollero, ha explicado a OKDIARIO que «la avalancha de concursos de acreedores llegará en noviembre, aunque la crisis del coronavirus ha provocado que se produzca un goteo incesante de este tipo de procedimientos judiciales desde el mes de mayo», pero destaca que «los negocios con pequeños acreedores van a desaparecer sin procesos judiciales porque les sale más caro recurrir a la justicia que perder la deuda».

No obstante, Ollero destaca que «la proliferación de los rebrotes y el aumento de los contagios por coronavirus en las últimas semanas ha provocado que el tejido empresarial español se enfrente al otoño con una importante falta de liquidez» y asegura que «la caja de las empresas no aguantan más».

Fin de la cortesía empresarial 

«Los plazos prudenciales para pagar a los proveedores terminan en el mes de septiembre y muchas empresas no han podido hacer frente a estas facturas por la caída de la facturación». Explica que «estos impagos provocarán un goteo de demandas en los juzgados, tras el fin de la cortesía empresarial». Un escenario que provocará que un alto porcentaje de empresas se declaren insolventes por el impacto de la crisis del coronavirus.

En un contexto en el que se ha conocido que España será el país que registre un mayor incremento en el número de insolvencias de empresas durante 2021, con un alza del 44%, según las últimas estimaciones realizadas por Crédito y Caución. En concreto, durante 2020 el número de insolvencias en España se elevará un 30%, colocándose como el séptimo país del mundo con un mayor incremento.

«Durante el primer semestre, las medidas adoptadas por los gobiernos han reducido el incremento esperado de las declaraciones de quiebra modificando los umbrales de presentación, reduciendo la capacidad del deudor para forzar la quiebra o proporcionando suficiente apoyo financiero para retrasar su presentación», explicaba el documento de Crédito y Caución. Sin embargo, a medida que los programas de apoyo empiezan a expirar, la misma firma estima que el número de solicitudes de insolvencia empresarial aumentarán «rápidamente».

Medidas urgentes

Ante este escenario, el presidente de los gestores administrativos pide al Ejecutivo de Pedro Sánchez «claridad y rapidez a la hora de definir un plan específico para salvar a las empresas de la de la quiebra», tras conocerse que el Ejecutivo prevé que España no superará la crisis económica al menos hasta 2023. «Lo que preocupa a las pequeñas empresas es si podrán aguantar con su negocio abierto un mes más y quién pagará la nómina de su trabajadores», explica.

Por su parte, Ollero exige a Sánchez que «llegue cuanto antes a un acuerdo con los agentes sociales y sindicatos para prolongar los expedientes de regulación de empleo temporal (ERTE) más allá del 30 de septiembre en todos los sectores, no sólo en los más golpeados por la pandemia», y añade que «si el Gobierno no actúa con urgencia esto va a ser una hecatombe».

El Gobierno, patronal y sindicatos se reunirán el 4 de septiembre en Palma de Mallorca para negociar la prórroga ERTE. «La única solución para evitar una sangría de cierres es extender este mecanismo como mínimos hasta Semana Santa de 2021 y hacer un modelo a la alemana», concluye Ollero.