Acciona y FCC revolucionan el ‘caso Acuamed’: piden al juez que abra una pieza separada de sus causas

Las constructoras FCC y Acciona, las dos más grandes entre las supuestamente implicadas en el llamado caso Acuamed, han enviado sendos escritos al juez de la Audiencia Nacional que instruye el proceso, Manuel García Castellón, donde le piden que abra una pieza separada para investigar sus causas, las referidas a la desaladora de Torrevieja -Acciona- y la descontaminación del embalse de Flix -FCC-. Esta petición ha sorprendido al resto de acusados puesto que el proceso está a un paso de cerrarse tras más de seis años y medio de instrucción.

Tanto Acciona como FCC -acusadas como el resto de constructoras de supuestamente pactar sobre precios con la ex cúpula de la firma pública a cambio de regalos-, se han unido en solicitar una prórroga de tres meses más a la fase actual de la instrucción, que empezó en 2015 y la fiscal, Inmaculada Violán, aún no ha cuantificado cuál es el daño a las arcas públicas de este supuesto fraude. También se han apoyado mutuamente en la reciente solicitud al juez de abrir una pieza separada de sus respectivas causas -lo que evitaría que aparecieran entre los implicados al inicio del juicio oral de la macrocausa-.

El pasado 14 de octubre fue FCC quien presentó un escrito a la Audiencia Nacional pidiendo la apertura de una pieza separada para investigar la descontaminación del embalse de Flix. Este lunes, 27 de diciembre, ha sido Acciona quien ha apoyado el escrito de FCC y ha pedido también que se abra una pieza separada para su causa.

La constructora que preside José Manuel Entrecanales alega en su escrito, al que ha tenido acceso este diario, que «nos encontramos ante un procedimiento muy extenso en el que los hechos investigados afectan a la construcción de varias obras, que no guardan relación entre sí, y que cada una por separado ya presenta una elevada complejidad y afecta a múltiples personas que adquirieron la condición de investigados tras los iniciales informes de los investigadores policiales».

«La investigación de hechos distintos entre sí, con tantos investigados y tanta documentación que analizar, dificulta enormemente la realización de un análisis pormenorizado e individualizado de los indicios delictivos que presuntamente afectan a cada uno de los investigados. Por este motivo, al amparo de lo dispuesto en el artículo 762.6 Ley de Enjuiciamiento Criminal, entendemos que resulta procedente a fin de «simplificar y activar el procedimiento» la formación de piezas separadas», argumenta.

Seis años y medio de instrucción

A la espera de lo que decida el juez García Castellón sobre la prórroga de la instrucción del caso y la apertura de piezas separadas, otros acusados ya se han opuesto a esta medida, alegando que la instrucción lleva seis años y medio y que está a un paso de finalizar ya que sólo queda la ratificación de los informes periciales sobre los costes de las obras -clave para determinar si Acuamed pagó un sobre precio-.

Argumentan los críticos que abrir una pieza separada con el argumento de que se puede investigar mejor no es coherente con el hecho de que la instrucción lleve seis años y medio y está a un paso de acabar. Además, señalan que se producirían peticiones de prueba repetidas y se retrasaría una sentencia para un caso que empezó con varios acusados en la cárcel y con fianzas estratosféricas y ya está con varios directivos libres del caso y sin fianzas. Además, para algunos de los acusados, la ex cúpula de la firma, supondría tener que sufrir una decena de juicios por cada pieza separada.

El caso Acuamed u Operación Frontino surgió en 2015 como un supuesto caso de corrupción del PP, que fue utilizado por el entonces en la oposición Pedro Sánchez para desgastar al presidente, Mariano Rajoy, a cuenta de la corrupción. Casi siete años después, el proceso se ha dado la vuelta y los tres directivos que hicieron la acusación ante Anticorrupción han hecho declaraciones diferentes y dos, Azahara Peralta y Gracia Ballesteros, están imputadas en otras piezas separadas del caso por supuestamente favorecer a la constructora Contratas Vilor con concursos públicos, justo de lo que acusaban a sus antiguos jefes en Acuamed.