Ofensiva de Acciona y FCC para ‘liberar’ a sus ejecutivos de las acusaciones de fraude en el ‘caso Acuamed’

Acciona y FCC, las dos grandes constructoras nacionales investigadas en el llamado ‘caso Acuamed’, han lanzado una ofensiva judicial ante la Audiencia Nacional para demostrar la inocencia de sus altos cargos imputados, acusados por supuestamente dar sobornos a la ex cúpula de esta empresa pública a cambio de inflar el precio de las obras adjudicadas.

Cuatro altos cargos de ambas constructoras fueron detenidos en enero de 2016, junto a ejecutivos de Acuamed y de otras contratistas más pequeñas, y continúan a la espera de que se cierre la instrucción del caso, todavía abierto más de cuatro años después. De hecho, a día de hoy, ni siquiera se han realizado los peritajes de las obras bajo sospecha, algo vital para determinar si realmente se han inflado los precios y se ha perjudicado a las arcas públicas.

La constructora que preside José Manuel Entrecanales ha presentado en el juzgado este miércoles un escrito de 118 páginas, al que ha tenido acceso este diario, en el que desmonta uno a uno los argumentos de la acusación sobre las supuestas irregularidades en la obra de la desaladora de Torrevieja, adjudicada a Acciona por 260 millones y que entró en servicio en agosto de 2015.

Según la acusación, la ex cúpula de Acuamed aprobó pagar una liquidación de la obra -habitual en este sector cuando la constructora entrega la obra al adjudicatario- por valor de 8,9 millones de euros, precio superior al valor de las obras ejecutadas. Además, le acusa también de pretender pagar a la constructora ocho millones de euros en sobrecostes, algo que Anticorrupción considera improcedente. Todo esto, a cambio de invitaciones al fútbol por parte de Acciona al ex director general de Acuamed, Arcadio Mateo. Están imputados el consejero delegado, Luis Castilla, y el director de Construcción, Justo Vicente.

Acciona destaca en el escrito de alegaciones entregado al juez que las conversaciones con la ex cúpula de la firma para pactar el pago de los sobrecostes y la liquidación de la obra forman parte de lo habitual en el sector y están avaladas por el contrato de adjudicación. Además, Acciona destaca que esa negociación fue «beneficiosa» para Acuamed, para las arcas públicas, puesto que la constructora «habría renunciado a un importe muy significativo de los sobrecostes que tuvo que asumir durante toda la vida de la obra (derivados, esencialmente, del enorme retraso que hubo por causas ajenas al contratista)», dice en el escrito.

Además, la constructora señala que la ex cúpula de Acuamed les obligó a firmar una modificación en el contrato para cerrar la liquidación y la aceptación de los sobrecostes. «En ese modificado, la UTE renunció a la prima por eficiencia energética a la que por contrato tenía derecho durante los 15 años de explotación de la planta. Una prima que, a día de hoy, como se expone en el informe pericial emitido por la entidad KPMG y que se acompaña al presente escrito como documento nº 1, ya asciende a 9,4 millones de euros, quedando aún nueve años de explotación en los que lógicamente esa cifra seguirá incrementándose», explica Acciona. En total, en los 15 años, como muestra el gráfico, 41,1 millones de euros.

«El alto importe de esta renuncia asumida por el contratista excluye por sí solo cualquier alegación sobre un eventual perjuicio para Acuamed como consecuencia de la liquidación de la obra de la desaladora de Torrevieja. Pero es más, también sirve como ejemplo claro de que los responsables de Acuamed no buscaban el beneficio del contratista», destaca.

Acciona destaca un elemento más para desmontar la acusación, clave en su opinión: «¿Qué interés tenían los responsables de Acuamed en perjudicar a dicha sociedad en beneficio de la constructora?», se pregunta. «¿Por el hecho de que en ocasiones muy puntuales fuera invitado por Acciona a algún partido de fútbol? Es evidente que no», señala. En definitiva, Acciona no fue beneficiada, sino perjudicada al renunciar a 41 millones de euros, y la ex cúpula de Acuamed no sólo no perjudicó a las arcas públicas sino que no recibió ni un regalo a cambio.

FCC

La constructora que preside Esther Alcocer Koplowitz y controla el mexicano Carlos Slim también ha registrado un escrito en el juzgado para defender su actuación en dos obras: la descontaminación del embalse de Flix (Tarragona) y la construcción de la desaladora de la Baja Almanzora (Almería), por la que están acusados el responsable en Cataluña de FCC y el ex jefe de FCC España, ya fuera de la compañía.

La acusación sostiene que la ex cúpula Acuamed y FCC falsificaron facturas en Flix para pagar un sobrecoste a la constructora en Almería. Para desmontar esa acusación, el escrito presentado por FCC en junio demuestra que la obra de descontaminación del pantano ya estaba finalizada cuando la ex cúpula de Acuamed aceptó pagar la liquidación -la ‘entrega’ de la obra-, algo que pone en cuestión Anticorrupción y en lo que basa el supuesto trato de favor de la ex cúpula de la empresa pública a FCC.

La constructora ya ha ganado dos laudos que demuestran que la obra estaba terminada. Pero, además, ahora aporta un nuevo informe realizado por Intecsa Inarsa en el que refleja que Acuamed ha dilapidado 47 millones de euros en contratar a Tragsa en 2017 para que finalizara una descontaminación que ya estaba concluida. La base para contratar a Tragsa era un informe de Ciemat que aseguraba que todavía quedaban 33 toneladas de residuos, contradiciendo otros informes del CSIC que determinaban que sólo quedaban seis toneladas.

Según el informe aportado por FCC, Tragsa ya ha finalizado su trabajo y sólo ha recuperado tres toneladas de las supuestas 33 que todavía quedaban en el fondo del pantano. La conclusión de la constructora es que la actual cúpula de Acuamed, Francisco Barratech, ex directivo de Tragsa, «ha gastado 47 millones de dinero público en trabajos superfluos e innecesarios».