Escrivá recupera poder: controlará el 10% de Telefónica con la nueva SETT y pone los ojos en Indra

José Luis Escrivá ha hecho una jugada con la que pretende recuperar parte del poder perdido en la formación del Gobierno tras las elecciones de julio. Tras verse relegado a un ministerio menor, el de Transformación Digital, la creación de la llamada Sociedad Española para la Transición Tecnológica (SETT) va a permitir a Escrivá controlar el 10% de Telefónica e incluso el 25% de Indra, actualmente en manos de la SEPI.

La formación del nuevo Gobierno de Pedro Sánchez tuvo como principal perjudicado a Escrivá, que se quedó sin el departamento de mayor presupuesto, Seguridad Social, y tuvo que conformarse con lo que era una secretaría de Estado del Ministerio de Economía (aspiraba a suceder a Calviño, pero Sánchez se decantó por Carlos Cuerpo), a la que se añadió Función Pública para darle algo más de empaque.

Escrivá tenía sus esperanzas puestas en que se tratara de un cargo transitorio antes de ser nombrado gobernador del Banco de España cuando finalice el mandato de Pablo Hernández de Cos en junio. Sin embargo, se trata de un puesto muy goloso para el que hay muchos candidatos: la actual subgobernadora, Margarita Delgado, que cuenta con el plus de ser mujer; el presidente de la EBA, José Manuel Campa; o el actual consejero del Banco Sabadell, David Vegara.

Ante la incertidumbre sobre este nombramiento, Escrivá ha convencido a Sánchez para crear la nueva SETT -aunque finalmente se aprobará en el Consejo de Ministros del próximo martes- para incrementar exponencialmente el poder de su ministerio, según fuentes conocedoras de la situación. Algo que conseguirá a costa de María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, de quien depende la SEPI y que perderá el control sobre la participación que el Estado adquiera en Telefónica en favor de Escrivá.

Para camuflar este objetivo, esta sociedad integrará otros vehículos ya existentes dentro del caos que es el reparto de los fondos europeos y las subvenciones tecnológicas: la Sociedad Estatal de Microelectrónica y Semiconductores (SEMyS), que gestiona el Perte del microchip (12.000 millones de fondos europeos); el fondo NexTech para la inversión en empresas de innovación tecnológica (4.000 millones); y el fondo del Hub Audiovisual (1.700 millones).

La justificación formal para crear el nuevo ente público es «reforzar la soberanía tecnológica desde un punto de vista estratégico». Según el ministro, el objetivo de la nueva entidad será ir siempre de la mano del sector privado e invertir en proyectos a medio y largo plazo que, actualmente, tienen dificultades para encontrar financiación. Unos fines que no incluyen en absoluto la gestión del 10% del capital de Telefónica, algo que no llegó a confirmar el ministro, pero admitió que «no tiene sentido».

«Si no van a meter ahí la participación de Telefónica, no tiene ningún sentido crear una sociedad nueva, con las que ya existen hay más que de sobra. Ni tampoco hacen falta los 20.000 millones con que estará dotado», sostiene una de las fuentes. No obstante, casi con toda seguridad, no se gastará todo ese dinero, como pasó con los 10.000 millones del fondo de rescate de empresas durante la pandemia.

Indra, posible objetivo

Éstas añaden que los planes de Escrivá van más allá de la operadora: «El siguiente gran objetivo de Escrivá tras Telefónica puede ser Indra», aseguran. Se refieren al traspaso de la participación actual del Estado, de 25,16%, de la SEPI a la nueva SETT, algo que tendría todavía más sentido que la de Telefónica dada la filosofía de la nueva sociedad.

Ahora bien, este traspaso puede suscitar suspicacias en otro miembro del Gobierno: Margarita Robles, ministra de Defensa. Indra es una empresa estratégica para la defensa nacional y, aunque ahora mismo no tiene ningún ministerio concreto que tutele esta participación (al ser minoritaria), Robles pretende tener la última palabra sobre lo que se haga en la compañía. Cabe recordar que es ella quien debe dar la autorización para que la saudí STC llegue al 10% de Telefónica por los contratos de esta última con Defensa.

Como ha venido informando OKDIARIO, Indra se encuentra en medio de un torbellino de fuerzas contrapuestas. Por un lado, el Ejecutivo quiere crear un gran conglomerado de defensa en torno a ella, donde se incluya a ITP Aero -de la que ya adquirió un 9,5% en agosto- y parte de Navantia. Por otro, quiere salir del capital el dueño de Prisa, el fondo Amber de Joseph Oughourlian, ante la negativa de Marc Murtra de escindir y vender la parte de tecnología civil (Minsait).

Todo esto aderezado con la misteriosa participación del 10,58% adquirida por JP Morgan y la reciente dimisión del director financiero. De ahí la importancia de controlar la participación estatal desde uno u otro ministerio.

Una posible solución a todos estos líos, aunque a día de hoy meramente especulativa, sería el incremento de la participación del Estado, actualmente del 25,16%.

Ahora bien, pasarse del 30% exigiría lanzar una opa por el 100%, porcentaje que se reduciría si otros accionistas como Escribano (que posee el 8%) o SAPA Placencia (7,9%) mantienen sus posiciones. Si estos no venden, y a los precios actuales, una eventual opa sobre Indra en esas condiciones tendría un coste de unos 1.700 millones para el Estado.