La era Sánchez llena España con 400.000 funcionarios más que cuestan 20.000 millones al año

Desde que Pedro Sánchez está en La Moncloa, España ha sumado otros 400.000 funcionarios, lo que ha elevado la cifra total de empleados públicos por encima de los 3,5 millones. Pagar a toda esa plantilla sale por 122.000 millones de euros al año. En 2022, último ejercicio con las cuentas cerradas, la factura ascendió a 121.674 millones de euros. Este 2023, la cifra será todavía superior contando los incrementos salariales. Y más aún si sigue expandiéndose el empleo público. Esos 400.000 empleados con los que ha engordado el sector público español desde que gobierna Pedro Sánchez conllevan un coste extra de 20.000 millones de euros cada año, según los datos oficiales a los que ha tenido acceso OKDIARIO.

Cuando el líder del PSOE se convirtió en presidente del Gobierno con la ayuda de independentistas, comunistas y proetarras, con la moción de censura con la que derribó a Mariano Rajoy el 1 de junio de 2018, España tenía en nómina a 3.117.800 funcionarios, entendidos estos en el sentido amplio del término, el de empleados públicos. Es decir, incluyendo tanto funcionarios de carrera en sentido estricto –los que tienen plaza ganada por oposición– como los interinos, los eventuales de designación política y los asalariados en el grueso entramado de empresas públicas que dependen del Gobierno central, de los autonómicos y de los locales –ayuntamientos, diputaciones, consejos, cabildos insulares y agrupaciones de municipios–.

Ahora, cinco años después, la España gobernada por Sánchez tiene un total de 3.517.700 funcionarios, de los que 1,1 millones son interinos. Es decir, están asalariados en las administraciones o en sus empresas públicas sin haber ganado su plaza por oposición. En nuestro país están a sueldo público 1,1 millones de interinos, una fórmula de contratación mucho más laxa en los procedimientos de selección y, por tanto, más susceptible del enchufismo.

El sector público que depende del Gobierno central tiene actualmente en nómina a 576.800 asalariados, 17.900 más que hace cinco años. Por su parte, las comunidades autónomas han superado la cifra de los dos millones de funcionarios. El 1 de junio, según las estimaciones del INE, ascendían a 2.073.700 los empleados públicos autonómicos, 300.000 más que hace cinco años, un quinquenio en el que el Ejecutivo de Sánchez ha optado por aliviar los controles y la contención tanto en la contratación como en el gasto público en su conjunto.

Por su parte, las administraciones locales suman actualmente una plantilla de conjunto de 699.000 trabajadores, 61.000 más que cuando Pedro Sánchez se instaló en La Moncloa. Y, por último, el entramado de empresas públicas estatales, autonómicas y locales tienen a nómina a 152.300 personas, en números redondos 20.000 más que hace cinco años.

Indigesta factura

En 2017, el último año contable completo antes de que Sánchez llegara al poder, pagar a los empleados públicos de España salía por 98.141 millones de euros. En 2022, esa misma factura alcanzó los 121.674 millones de euros, un 24% más, 23.500 millones más en cifras absolutas.

Por administraciones, la mayor expansión del gasto de personal se ha registrado en las autonomías. De conjunto, se ha incrementado en un 31%, 18.324 millones más que hace cinco años, hasta alcanzar en 2022 los 77.182 millones de euros. La independentista Generalitat catalana, alimentada por el Gobierno de Sánchez con continuas y privilegiadas inyecciones de fondos, destaca entre las especialmente desbocadas en incrementar la cifra de funcionarios: su factura ronda ya los 10.000 millones de euros, 2.4000 millones más que cuando Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, un incremento de más del 32%.

Por su parte, las entidades locales se gastaron el año pasado en pagar a sus empleados 25.028 millones de euros, 1.710 millones más que hace cinco años, lo que supone un incremento del 7,3%, mucho más moderado que el repunte del 22% que ha acumulado el gasto de personal en la Administración General del Estado. Los empleados públicos estatales costaron el año pasado 19.465 millones, 3.500 millones más que ahora.