Repsol va a la guerra contra la CNMC tras la sanción de 20 millones: «Es arbitraria, sin rigor ni precedentes»

La petrolera Repsol ha respondido con dureza a la multa impuesta por la CNMC, una sanción que califica de «histórica, arbitraria y carente del más mínimo rigor jurídico». La compañía rechaza «de forma tajante» la resolución del regulador y anuncia que la recurrirá ante la jurisdicción contencioso-administrativa, convencida de que los tribunales acabarán dándole la razón.

Según el comunicado oficial de Repsol, la decisión del Consejo de la CNMC se apoya en «un relato parcial y descontextualizado», con errores de método y de derecho, que ignora el contexto excepcional de 2022 y no acredita ni posición de dominio ni efectos reales de exclusión en el mercado. La petrolera recuerda que actuó con transparencia y en beneficio directo de los consumidores, en el peor momento de la crisis inflacionaria, aplicando descuentos masivos que superaron los 450 millones de euros, comunicados públicamente y supervisados por la propia Administración .

Una sanción nunca vista en Competencia

Repsol subraya que se trata de un precedente sin parangón: «Es la primera vez en la historia del derecho de la competencia nacional y comunitaria que se sanciona a una compañía por aplicar descuentos», una práctica no solo legal, sino exigida por el Real Decreto-ley 6/2022 y «vigilada durante todo ese ejercicio por la dirección de Energía de la CNMC». A juicio de la compañía, castigar una conducta legal y supervisada «desnaturaliza el sentido de la norma», desincentiva respuestas empresariales responsables ante futuras crisis y puede acabar limitando los descuentos en numerosos sectores económicos .

Fuentes del sector explican que «hay que poner en duda» la definición del mercado utilizada por el regulador. La CNMC «infla artificialmente» la cuota de Repsol mezclando productos y clientes, cuando el mercado mayorista español de aprovisionamiento de gasóleo A a estaciones independientes es, según defiende, abierto, transparente, con importaciones significativas y con una capacidad logística ampliamente accesible. Si se atiende al segmento correcto, la cuota de Repsol rondaría el 25% en 2022, muy por debajo de los umbrales que históricamente han sustentado sanciones por abuso de posición de dominio.

Sin pruebas de daño a la competencia

Otro de los pilares de la respuesta de Repsol es la ausencia de pruebas de impacto real en la competencia. La CNMC identifica únicamente doce estaciones de servicio de tres operadores en cuatro entornos locales seleccionados de forma arbitraria, algo que, según fuentes de la empresa, no acredita ni exclusión real ni potencial. De hecho, los propios operadores citados (Andamur, Arria y AS24) aumentaron ventas y resultados en el periodo analizado, operaron con márgenes positivos y contaron con alternativas de suministro. Uno de ellos, AS24, reconoció expresamente ante la CNMC que no había sufrido ningún «pinzamiento», extremo que el regulador habría ignorado .

Repsol recuerda además que la propia CNMC admite en su resolución que no hubo márgenes negativos ni salidas del mercado, y considera llamativo que el organismo parezca más preocupado por los resultados de determinados competidores que por el ahorro que los descuentos supusieron para millones de consumidores. Todo ello, en un contexto en el que las estaciones de servicio independientes no dejan de ganar peso: a finales de 2024, el 45% de las gasolineras en España ya eran independientes, según datos del propio regulador .

Críticas del sector

Fuentes del sector energético van más allá del análisis jurídico y político del expediente y apuntan directamente al Gobierno. «Esto es una maniobra del Gobierno», explican, «que vuelve a aprovechar los organismos públicos supuestamente independientes para sus intereses». Consideran que es «un nuevo ejemplo de instrumentalización de estos organismos, como hemos visto con la Fiscalía General del Estado, el CIS, el Tribunal Constitucional, la CNMV…».

Las mismas fuentes consideran que se trata de “un intento del Gobierno de limitar la posición de Repsol”, una compañía que ha sido firme en asuntos incómodos para el Ejecutivo, como la denuncia del fraude en la venta de combustibles (actualmente en la Audiencia Nacional), la defensa de una transición energética realista o las críticas a la política fiscal del Gobierno.. De hecho, a todo el sector le llama la atención que «la sanción sólo afecte a Repsol, cuando la denuncia inicial por abuso de posición de dominio colectiva era contra Repsol, Cepsa y BP».

Por su parte, Repsol acusa al regulador de haber vulnerado su derecho de defensa durante la instrucción, al facilitar versiones del expediente con documentos confidenciales o parcialmente censurados, esenciales para ejercer una defensa plena, en contra del artículo 24.1 de la Constitución y de los principios fundamentales del Derecho de la Unión Europea. Un proceder que, a juicio de la compañía, refuerza la sensación de que la resolución «parece más una represalia» que una decisión técnica independiente.