Depilife acusa a las franquicias que le denunciaron por falta de licencias de mentir y robarle sus máquinas

Depilife desmiente las acusaciones de una serie de franquicias «organizadas» que la han denunciado ante la Agencia Tributaria por, supuestamente, no dejarles consultar las facturas. Estas personas también alegaron que no podían ofrecer determinados servicios por falta de licencias. Sin embargo, el grupo ha argumentado a OKDIARIO con documentación probatoria que todos los datos de facturación se remitieron en tiempo y forma y que la solicitud de licencias se hizo correctamente. Por otro lado, la empresa ha denunciado a su vez a estas franquicias por «robar varias máquinas», las cuales estaban en posesión de los afectados en régimen de alquiler.

Esto último consta en una serie de denuncias policiales a las que ha tenido acceso este periódico. La empresa explica que el primer centro franquiciado de Depilife fue el ubicado en Martín el Humano 18, bajo, Valencia. Dicho establecimiento fue inicialmente explotado por una franquiciada que, por motivos personales relacionados con su regreso a su país de origen, decidió traspasar el negocio.

Posteriormente, este centro fue adquirido por uno de los franquiciados que actualmente figura entre los denunciantes. Según Depilife, este franquiciado explotó el centro durante casi dos años, «periodo en el cual no formuló ninguna queja ni reclamación relacionada con las supuestas irregularidades que posteriormente se han imputado a la empresa».

«De hecho, tras ese período de explotación, el propio franquiciado decidió traspasar el centro a un socio y amigo suyo y, posteriormente, ampliar su inversión en la marca adquiriendo y abriendo junto con ese mismo socio otros dos centros Depilife», asegura. Por otro lado, «recomendó expresamente a su propio cuñado que adquiriera otra franquicia de la marca, concretamente el centro Depilife Jerez Norte (Cádiz)».

Para el grupo, «este hecho resulta especialmente relevante», ya que si las irregularidades que denuncian «hubieran existido durante el período en que este franquiciado explotaba el primer centro, carecería de lógica que posteriormente decidiera invertir nuevamente en la marca, abrir nuevos centros y recomendar el negocio a familiares directos».

«Como ocurre en cualquier actividad empresarial, existen períodos de mayor y menor rendimiento económico», asegura la compañía. En el caso de Depilife, «los años 2023 y 2024 fueron especialmente positivos, tanto en términos de facturación como de expansión de la red de franquicias».

«No obstante, a partir de abril de 2025 se produjo una disminución general de la demanda, circunstancia que afectó a distintos centros del sector», lamentan. «Tal y como consta en las comunicaciones intercambiadas con los franquiciados implicados, los cierres producidos posteriormente respondieron principalmente a decisiones económicas adoptadas por los propios franquiciados, y no a incumplimientos contractuales por parte de la franquicia», defienden.

Depilife defiende que todos «los centros contaban con las correspondientes licencias administrativas» y que «a los franquiciados se les realizaban liquidaciones periódicas con el correspondiente detalle de operaciones y facturación, sin que exista ocultación de facturas ni perjuicio fiscal alguno».

Actualmente, la red Depilife continúa operando con normalidad cuatro centros, ninguno de los cuales «ha formulado reclamaciones similares» a las que han hecho los denunciantes, según mantiene la empresa.

«Se quedaron con el material»

«Por otro lado, conforme a lo establecido en los contratos de franquicia, la maquinaria utilizada en los centros se entrega en régimen de alquiler y es propiedad de Depilife», explica la empresa a este periódico. Sin embargo, «tras el cierre de determinados establecimientos, dicha maquinaria no ha sido restituida, motivo por el cual se han interpuesto denuncias ante la Policía Nacional por posible apropiación indebida». OKDIARIO ha podido comprobar la existencia de estas denuncias.

Por otro lado, «en el marco del conflicto surgido tras los cierres unilaterales, la empresa ha presentado también una denuncia penal por amenazas, tras recibir mensajes intimidatorios», revela la compañía.

«Asimismo, el 3 de marzo de 2026, distintos centros y el teléfono personal del CEO recibieron llamadas de una persona que se identificó como Pablo Emilio Escobar Gaviria, profiriendo amenazas de muerte si no se devolvían supuestas cantidades de dinero». Depilife asegura que estos hechos «han sido igualmente denunciados ante la Policía Nacional para su investigación».