Los empresarios cifran el despilfarro del sector público en 50.000 millones de euros anuales

Los Presupuestos Generales del Estados para 2021 son un error y están basados en una previsiones irreales. Esas es la principal conclusión del Círculo de Empresarios sobre las cuentas del próximo año, que incluyen una partida de ingresos inflada y unos gastos poco realistas. Preocupa especialmente la subida del déficit estructural, que roza los 75.000 millones de euros, en torno al 6% del PIB. Por eso, los empresarios han pedido ajustar aquellas partidas que generan más déficit estructural, como por ejemplo, el gasto de las administración pública, tanto central como autonómica. Aseguran que hay más de 50.000 millones de capacidad de mejora.

«No parece que el Gobierno haya realizado un análisis profundo de la eficiencia del gasto público para compensar el elevado incremento que la pandemia ha tenido sobre determinadas partidas. Hay claras muestras de falta de eficiencia en algunos ámbitos, tal como han puesto de manifiesto los análisis de “Spending Review” que viene desarrollando la AIReF», explican los empresarios.

Además de la AIReF, el Instituto de Estudios Económicos también recordaba recientemente que el gasto público está condicionado por la sobrefinanciación de algunos sectores como la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) o Administraciones Territoriales. Según sus estimaciones, si la eficiencia del gasto público en España fuera similar a la de la media de la OCDE, se podrían provisionar los mismos servicios públicos actuales con un 14% menos de gasto, es decir, unos 58.000 millones de euros.

Desde el Círculo de Empresarios se han mostrado especialmente críticos con el aumento del 0,9% del sueldo de los empleados públicos, que deriva en una subida global del gasto de personal de más del 4,2%, «muchísimo más que la inflación esperada». También cuestionan el incremento del gasto derivado de la subida de las pensiones y su indexación al IPC, en ambos casos, son medidas de gastos que implican compromisos estructurales.

En cuanto a los gastos de personal, el anteproyecto de ley recoge que subirán hasta los 25.018 millones de euros, un 4,5% más que un año antes, y que los gastos corrientes de bienes y servicios sumarán 9.922 millones de euros, un 22,6% más. De su lado, los gastos financieros, que sumarán 31.740 millones de euros, bajarán un 0,4% como consecuencia de los menores intereses de la deuda pública.

Los empresarios también han advertido de que el aumento de la deuda podría derivar en un repunte de la prima de riesgo a medio plazo -«no pasará tiempo sin que veamos a las agencias de rating informar sobre esto»-, aunque sí ha mostrado su apoyo a la creación de un fondo de pensiones público, ha dicho el presidente de su Comité de Economía y Unión Europea, Juan María Nin.

Subida de impuestos 

Los empresarios se han mostrado especialmente críticos con la subida generalizada de impuestos, tanto directos como indirectos, que afectan en gran parte a la clase media trabajadora. «Subir impuestos es un error de manual y contrasta con los anuncios de las grandes economías europeas que han anunciado bajadas de IVA, aplazamientos de pagos de impuestos, exenciones a pymes, reducciones en el IRPF, entre otros. Incluso las economías que parten de situaciones presupuestarias similares o
peores que la de España optan por rebajas impositivas para estimular el consumo y apoyar la recuperación», explican los empresarios en su análisis sobre los PGE llamado

Preocupa también que los cambios impositivos tener elevados costes en términos de seguridad jurídica y atracción de inversión extranjera directa, y que perjudique la productividad y competitividad de la economía española.

El Círculo de Empresarios también se ha mostrado «totalmente en contra» de un nuevo aumento del salario mínimo, ya que «subirlo y subirlo y subirlo es dañar muchísimas empresas que no pueden» asumirlo y se traduce en un repunte de la economía sumergida.