Las eléctricas piden a Sánchez que retribuya la inversión en redes de conexión al 8,5% como en Italia

Los responsables de las compañías eléctricas que han sido citados estos días por Sánchez en La Moncloa, en el marco de un plan para restaurar las relaciones entre el Gobierno y las empresas -muy deterioradas en los últimos tiempos por el aumento de la carga fiscal y el establecimiento de nuevas figuras tributarias que han castigado severamente su cuenta de resultados-, han transmitido al presidente la necesidad de aumentar urgentemente la inversión en las redes de conexión energética.

En su opinión, estas inversiones son clave para lograr los objetivos hacia la progresiva descarbonización de la economía y dar, entre otras cosas, plena cobertura a la nueva movilidad que representa la extensión del transporte eléctrico.  Tanto Ignacio Galán, de Iberdrola, como José Bogas, consejero delegado de Endesa, que ya se han reunido con Sánchez, han puesto como ejemplo el caso de Italia, donde la primera ministra, Georgia Meloni, ha decidido establecer una retribución del 8,5% para el capital destinado a este objetivo.

El efecto de la decisión del Ejecutivo italiano está siendo espectacular: ha provocado un aluvión de capital para modernizar las redes, ya que ahora las empresas encuentra una rentabilidad satisfactoria que en paralelo beneficia a los consumidores. Según las compañías eléctricas, el eventual agujero presupuestario que provocaría un aumento de la retribución de la inversión privada sería compensado por su contribución al impulso del PIB y de la recaudación fiscal correspondiente.

En España existe actualmente un tope máximo a la retribución de la inversión en redes del 5,5% que, a juicio de los responsables del sector, disuade al capital -que busca destinos más favorables-, contribuye al envejecimiento y la obsolescencia de las infraestructuras e impide, de hecho, cumplir con el compromiso de avanzar hacia un modelo energético más limpio y menos contaminante.

Las compañías energéticas también esperan alguna clase de solución para el impuesto extraordinario establecido hace dos años, prolongado adicionalmente durante este ejercicio, y que la vicepresidenta Yolanda Díaz quiere convertir a toda costa en permanente -lo mismo que el de la banca-. El problema es que, al menos hasta la fecha, la número dos del Gobierno y del Partido Socialista, María Jesús Montero, parece sintonizar con las presiones que ejerce Díaz aunque por otros motivos: está acuciada por obtener los mayores ingresos posibles para seguir sosteniendo un gasto público expansivo y al mismo tiempo cumplir con las reglas fiscales de la Unión Europea, que estarán plenamente en vigor el próximo ejercicio y obligan a reducir el déficit público hasta el 3% del PIB, así como a disminuir la deuda pública progresivamente al entorno del 60% -cuando ahora casi roza el 110%-.

Sobre el asunto de los impuestos, las compañías que de momento han sido citadas por el presidente -Iberdrola y Endesa- no han sacado nada en claro del encuentro con el presidente, salvo que está siendo motivo de discusión en el seno del Ejecutivo y de reflexión personal por parte del jefe del Ejecutivo. El asunto se ha complicado además tras la decisión de Sánchez de renunciar a presentar un proyecto de presupuestos generales del Estado este año -tras el anuncio de elecciones adelantadas en Cataluña-.

Las empresas tienen todas recurridas el impuesto y no dudan de que el Tribunal de Justicia Europeo fallará a su favor -pues es un caso claro de doble imposición sobre los ingresos y los beneficios-, pero esto puede retrasarse años, y ahora esperan que el Gobierno arregle como mínimo el desaguisado permitiendo una deducción fiscal por las inversiones en la llamada descarbonización o en cualquier otro proyecto de colaboración para la transición energética.

La demanda de mayores inversiones en redes es una constante tanto de la Agencia Internacional de la Energía como de Eurelectric, la patronal que agrupa a todos los empresarios del sector en Europa, que ha urgido al presidente Sánchez a aumentar drásticamente la entrada de capital en los sistemas de conexión para cumplir la agenda verde. Según esta asociación, el envejecimiento de las redes pone en peligro los objetivos de electrificación y la prestación de energía una vez vaya desapareciendo el uso de los combustibles fósiles y después del plazo de caducidad de la energía de origen nuclear decretado en muchos países, entre ellos España.

Eurelectric estima que las inversiones anuales medias en las redes eléctricas europeas de aquí a 2050 deben ser al menos un 84% superiores a las de 2021 para que los empresarios ayuden a cumplir la agenda verde. «Queremos transformar todo el sistema energético a una velocidad récord, sustituir los combustibles fósiles -petróleo y gas- por electricidad, y por eso añadimos a la red un enorme volumen de nueva capacidad de generación, añadimos coches eléctricos, bombas de calor, etcétera», ha explicado el secretario general de la patronal, Kristian Ruby. «Por lo tanto, no se puede decir hoy que lo que hacíamos hace 10 años estará bien para la próxima década. No es así», asegura.

A juicio de Euroelectric, el máximo de la crisis energética puede que haya terminado, pero no los desafíos para la descarbonización y la seguridad del suministro en Europa. La electrificación limpia y renovable de producción local sigue siendo la respuesta, pero se necesitan inversiones más altas y una infraestructura mejorada de manera urgente por parte de los gobiernos -y más en el caso de Sánchez, que presume de activismo medioambiental- para permitir un triple aumento en las tasas de electrificación para 2050. En menos de 6 años y medio, hasta 2030, Europa debe atraer inversiones sin precedentes para la expansión de la red, según muestra el Barómetro de Energía 2023 de Eurelectric.