Las eléctricas necesitan que un partido o una comunidad recurra el decreto del Gobierno al Constitucional

La esperadísima respuesta judicial  del sector eléctrico al Real Decreto-Ley con el que el Gobierno pretende darles un tajo de 2.600 millones va a ser bastante complicada. La única vía para recurrirlo en España es el Tribunal Constitucional, al que las empresas no pueden acudir. Necesitan que un partido con más de 50 diputados o una comunidad autónoma lo haga por ellas y asuma el coste demagógico de ser acusados de ponerse del lado del «oligopolio» y de oponerse a la rebaja del precio de la luz.

Fuentes del sector explican que el Real Decreto-Ley, cuando se convalide en el Congreso (hay un plazo de un mes), tiene fuerza de ley y sólo puede ser recurrido ante el Constitucional por vulnerar la Carta Magna. Y presentar un recurso ante esta instancia está reservado al «Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas».

Es decir, ni las compañías eléctricas ni sus asociaciones sectoriales están legitimadas para hacerlo. Por ello, necesitan que un partido con más de 50 diputados o senadores o un Gobierno regional presente el recurso por ellas. Algo que no va a ser fácil por cuestiones de imagen: el Gobierno y sus aliados lo utilizarán para acusar a quien lo haga de apoyar al oligopolio eléctrico contra los ciudadanos -el discurso de que la subida de la luz es culpa de las empresas ha calado bastante en la ciudadanía- y de entorpecer las medidas para bajar el recibo.

En todo caso, el sector está convencido de que la norma es claramente inconstitucional y que este Tribunal la tumbará, por muchas razones. Entre ellas, que discrimina entre unas y otras energías o que establece un impuestos sobre el hecho imponible de… no consumir gas. Pero, aunque alguien recurra la norma, el proceso llevará mucho tiempo. Y, mientras tanto, las eléctricas tendrán que seguir pagando este nuevo coste, que cifran entre 50 y 60 euros por Megawatiohora (MWh) hasta los 2.600 millones que estima el Gobierno.

También tienen la vía de recurrir en los tribunales los actos que se deriven del Decreto, como las liquidaciones del nuevo impuesto. Pero esto tampoco será fácil porque deben pasar previamente por la CNMC. Además, las compañías están convencidas de que este mazazo no será temporal, como establece el Decreto (caduca en marzo). «Si para entonces el gas sigue por encima de 20 euros el MWh, que es lo que considera el Gobierno que debe valer, la tentación de prorrogar la medida va a ser muy alta».

La vía europea

El sector tiene otra opción para tumbar el Decreto: la Comisión Europea. Según las fuentes citadas, la norma vulnera el derecho comunitario en numerosos aspectos: «El más claro es que va en contra de Reglamento de electricidad, donde todo se basa en precios de mercado, que se tienen que generar sin distorsiones. El Gobierno dice q no afecta el funcionamiento del mercado, pero impone costes que no tenían los generadores y que cambian su comportamiento, lo que lleva a resultados en el mercado distintos, como ya se está viendo».

Además, «siguen existiendo sospechas de que puede ir en contra de la normativa de competencia porque discrimina entre unas fuentes y otras; en contra de la normativa de renovables porque dificulta su desarrollo; y en contra de la normativa de derechos de emisión (que se basa en que las fuentes no emisoras ganen más para que se invierta en ellas)».

Ahora bien, de nuevo las eléctricas se encuentran atadas de pies y manos porque es la Comisión la que debe tomar la iniciativa. Eso sí, tienen esperanzas en que lo haga: «La Comisión en ningún momento ha dado señales de que le parezca bien, ni siquiera recibió información detallada antes de que se publicara la norma. Más bien ha dado señales de que se pueden hacer otras cosas para bajar la luz sin modificar el marco y que no causan perjuicios generalizados».

La nota aclarativa del Gobierno, ilegal

Otro elemento del que están convencidas las grandes eléctricas es de que la «nota aclaratoria» por la que el Ejecutivo exime del nuevo impuesto a los generadores que tengan contratos de venta anteriores al Decreto es ilegal y, al final, el cargo acabará afectando a todo el mundo. A su juicio, es un «reglamento encubierto», porque desarrolla la Ley e introduce definiciones y procedimientos. Y eso se tiene q tramitar con audiencia pública e informes de la CNMC y Consejo de Estado.

Asimismo, contradice al propio Decreto -que dice que el cargo se aplicará independientemente de las modalidades de contratación-, y no hay un órgano de la administración responsable porque nadie lo firma. De ahí que tengan «pocas dudas» de que acabará cayéndose. En su opinión, es una rectificación apresurada del Ejecutivo al darse cuenta de que el Decreto afectaba a gente que no habían previsto.