Díaz niega a los empleados del Servicio Público trabajar por las tardes pese al nuevo colapso

El Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) hace frente en la actualidad a la tercera ola de Expedientes de Regulación Temporal del Empleo (ERTE) que ha vuelto a colapsar las oficinas del organismo dependiente del Ministerio de Trabajo. Ante esta situación, los trabajadores del SEPE han solicitado a Yolanda Díaz que les permita trabajar por la tarde para poder agilizar los miles de trámites que tienen acumulados ante la sobrecarga de trabajo, algo que la ministra ha rechazado.

Desde el servicio de empleo público no entienden este rechazo por parte del Ministerio de Trabajo, especialmente cuando es algo que ayudaría a resolver todos los expedientes que acumulan hasta tres y cuatro meses de demora como consecuencia de la oleada de ERTE que se han solicitado en los últimos meses. Además, los trabajadores del SEPE defienden que otros organismos como el Instituto Nacional de la Seguridad Social, que también se encuentra sobrecargado con la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV), sí tienen permitido trabajar por las tardes.

La excusa que el Ministerio de Trabajo ha dado a los empleados del SEPE hace referencia al ahorro de gastos, por lo que Díaz se ha negado a abonar horas extras a los trabajadores que voluntariamente se ofrecen a trabajar por la tarde para agilizar los trámites.

Estas acusaciones se suman a la delicada situación que vive el organismo ante la falta de personal, algo que ha sido denunciado en numerosas ocasiones por los funcionarios del SEPE, que reclaman que se contraten nuevos refuerzos para hacer frente a la avalancha de trabajo que ha generado la crisis del coronavirus.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado que un total de 2.135 trabajadores destinados a reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) siguen pendientes de la renovación de sus contratos, que concluyen entre marzo y junio de este año. El sindicato de funcionarios denunció esta situación el pasado mes de enero y, según recuerda el sindicato, Trabajo anunció a renovación de estos trabajadores interinos, aunque por el momento se tiene ninguna noticia.

El sindicato ha mantenido una reunión esta misma semana con los responsables del SEPE para solicitar información sobre la renovación de estos trabajadores, aunque se les ha informado de que siguen esperando a la respuesta del Ministerio de Trabajo y de la Dirección General de Función Pública.

Para CSIF, es urgente poner en marcha una oferta de empleo pública (OPE) extraordinaria y específica para el SEPE y que contemple una dotación suficiente de recursos humanos, estructurales y profesionalizados, ante la situación de emergencia social por el Covid y las previsiones económicas del mercado laboral. También ha reclamado la ampliación de la jornada de tarde para el conjunto de la plantilla de este organismo, de manera universal y voluntaria.

Pagos indebidos

Hay que recordar que el servicio público de empleo se enfrenta además a otro problema. Durante los últimos meses el organismo realizó multitud de pagos indebidos, de los cuales actualmente sólo ha logrado recuperar en torno a un 10%. 

A pesar de que no existe una fuente oficial que permita registrar estos datos con exactitud, fuentes cercanas al SEPE confirman que «a pesar de que se está tratando de agilizar estos cobros, la realidad es que el proceso avanza muy lentamente como consecuencia de la avalancha de prestaciones que tienen que gestionar desde las oficinas a día de hoy». Estas mismas fuentes señalan a OKDIARIO que la cantidad total de pagos indebidos efectuados podrían ascender a los casi 600.000 euros.

Los problemas de comunicación y el colapso que existe en el servicio de empleo han dificultado el contacto con los usuarios afectados. El problema reside en que el SEPE no cuenta con los datos de contacto correctos de muchos ciudadanos, por lo que está remitiendo cartas reclamando estos cobros a direcciones como la calle Covid. De este modo, algunos de los ciudadanos afectados no recibirán estas notificaciones y los plazos administrativos comenzarán a correr, momento en el que los usuarios dispondrán de varios meses para presentar alegaciones, hasta que se formalice la resolución y pase a ser definitiva.

Pasado ese plazo y si los usuarios no han efectuado el pago de los cobros pertinentes, la administración podrá efectuar el cobro forzoso de la deuda a través de embargos ejecutados por la Agencia Tributaria. Para ello, bastará con que se publiquen los nombres de los ‘morosos’ en los boletines oficiales provinciales, algo que podría ocurrir en aquellos casos en los que los organismos públicos no hayan podido ponerse en contacto con los afectados.

Esta misma semana el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, informó de que el número de trabajadores que se encontraban en un ERTE roza los 900.000 trabajadores hasta el 11 de febrero, tras sumar casi 140.000 personas en los primeros diez días de febrero -a finales de enero había 738.969 personas en ERTE-.