El desalojo exprés en jaque: así burlan los okupas la ley que prometía acabar con ellos

A primeros del mes de abril entró en vigor la nueva ley de los desalojos exprés que acelerará la salida de los okupas de la vivienda en un plazo de alrededor de 15 días. Esta nueva normativa que llega para agilizar los juicios contra el allanamiento de morada y usurpación de la vivienda fue una iniciativa del PNV y que en su día contó con el voto en contra de Pedro Sánchez y todos sus socios de Gobierno. Con esta norma ya en la calle, ahora los okupas han inventado nuevos métodos para burlar la ley de los desalojos exprés.

A finales del mes de diciembre, el PNV ganó la partida al Gobierno y a todos sus socios y, junto al Partido Popular, logró sacar adelante esta modificación de la Ley de Eficiencia del Servicio Público de la Justicia. Esta nueva norma consistía en la modificación del artículo 795.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para que los delitos de allanamiento de morada y usurpación de la vivienda pasen a tramitarse mediante juicios rápidos y se puedan celebrar en un plazo máximo de 15 días.

Esta propuesta del PNV levantó una gran polémica en el Congreso y finalmente se pudo sacar adelante gracias a los votos a favor del Partido Popular, además de ERC y Bildu que, como suele ser habitual, no tuvieron su día y votaron de forma afirmativa por error. Esta iniciativa tuvo la oposición del PSOE y todos sus socios, incluidos Podemos, que intentó boicotear la aprobación de una norma que todo hace indicar que beneficiará a los propietarios y perjudicará a los okupas.

Así que esta enmienda hará que los delitos de usurpación de la vivienda (artículo 245 del Código Penal) y allanamiento de morada (artículo 202 del Código Penal) sean considerados delitos menos graves para poder ser tramitados por la vía rápida, como sucede con los hurtos y robos. Con esta nueva normativa, muchos propietarios podrán recuperar su vivienda en un plazo de no más de un mes, ya que en alrededor de 15 días los jueces abrirán un juicio oral que se tendrá que resolver por la vía rápida.

La treta de los okupas para evitar los desalojos exprés

Esto dice la ley, pero ante estas situaciones muchos acuden a la trampa y por ello habrá que esperar unos meses para comprobar la eficiencia de esta normativa. De primeras, los expertos ya aseguran que esto beneficiará a dos de cada ocho propietarios que podrán recuperar su vivienda sin grandes demoras. Este porcentaje es bajo porque ya se están filtrando artimañas de los okupas para burlar la ley de los desalojos exprés.

La primera de ellas tiene que ver con la manipulación de los plazos judiciales. Provocar que un caso se retrase no es excesivamente difícil en España y por ello los okupas pueden presentar contratos simulados o testimonios pactados que no tienen un gran futuro, pero cumplen su objetivo principal: retrasar el proceso judicial. No responder a las comunicaciones también es una táctica para retrasar el proceso lo máximo que se pueda.

Una vez el juez haya dictado sentencia y fallado a favor de los propietarios, los okupas tienen un arma para saltarse la ley de los desalojos exprés: la vía de la apelación. Recurriendo a una sentencia judicial, los delincuentes también se asegurarán vivir en una vivienda ajena al menos unas semanas más. Hay que tener en cuenta que en España hay una gran saturación en los juzgados y cualquier proceso se puede demorar en el tiempo si se utilizan artimañas para dilatarlo de forma intencionada.

Por otra parte, esta nueva ley de los desalojos exprés contra los okupas no afecta a la inquiokupación, que es la práctica de moda utilizada a día de hoy por los inquilinos que dejan de pagar el alquiler y siguen en la vivienda. Muchos inquiokupas se pueden agarrar a una situación de vulnerabilidad económica o tener a cargo a menores para seguir en vivienda ajena sin pagar. Incluso el Gobierno, en el decreto ómnibus, incluía una mayor protección para las personas que están en esta situación y su situación económica está cercana a la pobreza. Esto supone un problema para los propietarios que se quedan atados de pies y manos cuando los arrendatarios dejan de cumplir con el contrato.