Una denuncia interna señala la corrupción de Adif en los procedimientos con BBVA en Madrid Nuevo Norte

Una denuncia interna de Adif asegura que la adjudicación del suelo de Madrid Nuevo Norte a BBVA ha incurrido a lo largo de los años en un comportamiento contrario a la «normativa interna contra la corrupción», advierte de que se ha producido un «menoscabo contra la Hacienda Pública» y que la última modificación de ese contrato se hizo solo para beneficio de BBVA frente a los dueños originales del suelo.

Es decir, se han «saltado los controles», han hecho desaparecer las cláusulas que protegían a «Adif de tener que pagar a los reversionistas (propietarios originales) cualquier reclamación», y han realizado modificaciones para los que no estaban autorizados sobre el contrato original de concesión de los terrenos de Chamartín en 1994.

OKDIARIO ha tenido acceso a una denuncia interna en la que, por primera vez, se denuncian los abusos que se han producido por parte de BBVA en la Operación Chamartín, llamada ahora Madrid Nuevo Norte, y explica el proceso por el que, tras lograr la concesión en 1994, desde Adif también han incumplido todo lo acordado hasta no quedar nada del contrato original que, en teoría, «no admitía modificaciones».

Los reversionistas, que exigen que se les devuelva el suelo que les expropiaron, cuentan ahora con una denuncia interna por la que se acredita que, efectivamente, Adif ha realizado «extraños» movimientos que han terminado suprimiendo sus derechos. BBVA se comprometió a respetar esos derechos y a negociar con ellos el pago de ese suelo, y gracias a ese compromiso que no se ha cumplido, se le adjudicó el contrato en 1994.

La cronología

La Operación Chamartín se le adjudica a DUCH (BBVA se quedaría después con esa sociedad al completo, y la acabaría llamando Crea Madrid Nuevo Norte) en 1994, y tenía tres años, según consta en la denuncia, para arreglar la disputa con los reversionistas, que todavía piden que se les devuelva el suelo que les fue expropiado. Como no hay acuerdo, en aquel momento se pide una prórroga, que se concede y, a partir de ahí, más de 20 cargos distintos van realizando modificaciones sobre el contrato cuando, como recalca en varias ocasiones la denuncia, «no admitía esas modificaciones la concesión original».

Las dos cuestiones que parecen más lesivas en esos cambios pasan por la «desaparición de los derechos de los reversionistas, solicitados en tiempo y forma», y la desafectación del propio suelo, cuya finca se dividió en al menos otras 18 justo tras pedir el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se anotara, como medida cautelar, que existe un «juicio pendiente por los derechos de reversión sobre ese suelo», que lidera el Grupo Baraka y la Asociación No Abuso contra BBVA.

La denuncia en Adif

Consta en esa denuncia dos puntos clave que hay que poner en cuestión. El primero es la propia adjudicación de toda la operación y su montaje entre 1993 y 1994. En concreto, considera que se han «vulnerado los principios de libre concurrencia, igualdad de trato y no discriminación en la adjudicación» que se hizo a DUCH, puesto que no se cumplieron ni se hicieron cumplir los derechos de los propietarios del suelo.

Además, la denuncia deja claro también que «las distintas modificaciones» se han realizado con un carácter «interesado» que modifica la «concesión original, suprime los derechos de los reversionistas» e incluso suprime las medidas que permitían que Adif no tuviera que hacerse cargo de cualquier responsabilidad, sino que fuera BBVA. «Supone un menoscabo para los intereses de Adif», dice el documento, «e incluso para la Hacienda Pública».

La conexión Torres, Ábalos y Pardo de Vera

El borrado de los derechos de reversión se remonta finalmente a diciembre de 2018, cuando el Gobierno de José Luis Ábalos firmó una novación del contrato con la promotora del desarrollo urbano de Madrid Nuevo Norte. En ese acuerdo se eliminaron cláusulas clave que protegían tanto al Estado como a los reversionistas: se suprimieron los derechos de reversión, se limitó la obligación del BBVA de mantener su participación en la sociedad promotora y se fijó un precio de 984 millones de euros, a pagar en un plazo de 20 años, sin exigir garantías adicionales por el terreno. Este nuevo marco contractual permitió al banco revalorizar el suelo y transmitirlo sin sufrir penalizaciones.

Con Ábalos aún al frente del Ministerio y su mano derecha, Isabel Pardo de Vera, dirigiendo Adif (hoy imputada en el caso Koldo), se ejecutó un movimiento clave en beneficio del BBVA, presidido por Carlos Torres. Adif unificó 35 parcelas distintas en una sola finca de 1,2 millones de metros cuadrados. Poco después, el banco volvió a parcelar el terreno tras conocer la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que obligaba a inscribir en el Registro la anotación que comentábamos arriba.

En todo caso, y a pesar de las maniobras, el Tribunal Supremo ha ratificado que la medida cautelar del TSJM debe mantenerse.