La CUP fuerza a la Generalitat a pedir al Banco de España una ficha para el banco público catalán

Apenas se ha formado el nuevo Gobierno catalán y el socio externo que lo hace posible, los antisistema de la CUP, ya ha pasado su primera factura al cobro: ha obligado a la Generalitat a solicitar al BCE, a través del Banco de España, una ficha bancaria para convertir al Instituto Catalán de Finanzas (ICF) en una entidad financiera pública. Una petición que no tiene muchos visos de prosperar, según fuentes del sector.

La idea de un banco público siempre ha estado entre los deseos de la extrema izquierda en toda España; de hecho, Podemos peleó para que se renacionalizara Bankia y que cumpliera ese fin. Finalmente, desistió del intento con la fusión con CaixaBank, sin que haya protestado hasta que se ha empezado a negociar el ERE de 7.791 empleados que conocían perfectamente desde que se alcanzó el acuerdo.

En el caso de Cataluña, además, los independentistas han pretendido crear un banco separatista desde la «traición» de CaixaBank y Banco Sabadell, que se llevaron sus sedes fuera de Cataluña para no arriesgarse a quedarse sin la liquidez del BCE que necesitan para operar. Su intención es captar el ahorro de los catalanes y con él financiar empresas afines a la causa.

De hecho, Puigdemont quiere retomar el proyecto, como adelantó OKDIARIO, tras el frustrado intento de crear un minibanco llamado Onze (por el 11 de octubre). Ahora bien, el expresidente fugado de la Justicia preferiría crear un banco privado -a fin de cuentas, viene de CiU- y no público; su problema es la dificultad para conseguir el capital con qué crearlo.

Publicado en el Diario Oficial

Por tanto, se han juntado los planes de Puigdemont con las exigencias de la CUP y el resultado es que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès (ERC), ha cedido a la petición de los antisistema. La semana pasada, el Diario Oficial de la Generalitat publicó un acuerdo fechado el 27 de abril por el que se autoriza al ICF -una especie de ICO regional- a «a constituir, siempre que se obtengan todas las autorizaciones administrativas que resulten necesarias, la sociedad ICF Banc, entitat de crèdit, SAU, para que actúe como entidad de crédito».

Este eventual banco público catalán nacería con un capital de 600 millones de euros aportado por el propio ICF, es decir, público. Asimismo, en el mismo decreto se aprobaron los estatutos de la futura entidad.

Muy difícil que el BCE lo autorice

Ahora, será el Banco Central Europeo el que deba dar el visto bueno a la creación de este banco público (aunque por su pequeño tamaño sería supervisado directamente por el Banco de España). Y debe hacerlo con criterios de solvencia y estabilidad.

Además, la Generalitat se encuentra con otro problema: la UE prohíbe que los bancos estén controlados por políticos. Para evitarlo, obligó a las cajas de ahorros supervivientes del derrumbe del sector a convertirse en fundaciones y traspasar su negocio a bancos de nueva creación gestionados por profesionales y en los que ningún cargo público podía estar en ningún órgano de gobierno: nacieron así Unicaja Banco, Ibercaja Banco, Kutxabank o CaixaBank.

Por tanto, es casi imposible que el Banco de España autorice este banco público catalán, según las fuentes consultadas. Algo que le puede venir bien a Aragonès porque habrá cumplido las exigencias de la CUP y los deseos de Puigdemont, y a la vez se habrá quitado de en medio este problema a las primeras de cambio.