Competencia reclama la liberalización del transporte de pasajeros por carretera

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) no sólo critica con dureza las legislaciones nacional y autonómica sobre el alquiler particular de pisos turísticos. En las conclusiones preliminares de su estudio sobre los Nuevos Modelos de Prestación de Servicios y la Economía Colaborativa también reclama el fin del actual sistema de licencias existente para los autobuses interurbanos y pide una liberalización del transporte de pasajeros por carretera. Tres compañías acaparan más del 60% de este mercado.

Según el estudio, la ausencia de competencia como consecuencia del sistema de concesiones actualmente vigente “desincentiva la prestación de un servicio más eficiente e innovador y resta competitividad a este medio de transporte frente a otros más eficientes”.

«El sistema general se debe basar en la libertad de entrada al mercado»

Competencia recuerda que el transporte interurbano funciona en un régimen concesional por el que se otorga durante un determinado tiempo “el derecho de uso en exclusiva de una determinada línea o conjunto de líneas a un único operador”. Esto cierra “la posibilidad de que otros operadores puedan prestar el servicio durante el periodo de duración del contrato (por lo general 10 años), incrementando la probabilidad de la obtención de rentas monopolísticas al adjudicatario del mismo”.

Según datos del Observatorio del Trasporte de Viajeros por Carretera, recogidos por FEDEA en su documento Competencia en el transporte interurbano de viajeros por carretera  y correspondientes a junio del año pasado, tres grupos empresariales acaparan el 61,7% de las plazas ofrecidas en las líneas adjudicadas por el Estado. ALSA, con 23 concesiones, absorbe el 34,5% de las plazas del sector; le sigue SAMAR, con 9 concesiones y un 15,4% de las plazas y Avanza, con 10 concesiones y un 11,8% de las plazas.

Teniendo en cuenta el número de viajeros y la cantidad de kilómetros recorridos, son ocho los grupos que concentran el 88,2% del mercado. Las tres compañías antes reseñadas acaparan de forma conjunta el 70,3% del total.

Frente a este panorama, la CNMC considera: “Desde un punto e vista de competencia y regulación económica eficiente, la opción por este tipo de contratos de gestión debería ser una opción excepcional”. Competencia afirma de forma contundente: “La opción general y más alineada con el interés general debería seguir siendo la tendencia hacia la liberalización de los servicios en los que la ausencia de fallos de mercado lo permita”.

El organismo considera que a priori no es necesario que todas las líneas regulares de transporte terrestre por autobús en España queden “sujetas a un régimen concesional de monopolio temporal para su explotación”. Añade que “el sistema general se debe basar en la libertad de entrada al mercado, permitiendo la operación de todas aquellas empresas que deseen realizar la actividad de transporte de viajeros, cumpliendo unos requisitos mínimos en materia de seguridad en la prestación del servicio”.

Sobre el actual sistema de concesiones, Competencia advierte que además genera una “importante asimetría” entre el actual adjudicatario de una serie de líneas, que posee “información plena sobre los costes asociados” a los servicios que ofrece, y los datos disponibles para otros potenciales adjudicatarios. No se queda ahí. Además denuncia la “posible captura del regulador por parte de las empresas concesionarias y un trato preferente recibido por los concesionarios anteriores a la hora de un nuevo concurso”.

El organismo regulador señala las alternativas, que dentro de la llamada economía colaborativa, están surgiendo como competencia al autobús como medio de transporte de pasajeros por carretera. Destaca aquéllas que “fomentan el car sharing o servicio de coche compartido”. Concretamente, nombra a nombra a los microbuses de Skybus y a BlaBlaCar, Carpooling y Amovens.

La Confederación Española de Transporte en Autobús (CONFEBUS) interpuso en agosto de 2015 una demanda contra BlaBlaCar por competencia desleal ante el juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid. Tras una primera vista oral el 1 de octubre del año pasado, el juez desestimó la prohibición cautelar del popular servicio de car sharing. El juicio, sin embargo, sigue pendiente de resolución.