Las claves económicas del acuerdo PP-Ciudadanos

De los 150 “Compromisos para mejorar España” que han firmado Partido Popular y Ciudadanos, más de cincuenta puntos corresponden al ámbito económico. En OKDIARIO, analizamos punto por punto las propuestas del acuerdo.

Cumplir con el objetivo de déficit

El programa acordado abre con el cumplimiento de la senda de estabilidad presupuestaria. Donde entienden como “fundamental” el mantener un “firme compromiso” con la estabilidad presupuestaria y el cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Para ello, sendos partidos abogan por aprobar todas las acciones incluidas en la última recomendación emitida por la Comisión Europea antes del próximo 15 de octubre.

Para cumplir con el déficit, PP y Ciudadanos apuestan por reforzar los mecanismos de prevención y corrección de desvíos de déficit, deuda y gasto contenidos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y de los mecanismos de financiación a las CC.AA. (Fondo de Liquidez Autonómica).

El IRPF se bajará cuando se cumpla

PP y Ciudadanos abogan por tener “unas finanzas públicas responsables y un sistema fiscal que beneficie a los que cumplen”. En este sentido, los partidos creen que “la gestión del gasto e ingresos públicos debe aspirar a la mayor eficiencia posible, eliminando duplicidades administrativas, conteniendo el gasto superfluo, repartiendo las cargas y beneficios de la política fiscal de forma justa, asegurando que se premie a los que cumplen y castigue a los que defrauden, y favoreciendo el crecimiento, la creación de empleo y la atracción de capital humano”.

«No se subirá el IRPF y se bajará cuando cumplamos con el objetivo de déficit»

Para ello, Rivera y Rajoy habrán de “realizar una revisión integral e independiente del gasto público, siguiendo las mejores prácticas internacionales, para incrementar su eficiencia, identificar el gasto superfluo y eliminar duplicidades administrativas”. Además, según lo acordado, rebajarán el IRPF en 2 puntos hasta dejarlo entre el 18% y el 43,5% una vez que España haya alcanzado el objetivo europeo de reducir el déficit público por debajo del 3%. Hasta entonces, en ningún caso se subirá el IRPF.

Sin salir del plan fiscal, los partidos se comprometen a una “reforma profunda del Impuesto de Sociedades” para “cerrar agujeros, mejorar el control y recaudar más sin subir los tipos nominales de este impuesto”, con el objetivo de que las grandes empresas recauden lo mismo que “la media de la zona euro”. Algo que, en caso de formar Gobierno, aprobarían en un plazo máximo de tres meses.

Tres contratos y ‘mochila austriaca’

Reducir desempleo y precariedad, y potenciar el capital humano. Son los tres grandes objetivos de sendos partidos en el ámbito laboral. Para ello, en primer lugar, pretenden reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: indefinido, de duración determinada (máximo tres años) y de formación.

El segundo tipo de contrato, el de duración determinada, es el que trae consigo más especificaciones. Entre ellos destacan que sólo se podrá hacer cuando exista una “necesidad temporalmente limitada de mano de obra”, que tendrá una duración máxima de tres años, o que tendrá una indemnización creciente por finalización del contrato equivalente a 12 días de salario para el primer año, 16 días el segundo año y 20 días el tercer año. Además, en este tipo de contrato, en caso de despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o de despido improcedente, la indemnización seguirá siendo la misma que en la actualidad. Por último, también cabe destacar que, en caso de conversión en contrato indefinido, los primeros 500 euros de la base de cotización por contingencias comunes correspondientes a cada mes quedarán exentos de cotización durante cuatro años.

También se pretenden “introducir mecanismos que permitan reducir la dualidad de nuestro mercado laboral, en particular la constitución de un Fondo de capitalización para los trabajadores, al estilo de la conocida como «mochila austríaca», mantenida a lo largo de su vida laboral, donde el trabajador podrá cobrar la cantidad acumulada en este fondo o llevársela consigo si cambia de trabajo, favoreciendo de este la movilidad.

La penalización a las empresas “que utilicen de manera abusiva un exceso de despidos por contratos de duración determinada”, es otra de las medidas más llamativas. Algo, que se pretende hacer mediante el incremento de las cotizaciones sociales por desempleo que deban satisfacer (malus), a la vez que se establece un nuevo incentivo (bonus) en las cotizaciones de aquellas empresas que despidan menos por esta causa.

Financiación autonómica: armonización

PP y Ciudadanos pretenden reformar la financiación autonómica para armonizar los tributos estatales y los cedidos a las Comunidades Autonómas con el objetivo de evitar discrepancias entre diferentes cargas fiscales que existen entre las distintas regiones de España.

Lucha contra el fraude fiscal

Para la lucha contra el fraude fiscal y los paraísos fiscales, los partidos abogan por realizar “una revisión” para garantizar que “los sujetos pasivos beneficiados por la regularización fiscal del año 2012 tributen según el tipo del 10% previsto en la misma por las cantidades afloradas dentro de los límites de la normativa tributaria”. Es decir, que en la polémica reforma fiscal, en la que se estima que se tributó en torno a un 3%, los amnistiados paguen el total acordado entonces: un 10%.

En este sentido, también apuestan por reforzar el Servicio de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC) y “endurecer las multas a los bancos que cooperen en el blanqueo o en el fraude de sus clientes”. Para ello, “se revisará la regulación del secreto fiscal a fin de posibilitar la publicidad de las infracciones tributarias muy graves y la publicidad de sus autores”.

Para mejorar el control fiscal en el exterior, se aboga también por “revisar la lista de paraísos fiscales”, volviendo a incluir a “aquellos Estados que no cooperan de forma efectiva con Hacienda en la lucha contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales”. Además, se exigirá que las sociedades con sedes en paraísos fiscales que pretendan operar en España sean transparentes y revelen quiénes son sus propietarios.

También pretenden los partidos “aprobar un Estatuto de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria para reforzar su independencia y profesionalidad, e incrementar sus recursos hasta equipararlos a los de los países de nuestro entorno. En este aspecto, se creará una Oficina de Control Fiscal de Grandes Fortunas en la AEAT parar reforzar sus medios de lucha contra el fraude fiscal.

SICAV sin ‘beneficio fiscal’

Según el acuerdo, PP y Ciudadanos pretenden devolver a la Agencia Tributaria el control fiscal de las SICAV, lo que implica que dejarían de ser auténticas instituciones de inversiones colectivas, por lo que no tributarían al 1%, sino al tipo general del Impuesto de Sociedades.

«La SICAV dejaría de tributar al 1%»

En este sentido, los partidos pretenden promover la “apertura de las SICAV para que sean verdaderas instituciones de inversión colectiva y no vehículos de inversión privada de grandes fortunas con el objetivo de tributar menos”. Para lograr este fin, sólo se computarán a efectos del número mínimo de 100 accionistas, los que tengan una participación superior al 0,55%. Y no como sucede ahora, donde una gran fortuna abre una SICAV, pone la inmensa mayoría del dinero, y los 99 accionistas restantes –denominados en la jerga como ‘mariachis’- aportan cantidades simbólicas, algo que se evitará con la obligación de tener una participación “superior al 0,55%”.

Evitar influencia política en reguladores

Para mejorar la eficiencia en los mercados de bienes y servicios, se pretende «garantizar la independencia y evitar injerencias políticas en los organismos reguladores». Y es que, según el documento firmado por ambos partidos, “la mala asignación de recursos y la falta de competencia tienen un coste altísimo en términos de productividad para la sociedad”.

Para cumplir con este objetivo, se apuesta por “evitar la politización de sus órganos de gobierno”. Se pretende que las Autoridades Administrativas Independientes posean independencia orgánica y funcional “en términos equivalentes a los que hoy tiene la AIREF», incluyendo su financiación con tasas establecidas por ley. Es decir, que en cada organismo regulador, sus Presidentes y sus Consejeros serán elegidos por el Pleno del Congreso de los Diputados, y será entre personas de reconocido prestigio y con más de diez años de experiencia profesional, donde sus directivos serán seleccionados a través de procedimientos “transparentes y meritocráticos”.

Dividir la CNMC en dos

La intención del acuerdo pasa también por separar la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en dos entidades independientes: una Autoridad Independiente de los Mercados (AIReM), que asumirá las funciones de supervisión y control de los sectores económicos regulados (en especial, el sector energético, telecomunicaciones y audiovisual, transportes, y servicios postales, a los que se sumará el juego) y de resolución de conflictos entre operadores económicos; y una Autoridad Independiente de Defensa de la Competencia (AIDeCo) que asumirá las funciones de promoción de la competencia, de aplicación de la normativa española y europea de defensa de la competencia y de garantía de la unidad de mercado.

En este aspecto, también se pretende crear una Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero que, a partir de la CNMV, unifique y refuerce los servicios de reclamaciones y de protección de los tres supervisores financieros (banca, valores, seguros) para recuperar la confianza de los ahorradores y usuarios de servicio financieros”.

Precios competitivos en el sector eléctrico

Otro de los puntos más destacados es el de “avanzar en la reforma del sector eléctrico” para conseguir tener “precios competitivos” en la tarifa eléctrica; que estén ajustados a los costes, de forma que los precios españoles se vayan aproximando a los precios medios de la UE.

Para lograr este objetivo, abogan por impulsar un Pacto Nacional por las Infraestructuras Estratégicas, “para que la política de infraestructuras se guíe por criterios técnicos objetivos y no por intereses políticos”. En este sentido, también se ha firmado la intención de impulsar un Pacto Nacional por la I+D+i, que promueva un incremento de la inversión pública estatal para “alcanzar el objetivo del 2% del PIB en el conjunto de todas las actividades de I+D+i en el año 2020”.

También, en un apartado, hablan sobre el impulso de la “economía digital”, donde pretenden trabajar “tanto en la mejora de las infraestructuras necesarias como en el fomento de las industrias y servicios de contenidos digitales”.

Apoyo a PYMEs y autónomos

Se pretende impulsar la iniciativa emprendedora apoyando el “desarrollo empresarial, trabajando en la eliminación de los escalones regulatorios que desincentivan el crecimiento de las PYMES». El objetivo: colocar a España en el top 10 del ranking Doing Business al final de la legislatura.

“Queremos reconocer e impulsar el papel clave de los trabajadores autónomos, que son una parte fundamental de nuestra economía”, explican en un apartado. Para ello, se comprometen a llevar a cabo medidas urgentes que faciliten la actividad de los autónomos, reduzcan las cargas administrativas y fiscales que soportan y mejoren su protección social.

Para cumplir con ello, entre otras medidas, hablan de “crear una Subcomisión en el Congreso de los Diputados”, que estudie una reforma del Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos (RETA), con los siguientes objetivos: “articular un sistema que permita que los autónomos cuyos ingresos reales no superen el umbral del Salario Mínimo Interprofesional no tengan la obligación de cotizar, establecer fórmulas de cotización para el trabajo autónomo a tiempo parcial, alcanzar la plena compatibilidad entre la percepción de una pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad por cuenta propia, o facilitar la posibilidad de que los autónomos opten por que se les contabilice, de cara al cómputo de la pensión, la totalidad de la vida laboral.

Entre tanto, en el primer mes del hipotético Gobierno se aprobaría una Ley de Reformas Urgentes del Trabajo Autónomo para reducir las cargas administrativas de los autónomos y mejorar su protección social, de modo que ningún autónomo tenga que cotizar o tributar por ingresos que no haya percibido efectivamente.

Pensiones

En el ámbito de las pensiones, los partidos apuestan por fortalecer el sistema público de pensiones para “asegurar su sostenibilidad y suficiencia”. Para ello, se comprometen a “estudiar la reordenación de las fuentes de financiación del sistema público de pensiones, en especial en lo relativo a aquellas prestaciones que no tengan un carácter netamente contributivo”. Pero también pretenden “mejorar la transparencia” del sistema de pensiones, “favorecer el envejecimiento activo y la prolongación voluntaria de la vida laboral”.

En particular, abogan por establecer un régimen por el cual los trabajadores que alcancen la edad legal de jubilación puedan optar entre: o compatibilizar la percepción del 100% de la pensión de jubilación con el desarrollo de una actividad laboral o profesional ya sea ésta por cuenta propia o por cuenta ajena, o aplicar una exención, con un límite en la renta sobre la que podrá aplicarse, en el pago del IRPF cuando se continúe la actividad profesional sin cobrar la pensión de jubilación.