Economía

El castigo fiscal de Sánchez a las eléctricas se estrena con la luz a precio 0 € por primera vez desde 2014

impuesto eléctricas
Pedro Sánchez.

El debut de una de las medidas estrella del Gobierno de Pedro Sánchez ha sido histórico. El impuesto a los beneficios extraordinarios de las eléctricas -que entro en vigor el pasado jueves 29 de diciembre- se ha estrenado en el periodo con los precios más bajos en más de dos años, e incluso con la luz a 0 euros, algo que no pasaba desde marzo de 2014. Una circunstancia que evidencia aún más si cabe la inexistencia de los «beneficios caídos del cielo» con los que Sánchez criminaliza a las grandes eléctricas de nuestro país.

Un invierno inusualmente cálido, sumado a la «muy elevada» producción de energía eólica de las últimas jornadas, ha hecho que el precio de la luz en España se desplomase a mínimos en los últimos tres días del año. El 29 de diciembre -día en que entró en vigor el impuestazo de Sánchez-, el precio de la luz se desplomó hasta los 16,15 euros por megavatio hora (MWh), lo que supone un descenso del 61,11% respecto a este miércoles y el segundo registro más bajo desde el 9 de mayo de 2021, cuando se situó en 10,53 euros/MWh -el 25 de diciembre el precio fue de 12,62 euros/MWh-.

Ante esta tormenta perfecta, el día 30 no fue muy diferente, y la luz cayó un 66% con respecto al día anterior, hasta los 5,47 euros/MWh, registrando el cuarto precio más bajo desde comienzos del año pasado, solo superior a los 1,42 euros/MWh del 31 de enero de 2021, los 2,02 euros/MWh del 20 de febrero de 2021, y los 4,19 euros/MWh del 30 de enero de 2021. Sin embargo, fue en Nochevieja cuando el precio de la luz dio la «campanada»: se redujo un 67% hasta los 1,82 euros/MWh.

Pero ese no fue el mayor récord, ya que, como se muestra en el gráfico elaborado con los datos del Operador del Mercado Ibérico de Energía (OMIE), durante las 03:00 y las 06:00, el precio de la luz alcanzó los cero euros, un suceso que no se daba en el pool español desde marzo de 2014.

Iberdrola y Endesa no han ganado más dinero en España de enero a septiembre de este año que en 2021 pese a sumar clientes y a vender más electricidad, según las cuentas que han enviado las dos compañías a la CNMV. La eléctrica que preside Ignacio Galán ha reducido en un 14% sus beneficios en el país, pese a tener más clientes, mientras que Endesa ha elevado su beneficio un pírrico 0,7% en España y Portugal -no desglosan por países- pese a ganar 225.000 clientes de luz y casi 100.000 de gas.

Las cifras de las eléctricas desmienten la acusación del Gobierno de que se están lucrando con lo que llaman los beneficios caídos del cielo -las supuestas ganancias que obtienen las tecnologías de generación eléctrica que no tienen que pagar derechos de CO2 ni usan gas al cobrar en el mercado el mismo precio que la fuente de generación más cara, los ciclos combinados de gas-.

En lo referido al impuestazo a las energéticas de Sánchez –que gravará el 1,2% sobre el importe de la cifra de negocio de las compañías del ramo energético que facturasen más de 1.000 millones en 2019–, cabe recordar que finalmente se ha excluido de la facturación objeto del gravamen los ingresos derivados de las actividades reguladas. De este modo, el impuesto no afecta a aquellos ingresos donde el suministro sea a precio regulado, como es el caso del PVPC de electricidad, la tarifa de último recurso (TUR) de gas, el GLP envasado y el GLP por canalización.

Además, en su paso por el Congreso de los Diputados se incluyó en la exoneración los ingresos regulados de las redes de transporte y distribución de electricidad y gas natural y, en el caso de generación con retribución regulada y retribución adicional en los territorios no peninsulares, todos lo ingresos de las instalaciones, incluidos los que perciben del mercado y el despacho económico, respectivamente. Al mismo tiempo, se introdujo otra enmienda transaccional para que el impuesto se aplique solo a la actividad que las empresas del sector desarrollen en España. Estas exenciones al impuesto a las energéticas supondrán un recorte de 1.000 millones (500 anuales) en la recaudación respecto a lo previsto, ha estimado en una entrevista la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

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