El cambio del impuestazo a las energéticas penaliza aún más a los clientes del mercado libre de luz y gas

La sorprendente aprobación este jueves de una enmienda del PNV y del PdCAT que deja fuera del impuesto a las energéticas las actividades reguladas tendrá varios efectos relevantes. El primero es que reducirá la recaudación anunciada por Pedro Sánchez en el Debate del estado de la nación, 2.000 millones. Y el segundo es que penalizará a los clientes que tienen la luz y el gas en el mercado libre y que ya están siendo castigados por las medidas tomadas hasta ahora por el Gobierno.

Esta enmienda, que ha salido adelante sin ningún voto en contra en la Comisión de Economía del Congreso, excluya del importe neto de la cifra de negocio -que se toma para calcular el tributo- el correspondiente a las actividades en el mercado regulado, entre ellas la comercialización de electricidad al famoso PVPC (el precio voluntario para el pequeño consumidor, el que se calcula en la subasta diaria) y la de gas con la TUR (tarifa de último recurso).

Esto supone crear un agravio comparativo entre el mercado regulado y el libre, ya que las empresas de electricidad y gas no tendrán ese coste en el primero y, por tanto, no se lo trasladarán a los clientes; sin embargo, si tendrán que asumirlo en el libre, lo que hará menos atractivos los precios que pueden ofrecer a sus clientes en este mercado.

«No tiene ningún sentido eximir de este impuesto al PVPC y a la TUR, lo único que haces es distorsionar la competencia y va a conseguir que nadie se quede en el mercado libre», opina un analista especializado en el sector. «Sí tiene sentido dejar fuera otras actividades como las redes, ya que se les fija la retribución en el BOE; ponerles un impuesto sería como el de la lotería, tiene más sentido bajarles el precio antes que pagarles más por un lado y quitárselo por otro», añade.

Castigo al mercado libre

Los clientes del mercado libre -en el que aceptan las ofertas que hacen las diferentes compañías competidoras- ya están penalizados en el recibo de la luz porque el Gobierno les obliga a pagar la compensación a las gasistas por el famoso «tope al gas» (la diferencia entre dicho tope y el precio real del gas en el mercado). Eso, a pesar de que ellos no se benefician del citado tope, que sólo se aplica al citado PVPC del mercado regulado.

En el gas ocurre algo parecido. El Gobierno tiene limitada la subida del precio del gas en la TUR a un 15% trimestral -lo que se traduce en torno al 5% en el recibo final- desde octubre de 2021. Como eso estaba generando un déficit respecto al precio real, los consumidores iban a tener que pagar la diferencia antes o después; para suavizar ese palo, Sánchez aprobó que el Estado va a asumir el déficit que se genere a partir de este mes; el de los meses anteriores sí deberá asumirlo el cliente.

Pero, en todo caso, se trata de una ayuda pública que favorece a los clientes del mercado regulado en detrimento de los de mercado libre, lo que está provocando un éxodo de consumidores desde la tarifa libre a la TUR, que sale mucho más barata con ese límite. Ahora, al dejarla exenta del impuesto, ese agravio será todavía más sangrante.