Bruselas librará a los pequeños agricultores de sanciones y controles ambientales

La Comisión Europea cede ante las peticiones de los agricultores que protestan alrededor de todo el continente y librará a aquellos que posean pequeñas explotaciones de controles y sanciones relacionados con los requisitos medioambientales que se deben cumplir para acceder a ayudas de la Política Agraria Común (PAC). En concreto, Bruselas eximirá a los productores que posean menos de 10 hectáreas de terreno con el objetivo de aliviar aún más la carga administrativa del campo.

Así se lo ha adelantado la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, al primer ministro polaco, Donald Tusk, en una conversación telefónica previa a la presentación formal de la propuesta.

El principal objetivo de estas propuestas legislativas es aliviar aún más la carga administrativa para los agricultores de la Unión Europea y dar a los agricultores y a los Estados miembro una mayor flexibilidad para cumplir determinadas condicionalidades medioambientales, según ha trasladado Von der Leyen al líder polaco.

Sin embargo, la Comisión asegura que esto no comprometerá el nivel general de ambición en lo que respecta a los objetivos de protección medioambiental y climática de la política agrícola de la UE.

Esta nueva muestra de solidaridad con el sector se suma a la relajación de los requisitos medioambientales asociados a las ayudas de la PAC que ya anunció el Ejecutivo comunitario a finales de febrero con el ánimo de apaciguar las movilizaciones del campo a apenas tres meses de las elecciones europeas.

Para recibir el apoyo de la PAC al que tienen derecho, los agricultores deben respetar un conjunto mejorado de nueve normas beneficiosas para el medio ambiente y el clima conocidas como BCAM, un principio de condicionalidad que se aplica a cerca del 90% de la superficie agrícola utilizada en la UE y desempeña un papel importante en la integración de prácticas agrícolas sostenibles.

Según datos del Ejecutivo comunitario, eximir a los pequeños agricultores de los requisitos asociados a estas normas simplificaría considerablemente el trabajo diario de los pequeños agricultores, que representan el 65% de los beneficiarios de la PAC, al tiempo que se mantendrían las ambiciones medioambientales, ya que estas solo cubren el 9,6% de las superficies que reciben ayudas de la PAC

Agricultores contra las sanciones

Los agricultores y los ganaderos semanas días manifestándose por toda Europa. En general, todos convergen alrededor de las mismas reivindicaciones: reforma de la PAC, disminución de las restricciones y limitaciones legislativas, igualdad de condiciones entre los productos europeos y los que se importan del extranjero…

En España, el sector agrario pide que el ministro de Agricultura, Luis Planas, realice una reforma de la PAC para disminuir los trámites burocráticos, algo que depende de su Ministerio. La Unión Europea establece unas líneas básicas comunes para poner en práctica esta política, pero la implantación concreta recae sobre los Estados miembros.

Además, los agricultores españoles solicitan que el Gobierno realice más controles fronterizos para evitar que se importen alimentos que no cumplen con la normativa. Planas ha accedido, algo que desde las asociaciones del sector se ha interpretado como una forma de reconocer que esto estaba sucediendo hasta ahora.

Otra de las grandes reivindicaciones de los productores agrícolas españoles es la derogación del Cuaderno digital. Esta herramienta es un registro en el que las explotaciones deben hacer constar todos los gastos que tienen, especialmente aquellos relacionados con los productos que utilizan y a quién se los compran. El objetivo de este cuaderno electrónico es controlar la contaminación que se produce en el campo.

La Unión Europea estableció la obligatoriedad del Cuaderno digital para todos los países y dio de plazo hasta 2026 para implementarlo. Sin embargo, el Gobierno de Sánchez ha querido ser pionero y ha decidido que los agricultores españoles sean los primeros en hacer uso de este registro. Es más, el sector protesta porque las restricciones que exige el Ejecutivo socialista son más fuertes que las que establece Bruselas.