BBVA pide al Supremo que el Gobierno le indemnice por el fracaso de la OPA sobre Sabadell

El BBVA pretende conseguir una compensación a costa de todos los españoles por su fracaso en la OPA sobre Banco Sabadell. El Tribunal Supremo ha admitido a trámite el recurso del banco que preside Carlos Torres contra las condiciones que impuso el Gobierno a la operación, que ahora podrá solicitar una indemnización millonaria en caso de vencer en el pleito.

Como es sabido, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, prohibió la fusión de los dos bancos durante un mínimo de tres años (en caso de que la OPA hubiera tenido éxito), con la obligación de que tuvieran una gestión independiente. El BBVA entendió que, de acuerdo con la normativa europea, eso suponía que el Ejecutivo se extralimitaba en sus funciones, y por eso presentó un recurso contencioso-administrativo en el Supremo en agosto.

A su favor tiene que la propia Comisión Europea había abierto en julio un expediente de infracción a España por entender que la normativa de competencia nacional concede al Gobierno unos poderes que se oponen al derecho comunitario.

El Supremo admitió a trámite el recurso en septiembre y solicitó a Economía el expediente de las condiciones. El departamento de Cuerpo ya se lo ha remitido y el Tribunal lo ha enviado a su vez al BBVA, que ahora debe formalizar la demanda para que el asunto vaya a juicio. La incógnita es la cuantía de la indemnización que va a solicitar.

Consecuencias relevantes

Según fuentes cercanas al Alto Tribunal, una condena al Ejecutivo no tendría ningún efecto sobre el resultado de la OPA, que ya es inamovible (a pesar de que las condiciones citadas hayan podido ser un argumento para que algunos inversores no acudieran a la oferta). Pero sí tendría tres consecuencias muy relevantes.

La primera es que sería un varapalo para el Gobierno, sobre todo en el plano reputacional; aunque, con todo lo que tiene ahora mismo encima -trama de corrupción, familia de Pedro Sánchez, el fiscal general del Estado, etc.-, sería un asunto casi menor.

La primera es más importante: sentaría un precedente muy importante para futuras operaciones. Recordemos que el Ejecutivo se ha inmiscuido en otras operaciones: el veto a la OPA de la húngara Ganz-Mavag sobre Talgo o la autorización a la entrada de la saudí STC en el capital de Telefónica. En ambos casos, justificó su actuación por razones de seguridad nacional al considerar a ambas empresas estratégicas.

Con una condena del Supremo, este poder casi absoluto para inmiscuirse en las operaciones corporativas quedaría muy recortado, lo cual permitiría muchas más fusiones y adquisiciones en España, al no depender de si le gustan o no al Gobierno de turno. Sobre todo, si es tan intervencionista como el actual.

En tercer lugar, permitiría al BBVA reclamar una indemnización por daños y perjuicios que le compense parcialmente de la derrota en la OPA. La cuestión aquí sería cómo se fijaría el importe de la misma, ya que no hay precedentes de un recurso de este tipo en España.