BBVA no sale del pozo y su filial suma una nueva polémica que recuerda a Gescartera

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Sede de BBVA

Este martes BBVA ha recibido una doble ‘bofetada’. Por un lado, se ha conocido la polémica de su filial turca Garanti, envuelta en una estafa piramidal que se ha cobrado varias víctimas que han perdido casi 180 millones de euros. Por otro, que seis altos cargos actuales del banco azul han sido citados a declarar como investigados, incluyendo el ex CEO, Ángel Cano, en un procedimiento donde no está investigado por el momento Francisco González.

El auto del juez Manuel García Castellón de la Audiencia Nacional que se ha dado a conocer este martes supone todo un golpe para BBVA, pues por primera vez se hacen públicos los directivos que forman parte de la investigación del caso Villarejo, en el que presuntamente el expresidente de la entidad Francisco González encargó al excomisario de Policía Nacional el espionaje de rivales empresariales, periodistas y políticos durante el fallido intento del expresidente de Sacyr Luis del Rivero de adquirir una participación de control en el banco en 2004. Unas escuchas y servicios por parte de Villarejo que en cualquier caso se prolongaron muchos años después.

FG por el momento no aparece como investigado. Contactados por OKDIARIO, en BBVA sólo manifiestan que «la investigación judicial avanza y eso es lo que tiene que pasar».

Garanti y Gescartera

El caso sucedido en Garanti, la filial turca de BBVA, recuerda en cierto modo -aunque salvando las distancias- al de Gescartera, un escándalo ocurrido en el año 2001 en el que desaparecieron unos 20.000 millones de pesetas; al cambio, más de 120 millones de euros -cantidad inferior a los 180 millones ‘estafados’ en Garanti-.

Gescartera fue una sociedad gestora de carteras (SGC) que nació en el año 1992. Siete años más tarde, en 1999, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) impuso una primera sanción, de siete millones de las antiguas pesetas, a la sociedad, que recibió una multa de carácter grave por resistirse a ser inspeccionada. Sin embargo, el 13 de julio del año 2000 la propia CNMV autorizó su conversión en sociedad de valores.

El 14 de junio de 2001 la CNMV, presidida entonces por Pilar Valiente, intervino Gescartera por la imposibilidad de conocer la situación económico-financiera y el destino de los fondos de sus clientes. El fiscal que llevó el caso consideró que durante sus nueve años de actividad, Gescartera se dedicó a realizar actividades para lucrarse defraudando a sus clientes, desviando dichos fondos hacia sociedades de constitución fraudulenta para así hacerlos suyos.

Tras la instrucción de la jueza Teresa Palacios Criado, el juicio oral comenzó el 17 de septiembre de 2007 con hasta 14 imputados, entre los que se encontraba Antonio Camacho Friaza, presidente de la compañía, 46 acusaciones y unos 120 testigos.

La Audiencia Nacional publicó la sentencia el 27 de marzo de 2008 y condenó a 11 años de prisión –ocho por el delito de apropiación indebida y 3 por falsedad documental– al dueño de la agencia de valores Gescartera, Antonio Camacho Friaza y a 3 años a su presidenta, Pilar Giménez-Reyna, hermana del entonces secretario de Estado de Hacienda Enrique Giménez-Reyna. En 2012, la Audiencia Nacional obligó a pagar 12,2 millones a Caja Madrid más los intereses devengados desde el día que se intervino a Gescartera.

En 2012 el Tribunal Supremo de España absolvió al asesor fiscal Julio Rodríguez Gil, al propietario de Asesoría y Gestión de Patrimonios (AGP) Aníbal Sardón, y a los dos empleados de La Caixa -hoy CaixaBank-, José Alfonso Castro Mayoral y Miguel Carlos Prats.

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