La abogada del Estado que cambió rebelión por sedición en el ‘procés’ defendió al Thyssen en EEUU

En noviembre de 2018, cinco meses después de hacerse con las riendas de la Abogacía del Estado, la gallega Consuelo Castro Rey defendió en Estados Unidos a la Fundación Colección Thyssen-Bornemisza en el espinoso caso del cuadro expoliado por los nazis, al tiempo que en Madrid retorcía la posición mantenida hasta entonces por el organismo público en el caso del procés.

Castro Rey fue nombrada en junio de 2018 Abogada General del Estado y Directora del Servicio Jurídico del Estado, a propuesta de la entonces Ministra de Justicia, Dolores Delgado. Pocos meses después se encargaría de virar la estrategia de acusación contra los líderes del procés.

A principios del mes de noviembre de ese mismo año, la Abogacía del Estado presentó escrito de acusación contra los principales imputados por el procés. El escrito provocó profundas grietas en el organismo, al contemplar el delito de sedición, en lugar del de rebelión (que habría generado una petición de más años de cárcel).

De esta forma, la Abogacía del Estado se alejaba de su intención inicial de presentar acusación por delito de rebelión, en línea con lo que también defendía la Fiscalía.

En ese mismo mes de noviembre de 2018, Consuelo Castro Rey destituyó a Edmundo Bal como jefe de Penal de la Abogacía del Estado por pérdida de confianza.

Edmundo Bal, fichado poco después por Albert Rivera para formar parte de Ciudadanos, fue apartado de la acusación en el Juicio por el procés por sostener que la calificación jurídica del delito juzgado era la de rebelión.

Así lo había defendido la Abogacía del Estado hasta la llegada del PSOE al Gobierno de la nación, en junio de 2018.

Entre el escrito de acusación por sedición y el despido de Edmundo Bal, Consuelo Castro Rey tuvo tiempo para defender al Thyssen en Estados Unidos.

El informe de Castro Rey

La jefa de la Abogacía del Estado firmó el 12 de noviembre de 2018 un informe de 15 páginas, al que ha accedido OKDIARIO, que sería empleado por el despacho estadounidense contratado por el Thyssen para defenderse en el caso del cuadro pintado por Camile Pissarro, expoliado por los nazis y reclamado por los descendientes de sus antiguos propietarios.

El Gobierno español, tanto el de Mariano Rajoy como el de Pedro Sánchez, se personó en el caso por el cuadro de Pissarro en calidad de amicus curiae, ajeno al pleito pero con interés en el resultado del mismo.

En el escrito presentado en noviembre de 2018, Castro Rey no se detenía a valorar la buena fe del Barón Thyssen a la hora de comprar el lienzo, o de si este provenía o no de un saqueo.

La Abogada del Estado defendió la aplicación en el caso del artículo 1956 del Código Civil, sobre la regla especial de prescripción contenida en el mismo.

El informe de Castro Rey fue determinante en el proceso judicial que se seguía entonces en California, que terminó ganando el Thyssen.

El documento de la Abogada del Estado apoyaba la tesis defendida por la Fundación de Carmen Cervera, según la cual, si ni el Museo o el Barón Thyssen habían sido anteriormente condenados por algún delito relacionado con la propiedad del cuadro de Pissarro, no tenía sentido la acusación.

Comunidad judía

Las asociaciones judías en España, representadas por el despacho B. Cremades & Asociados, se personaron en el caso, y defendieron que la aplicación del artículo 1956 no requiere una sentencia previa.

En su escrito al Juzgado, las asociaciones judías españolas recordaron que entre sus objetivos está el tratar de garantizar que se reparen los daños causados a las víctimas del Holocausto.

Destacaron que la Fundación Thyssen es una institución financiada con fondos públicos, y que posee una obra artística robada por los nazis. El daño resulta más ofensivo, advirtieron, cuando el Estado español defiende públicamente la propiedad del museo Thyssen.

«En este caso se trata la reparación de crímenes cometidos durante el Holocausto y es especialmente importante que la voz de la Comunidad judía sea escuchada», señalaron en su escrito la Comunidad Judía de Madrid y la Federación de Comunidades Judías de España.

La Justicia californiana dio la razón al Thyssen y al Estado español. Sin embargo, los descendientes de los antiguos propietarios del cuadro persistieron en sus reclamaciones, llegando hasta el Supremo.

Esta semana, el Supremo de Estados Unidos ha ordenado que se vuelva a juzgar la cuestión. El Thyssen sostiene que la Justicia estadounidense volverá a darle la razón.

Fuentes cercanas a la defensa de los judíos en España consultadas por este diario consideran «lamentable» que el Estado se refugie en «tecnicismos» para incumplir compromisos internacionales firmados sobre el tratamiento de obras de arte expoliadas por los nazis.