Abengoa da luz verde a sus cuentas de 2019 y aprueba la querella contra el consejo que presidió Urquijo

La Junta de Accionistas de Abengoa ha ratificado este martes el nombramiento de Clemente González Fernández y de Alfonso Murat como consejeros con el 75,3% de apoyo y ha aprobado las cuentas de la sociedad matriz del ejercicio de 2019, con el 70%.

En la Junta, celebrada de forma presencial y telemática en Sevilla, se ha aprobado con el 66,5% una propuesta de acción social de responsabilidad por los perjuicios y el daño causado a la compañía contra las nueve personas que conformaron los dos últimos consejos de administración, encabezados por Gonzalo Urquijo y posteriormente por Juan Pablo López-Bravo.

También han aprobado los accionistas de Abengoa, con el 60,2% de apoyo, adherirse a la querella presentada contra las dos reestructuraciones ejecutadas en la compañía de ingeniería andaluza en 2017 y en 2019. No obstante, tanto la propuesta de acción social como la adhesión de la querella le corresponde la decisión de ejecutarla al administrador concursal EY al estar Abengoa en concurso de acreedores.

La Junta de Accionistas ha rechazado con el 70,6% de los votos ratificar como consejera a Cristina Vidal Otero, que fue elegida por cooptación junto con los dos anteriores el pasado 1 de octubre cuando los accionistas agrupados en Abengoashares, que aglutinan el 24,1% del capital, lograron hacerse con el control del consejo de la multinacional andaluza, en concurso de acreedores.

Aprobación de las cuentas de 2019

También se han aprobado las cuentas de 2019, con unas pérdidas de 487 millones, y que son claves, según ha sostenido en la reunión de la junta el presidente del consejo, Clemente Fernández, para que la filia operativa Abenewco 1 pueda operar en el mercado y dar seguridad a futuros inversores.

La Junta, celebrada en segunda convocatoria con un 25,04% de quórum, se ha prolongado casi cuatro horas ya que ha habido más de treinta intervenciones con algunos rifirrafes entre algunos accionistas y el presidente del consejo de administración, que ha contestado a todas las preguntas.

Ha habido un receso de más de media hora para votar la propuesta de acción social de responsabilidad, que estaba fuera del orden del día de la Junta, contra nueve miembros de los dos últimos consejos de administración: Gonzalo Urquijo, Juan Pablo López-Bravo, Manuel Castro, Luis del Valle, José Wahñon, Ramón Sotomayor, Pilar Cavero, Josep Piqué y Margarida de la Riva.

En su intervención, el presidente del consejo de administración se ha mostrado partidario de «empantanarse en procesos judiciales» por la gestión anterior porque los mayores perjudicados son los accionistas dada su experiencia en anteriores empresas concursadas.

«En seis meses quizás no exista»

Ha señalado que Abengoa tiene un tiempo limitado para reflotarla, ya que «puede que en seis meses quizás no exista, aunque sigan las demandas» en los juzgados, y ha avisado de que, «si en ese plazo no se consigue refinanciación, no existirá o estará muy deteriorada».

Para la refinanciación de la compañía no le gusta la oferta del fondo de inversión Terramar y defiende que la lidere un grupo industrial español para no tener que necesitar la autorización de la SEPI y, además, «sería políticamente correcta» en el sentido de no financiar ofertas lideradas por grupos extranjeros como el mexicano Terramar.

En ese sentido, ha avanzado que ya ha concluido la ‘due diligence’ o auditoría de compra y solo falta que los inversores españoles que participan den el paso para hacer una oferta para reflotar Abengoa, que cuenta con más de mil empleados tras numerosos procesos de ajustes en los dos últimos años.

La fórmula propuesta sería mediante una ampliación de capital con derechos de exclusión y también con derechos para el accionista de la matriz Abengoa para conservar entre el 30 y el 38,7 % del capital y reflotar la filial Abenewco 1.

Eso daría lugar a un nuevo consejo de administración, con participación del gobierno con una o dos personas, ya que se plantea una inyección de fondos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) de 249 millones y otros 300 millones en avales.

Esta junta se celebra tras tomar el control el 1 de octubre los accionistas críticos con la deriva de Abengoa, cuyo último consejo de administración tenía desde julio suspendidas sus facultades por el tribunal de instancia mercantil de Sevilla, que las traspasó a EY junto con los derechos políticos y económicos de la matriz y de las filiales.